Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo y la diputada popular Teresa Jiménez Becerril su 'número dos'

PSOE y PP cerraron este jueves el acuerdo para que Ángel Gabilondo sea el nuevo Defensor del Pueblo. También han pactado que la adjunta a ese puesto sea la diputada sevillana del PP Teresa Jiménez Becerril.

Gabilondo, que fue candidato socialista a la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo y después se alejó de la primera línea política, sustituirá así a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista de 75 años y que ejerce este cargo en funciones desde julio de 2017.

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) es filósofo, fue ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011) y desde 2015 lideró al PSOE en la Asamblea de Madrid, hasta que dimitió y renunció a recoger su acta después de las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, cuando cosechó frente a Isabel Díaz Ayuso los peores resultados de su partido en Madrid.

Fuentes socialistas ya habían adelantado este mismo jueves que el PSOE había planteado el nombre de Gabilondo, que ya sonó hace meses para ser Defensor del Pueblo, institución pendiente de renovación desde 2017 y que socialistas y populares acordaron desbloquear la semana pasada, junto al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

El presidente del PP, Pablo Casado, por su parte, no rechazó este jueves la posibilidad de nombrar a Gabilondo, y dejó claro que su negativa a que formen parte de los órganos constitucionales políticos o expolíticos se ciñe a los de carácter jurisdiccional, en declaraciones a los medios en Bruselas, antes de participar en una reunión de líderes del Partido Popular Europeo.

En la misma línea, y a su llegada al Consejo Europeo, el presidente Sánchez se había mostrado esperanzado con la posibilidad de que "pronto" se alcanzara un acuerdo para renovar las citadas cuatro instituciones. 

Becerril, adjunta

Por otro lado, Jiménez Becerril será la adjunta al Defensor del Pueblo. Es hermana del concejal sevillano asesinado por la banda terrorista ETA, tiene escaño en el Congreso por Sevilla desde 2019 y actualmente ejerce como vicepresidenta Segunda de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Anteriormente fue eurodiputada del PP durante diez años.

En estos años, Jiménez Becerril ha sido muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha censurado sus acuerdos con Bildu.

De hecho, este mismo jueves censuró las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, por vincular presos y Presupuestos. "Aquí Otegi deja bien claro, que los presos son suyos, porque son de ETA, como él. Por si alguien tenía dudas*", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Con la marcha de Jiménez Becerril a la institución del Defensor del Pueblo, a propuesta del PP, regresará al Congreso de los Diputados el sevillano Ricardo Tarno, que fue ya diputado nacional por el Grupo Popular desde 2008 hasta 2016.

Pacto para la renovación

Socialistas y populares cerraron la semana pasada un pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos, apenas 24 horas después de que Casado aceptara el desbloqueo y ofreciera al Ejecutivo renovar los órganos constitucionales que tienen su mandato caducado –a excepción del Consejo General del Poder Judicial–.

Ese acuerdo se alcanzó tras conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que acordaron proceder a la renovación "previsiblemente" en la semana del 25 de octubre, cuando Congreso y Senado votarán las nuevas composiciones.

Al margen del nombre de Gabilondo, por ahora no se conoce quiénes serán el resto de miembros de dichos órganos. En el momento de cerrar el acuerdo, ambas partes se limitaron a expresar que se tratará de personas "reconocido prestigio y de consenso" que se darían "a conocer en los próximos días".

Fuera de este pacto quedó el Consejo General del Poder Judicial, pues el PP exige modificar la forma de elección de los vocales a cambio de desbloquearlo. El presidente Sánchez insistió este jueves en que los populares están "bloqueando" el órgano de gobierno de los jueces y se mostró esperanzado con la posibilidad de que los grupos parlamentarios, incluido el PP, puedan llegar "a un acuerdo para renovarlo" en un breve plazo.