El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero por la Comunidad y la petición de 356 millones de euros a OHL debían ser declaradas nulas.
Así consta en una providencia fechado el pasado 7 de octubre, a la que ha accedido Europa Press, en la que los magistrados sostienen que el "escrito de preparación adolece de falta de justificación suficiente y adecuada de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida".
En esta línea, la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifica la inadmisión "al no haberse fundamentado de forma suficiente, con singular referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia" del pronunciamiento de la propia Sala.
La Comunidad de Madrid había reclamado una indemnización de 356 millones de euros a OHL como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato" que suscribió en enero de 2008 como concesionaria para la construcción de la línea.
El TSJM acordó anular la resolución por la que la Comunidad reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, ese importe por las obras inacabadas del tren entre Móstoles y Navalcarnero, dando por finalizado el contrato.
Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.
En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndoles 34 millones de euros de penalidades y dándoles 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
Un proyecto lejos de finalizar, según el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Móstoles considera que la resolución "aleja aún más" la posibilidad de que finalice el proyecto. La alcaldesa de la localidad, Noelia Posse, ha dicho que llevan "años" pidiendo que se reanude el plan en beneficio de los mostoleños, denunciando a la par "las carencias" de la red de transporte público en la ciudad y alegando que los vecinos "tienen los mismos derechos a tener los mismos servicios públicos" que quienes viven en la capital.
"La falta de inversiones regionales en Móstoles es alarmante. La Presidenta Ayuso sigue ignorando al segundo municipio más importante de la Comunidad, y a sus más de 210.000 habitantes", ha destacado.
Las obras, que pretendían cubrir el trayecto entre ambas localidades, fueron adjudicadas por el Gobierno regional a OHL en 2009 por un presupuesto de 369 millones de euros, y paralizadas por la concesionaria en 2010, tras invertirse más de 140 millones, según se dijo entonces.
Desde el Gobierno local, formado por PSOE y Podemos, lamentan que ahora vuelvan a ser los ciudadanos los que tengan que pagar "las consecuencias de las presuntas corruptelas del PP".
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