Los puntos de choque entre Calviño y Díaz por la reforma laboral del PP

El pulso entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apoyada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular se ha convertido en una lucha entre PSOE y Unidas Podemos por imponer su criterio en las futuras modificaciones que afectan al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Díaz, como titular de Trabajo, pretende liderar de principio a fin el proceso y que la derogación sea lo más ambiciosa posible aunque no total, como se había planteado inicialmente en el pacto de gobierno entre socialistas y morados. "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivo", señala el escrito. 

En público, la vicepresidenta segunda también ha dejado claras sus intenciones. "Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas compañeras y compañeros (...) a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país", afirmó el pasado sábado en el duodécimo Congreso del sindicato Comisiones Obreras.

Uno de los aspectos más lesivos de la norma de 2012 fue la reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado con un límite máximo de 42 mensualidades, a 33 días y un límite de 24 mensualidades.

Otras medidas dañinas para los trabajadores consistieron en la supresión de la necesidad de autorización administrativa previa para que las empresas pudiesen realizar despidos colectivos (ERE) -mediante la modificación del apartado 1 del artículo 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre- y la ampliación de las causas económicas que permitían a las empresas realizar despidos, como la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos. Antes de la entrada en vigor de la reforma, solo se permitía adoptar esta medida en caso de pérdidas y no por el descenso de los beneficios. 

Una reforma bajo la lupa europea

Pero mientras en el partido morado hablan de una derogación lo más ambiciosa posible, en el bando socialista insisten en llevar a cabo una reforma más modesta. En esa línea de reforma parcial moderada es en la que trabaja la ministra de Economía. Calviño ya ha expresado su intención de "lograr un paquete equilibrado que nos permita adoptar la reforma antes de final de año".

Algunos de los cambios que pretende impulsar consisten en la simplificación de los contratos, la regulación de las subcontratas, la revisión de las bonificaciones a la contratación y la puesta en marcha de un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia.

En materia de modernización de la negociación colectiva existen muchas discrepancias. Calviño apuesta, por un lado, por no recuperar la denominada ultraactividad de los convenios colectivos -la prórroga automática de los convenios laborales vigentes en caso de no haber acuerdo entre empresa y trabajadores-; y, por otro, por hacer que prevalezcan los convenios de empresa sobre los sectoriales, generalmente más beneficiosos. A estas dos cuestiones, Díaz, que cuenta con el apoyo de los sindicatos más importantes, se opone y apuesta por todo lo contrario: recuperar la ultraactividad y hacer prevalecer los convenios sectoriales. 

Entre las razones del PSOE para justificar su propuesta de reforma hay una de enorme peso: están en juego la llegada de los fondos europeos para la recuperación económica. Bruselas está mirando con lupa la futura reforma laboral española y ya ha advertido que habrá que mantener parte de la reforma que hizo el PP, que ha sido avalada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso la propia Comisión Europea ha dicho que había contribuido a una recuperación intensa en puestos de trabajo.

La reforma laboral es uno de los compromisos con la UE para recibir en cuatro años 70.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido para impulsar la economía tras la pandemia. La negativa europea afectaría a una partida de 13.793 millones correspondiente al segundo pago.

Ya se eliminó el despido por acumular bajas médicas

No hay que olvidar que el Gobierno de coalición ya realizó una modificación parcial de la reforma laboral con la aprobación en febrero de 2020 de un decreto ley que eliminaba el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido objetivo por acumular ausencias justificadas continuadas, entre las que figuran las bajas médicas. 

En concreto, el Consejo de Ministros derogó un artículo que reconoce como causa objetiva de despido las ausencias intermitentes justificadas, incluidas las que se producen por motivos de salud.

El texto permitía el despido ante faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcanzasen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Términos clave

-Derogación. Acabar con la reforma que empeoró las condiciones laborales de los trabajadores es el objetivo del Gobierno de coalición. El problema es que el PSOE apuesta por la derogación parcial de los aspectos que considera más lesivos y que permite Bruselas mientras que Unidas Podemos apuesta por una derogación más ambiciosa. 

-Contratos. El propósito del Gobierno es simplificar los contratos existentes y que solo haya tres tipos: uno estable o indefinido, otro temporal y otro de formación. El objetivo es generalizar la contratación indefinida para acabar con la lacra de la excesiva temporalidad. 

-Fondos europeos. La materialización de la reforma laboral es uno de los compromisos que tiene España con la UE para poder recibir en cuatro años 70.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido con el propósito de impulsar la economía tras la pandemia. La llegada de una parte de estos fondos dependerá del resultado final de la reforma. Pero Bruselas parece estar más en la línea del PSOE de reforma parcial manteniendo algunas medidas impulsadas por el Partido Popular. 

-Ultraactividad. La reforma laboral del PP eliminó esta norma que decía que si no había acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores para la renovación del convenio colectivo, se mantenía el acuerdo que estaba en vigor hasta que se alcanzase un nuevo pacto.