El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prevé alumbrar 126 nuevas regulaciones y cambios legales en los próximos 18 meses, de aquí a la primavera de 2023, cuando se celebrarán de nuevo elecciones autonómicas. Esta hoja de ruta, el Plan Normativo de la Comunidad de Madrid para la XII Legislatura, ha sido validada este miércoles por el Consejo de Gobierno.
El plan llega prácticamente cinco meses después de que la legislatura echara andar, verano mediante. Según ha detallado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, tras la reunión del gabinete, el objetivo es iniciar la tramitación de un total de 39 leyes y 87 normas reglamentarias hasta 2023. Además, a estas iniciativas habrá que sumar otras que si bien arrancaron su recorrido en el periodo de sesiones previo a la convocatoria adelantada de elecciones, no llegaron a culminar su proceso.
Las reformas
La temática de las iniciativas en las que se prevé trabajar es de lo más variada. Entre ellas aparecen los decretos que establecerán los nuevos currículos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional -cambios que son consecuencia de la implantación de la Lomloe, también conocida de la ley Celaá-, y una nueva modificación de la Ley de Suelo, que ya reformó puntualmente el año pasado, un cambio sobre el que el Tribunal Constitucional está pendiente de pronunciarse.
De acuerdo con fuentes del departamento que dirige Paloma Martín, la modificación "puntual" de 2020 sirvió para eliminar de licencias y ahora se quiere hacer más cambios "para avanzar en la simplificación normativa para reactivar el sector" inmobiliario en la región.
Asimismo se incluye en este plan normativo la nueva ley sobre Economía Circular, que ya se encuentra en fase de información pública y va encaminada al tratamiento de residuos.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura también tiene en su agenda la transformación de varias leyes autonómicas en materia de biodiversidad y desarrollo territorial. El departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, está trabajando en la Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias y el Registro de Fundaciones de la región. Además, se incluye la aprobación del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares y de otro que determina el tipo de armamento y medios de defensa que deberán utilizar las Policías Locales.
En materia de Educación, el Gobierno regional también seguirá implantando nuevos títulos de FP, tanto de grado medio como de grado superior, que adquieren la forma jurídica de un decreto. Además, está previsto dar luz verde en este periodo legislativo al decreto de creación del Instituto Superior de Formación del Profesorado.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Javier Fernández-Lasquetty prevé acometer cambios en la ley que regula la Hacienda de la Comunidad de Madrid; modificar el Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos cedidos por el Estado; y redactar la ley de Defensa de la Autonomía Financiera, ya anunciada por el Ejecutivo para contrarrestar iniciativas de armonización fiscal.
Por su parte, el área de Familia, Juventud y Política Social quiere comenzar a tramitar tres leyes: de Servicios Sociales; de Derechos de Garantías y Protección Integral de la Infancia y Adolescencia; y la de reforma de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
En materia sanitaria destaca el decreto que plasmará el procedimiento de acreditación de trabajadores de Enfermería para la indicación, uso y autorización de medicamentos. Mientras, la Consejería de Transportes e Infraestructuras tiene, entre otros planes normativos, la intención de modificar la Ley de Carreteras, así como la de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos. Además, pondrá en marcha el Decreto por el que se crea y detalla la red de aparcamientos disuasorios Aparca+T.
La creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid o el decreto que dará soporte jurídico al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales son otros de los proyectos legislativos que aparecen en el plan normativo.
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