La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a Bárcenas por pagar en negro la reforma de la sede del PP

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a Luis Bárcenas, extesorero del PP, como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable al considerar probado que pagó en negro la reforma de la sede de los populares, situada en el número 13 de la calle Génova (Madrid). El tribunal cifra en más de un millón de euros la cantidad de dinero que el extesorero transfirió a la empresa Unifica, quien realizó las obras, y que no fue declarada. 

Asimismo, considera de nuevo probada la existencia de una caja b que gestionaba el propio Bárcenas, da veracidad a ciertas anotaciones de los papeles del extesorero y condena al PP como responsable civil subsidiario por no ejercer "un control adecuado" sobre la gestión de Bárcenas. El exgerente del PP, Cristóbal Páez, y la socia de Unifica, Laura Montero, quedan absueltos y Gonzalo Urquijo y Belén García, arquitectos y socios de Unifica, son condenados a dos años y 9 meses de cárcel y a una multa de 2,6 millones de euros, por un delito contra la Hacienda Pública.

El caso comenzó a juzgarse el pasado lunes 8 de febrero, ocho años después de que salieran a la luz los papeles del extesorero. En 2015, el juez Pablo Ruz, instructor de la causa, apuntó a la existencia de la caja b del PP, que se nutría de donaciones de empresarios. Ese dinero es el que fue utilizado para pagar las obras de la sede sin ser declarado a Hacienda. El juicio quedó visto para sentencia el 12 de mayo. Durante las más de treinta sesiones celebradas, Bárcenas se ofreció a colaborar con la Justicia, llegando a enviar una carta a Anticorrupción en la que reconocía irregularidades en la financiación del PP. 

Como principal acusado, la Sala de lo Penal de la Audiencia le considera cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable junto con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa que acometió las obras y por ello le impone una multa de 1,2 millones de euros, además de la condena a prisión. Según la sentencia, en 2005 el PP decidió acometer la remodelación del edificio que albergaba la sede central, para lo que se contrató a Unifica. La gestión de las obras fue asumida por Bárcenas, que ya fue condenado a 29 años por la primera parte del 'caso Gürtel', en cuya sentencia la Audiencia Nacional ya dio por probado en 2018 la existencia de la caja b del PP. 

De forma paralela, Bárcenas y Urquijo convinieron “que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos b que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8% del importe de los trabajos abonados con tales fondos, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Eso sí, el tribunal aplica un atenuante de la pena a Bárcenas al haber quedado acreditada esa “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, aunque los jueces destacan que fueron los registros practicados en la sede del PP y de la constructora los que aportaron datos decisivos para la investigación. 

Los papeles de Bárcenas contienen anotaciones veraces

Esa colaboración y los registros han permitido a la Sala relatar cómo Bárcenas gestionó los fondos en metálico aportados a la formación como donaciones privadas "a través de una contabilidad paralela de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial". Según narra la sentencia, era el propio extesorero quien controlaba los ingresos procedentes de las donaciones, así como también los gastos, en unas hojas con anotaciones manuscritas, los conocidos como papeles de Bárcenas. Estos papeles no contaban con un registro sistemático de entradas y salidas, lo que producía que tuviesen errores de saldo que restan veracidad a los mismos.

Esto no es óbice, no obstante, para que hayan quedado acreditados movimientos como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero "a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular" o los pagos de la reforma, señala la Audiencia, hecho por el que se condena a Bárcenas y a la formación entonces dirigida por Mariano Rajoy, que aparece mencionado en tres ocasiones en la sentencia aunque en citas menores. Bárcenas, por ejemplo, le acusó de destruir los papeles delante de él, pero este extremo no quedó acreditado.

En cuanto a la veracidad de los papeles, que fueron puestos en duda por el PP, la Sala concluye que como documento contable carecen de valor "en su integridad", pero sí "recogen algunos acontecimientos que son reales o verosímiles en tanto han sido corroborados con otras pruebas". Esta versión fue la expuesta por la defensa de Unifica cuando aseguró que no tenía por qué ser todo verdad o todo mentira. "Cabe otra opción y es que sea verdad alguna anotación", añade el tribunal a esta tesis. La misma versión defendió la Fiscalía, que pedía cinco años de prisión para Bárcenas y que señaló que los papeles eran "veraces" mientras advertía de las "contradicciones" del principal acusado, que ha cambiado de versión en varias ocasiones durante los últimos años.

El PP no ejerció "un control adecuado" sobre Bárcenas

En cuanto al PP, la Sala de lo Penal no cree que pueda considerarse acreditada la comisión de un delito fiscal contra la Hacienda Pública en 2008, aunque sí le condena como responsable civil subsidiario de 123.669 euros que Luis Bárcenas no abonó por el Impuesto de Sociedades de Unifica de 2007. Los magistrados señalan que la formación popular no ejerció "un control adecuado sobre la gestión de Bárcenas, siendo las medidas adoptadas por el PP posteriores a los hechos enjuiciados. 

El partido ha reaccionado a esta condena con silencio. La formación ha comunicado que no hará declaraciones, en línea con la decisión de su presidente, Pablo Casado, que en febrero afirmó que no darían explicaciones sobre "ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido". Fue entonces cuando comunicó su intención de cambiar de sede y dejar la histórica Génova, mudanza que aún no se ha materializado.

Desde el PSOE han señalado que la condena demuestra "que la corrupción en el PP no es pasado", sino que es "sistémica". "No puede ser alternativa al Gobierno de España un partido corrupto", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apuntado por su parte que es "la segunda vez que el PP es condenado por corrupción" y ha considerado que "lo mejor para la democracia es que la ciudadanía los mantenga lo más lejos posible del Gobierno". Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha emplazado en rueda de prensa a Casado a dar la cara y a responder si va a colaborar con la justicia en las causas que aún están pendientes contra su partido y a restituir el dinero sustraído a las arcas públicas.