PSOE, PP y Vox avanzaron este martes en el Congreso de los Diputados su rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más País para regular el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional.

La iniciativa de la formación liderada por Íñigo Errejón, similar a otras presentadas por ERC y Unidas Podemos y que será votada el jueves tras la finalización del Pleno, tiene como uno de sus principales objetivos aflorar para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos.

Por ello, pautan un impuesto especial del 35 por ciento (del que estarán excluidos los usos medicinales y terapéuticos) que reportarían más de 3.000 millones de euros para el Estado. En materia de autoconsumo, Más País plantea limitar un máximo de hasta 12 plantas.

A su vez, el texto de la propuesta, que aspira a ser "la ley más avanzada" sobre cannabis en Europa, pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos. 

En línea con las reflexiones de otras formaciones, como Unidas Podemos, ERC, la CUP o EH Bildu, Errejón ha aportado tres argumentos a favor de la regulación del cannabis: "Por salud, por economía y por libertad". 

En respuesta, el diputado socialista Daniel Viondi ha sido de los más críticos con la propuesta de Más País y ha avanzado su rotundo rechazo a su tramitación. "No vamos a regular el cannabis tal y como usted lo plantea. Todo aquello que priva la libertad a una persona y a su autonomía personal no lo consideramos libertad", ha afirmado, recordando que el cannabis es "una droga".

Elvira Velasco, del PP, ha cargado contra Errejón por el momento de la presentación de esta propuesta, así como las posibles implicaciones para la salud. "¿Presentan esta Ley con la que está cayendo en nuestro país, con el paro o la subida de la luz? Consumir drogas no es un derecho, es un problema de salud pública. ¿De verdad piensa que así se reduciría el consumo de los jóvenes?", advirtió.

Juan Luis Steegmann, de Vox, también se ha mostrado radicalmente opuesto a esta regulación: "Quieren tener a los españoles en paro pero absolutamente colocados", sostuvo.

Josune Gorospe, del PNV, se ha mostrado a favor de las políticas de "reducción de daños", es decir, regular antes que prohibir, pero ha afeado a Más País, Unidas Podemos y ERC la presentación de varias iniciativas para la regulación del consumo de esta sustancia en lugar de articular un solo texto consensuado: 

Marta Rosique, de ERC, le ha respondido que están abiertos a negociar un texto conjunto. Misma opinión ha compartido la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz, por lo que parece posible que los distintos grupos avancen hacia algún tipo de iniciativa conjunta.

La mayoría apoya la regulación

Según la encuesta que llevó a cabo el CIS en abril, el 90,1% de los ciudadanos apoya la legalización del cannabis medicinal -un planteamiento con el que tanto Ciudadanos como el PNV están cómodos- y alrededor de un 50%, la regulación de su uso con fines recreativos.

Además, tal y como expone el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, más del 35,2% de las personas entre 15 y 64 años han consumido cannabis al menos una vez en su vida y el 2,1% lo hace a diario. Según ERC, son más de 600.000 españoles consumen diariamente cannabis y sustancias derivadas. Además, el Observatorio Español del Cannabis Medicinal estima que unas 120.000 personas consumen cannabis con finalidades médicas.

Como ya informó 20Minutos, el mercado del cannabis se ha disparado en España. En 2014, la Policía se incautó de poco más de 100.000 plantas. En 2019, último año con datos consolidados, se confiscaron más de un millón y medio. Este crecimiento imparable ha provocado que se establezcan en el país mafias "violentas" que se dedican a la exportación al resto de Europa y que llevan aparejados fenómenos de trata de seres humanos. Es tanto el volumen que las organizaciones trafican a otros países porque el consumo interno no es suficiente y ha provocado, incluso, que la Policía tarde más en destruir la droga incautada de lo que marca la legislación vigente.