Sánchez llega entre dudas en economía al ecuador de la legislatura de la covid, los indultos y las tensiones con Podemos

La XIV legislatura está siendo cualquier cosa salvo normal. El pasado miércoles se cumplió el segundo aniversario de las últimas generales y el Gobierno no cruzará el ecuador de su mandato hasta comienzos de enero, por lo que le restan dos años hasta volver a las urnas –salvo que Sánchez adelante los comicios–. Pese a ello, en este breve tiempo se acumulan un sinfín de hechos excepcionales: de la primera coalición a nivel estatal en democracia a la pandemia, pasando por los indultos, la marcha del rey emérito, una nevada sin precedentes en los últimos años o la erupción de un volcán. De cara al segundo tramo de la legislatura, la incertidumbre económica se perfila como protagonista.

Ya los inicios fueron extraños. En abril de 2019, el PSOE había ganado holgadamente las elecciones con 123 escaños por delante de los 66 del PP. Ciudadanos obtuvo 57 y Unidas Podemos, 42. A Sánchez le daban los números para gobernar con los naranjas o con Pablo Iglesias y los independentistas pero, al final, no fue ni lo uno ni lo otro. Albert Rivera expresó desde el primer minuto su rechazo a gobernar con Sánchez, y socialistas y morados fueron incapaces de llegar a un acuerdo, pues el presidente se mostraba reticente a una coalición que Iglesias veía imprescindible.

En la Moncloa y en Ferraz acabaron convenciéndose de que repetir elecciones no era tan mala idea y tenían esperanzas de alcanzar los 140 escaños, pero nada salió según lo esperado: el PSOE perdió tres diputados; UP, siete; Vox creció de 24 a 52; el PP recuperó terreno y Cs desapareció casi por completo. Tras constatar el fracaso de la estrategia y con unos números muchos peores que en abril para los partidos del Gobierno, llegó el primer giro de 180 grados en esta legislatura: la coalición que fue imposible durante meses se cerró en 48 horas. Dos días después de los comicios, Sánchez e Iglesias firmaron el preacuerdo para un Ejecutivo de coalición. Fue sólo el primero de los capítulos inesperados.

De la ansiada investidura a la pandemia

La investidura se celebró el 7 de enero, los ministros prometieron sus cargos el día 13 y el Gobierno arrancó con medidas como la subida del salario mínimo (22 de enero), la derogación del despido por baja médica (18 de febrero) o la puesta en marcha de la llamada mesa de diálogo entre la Moncloa y la Generalitat (26 de febrero), pero cuando apenas había comenzado su mandato, estalló la crisis del coronavirus: el 14 de marzo, apenas dos meses después de llegar al poder, el Ejecutivo decretó el estado de alarma –declarado inconstitucional por el TC recientemente– y el confinamiento. Un día después, Felipe VI renunció a la herencia de Juan Carlos I, que abandonaría España en agosto.

Fueron las semanas más duras, que incluyeron un paro de toda actividad económica no esencial coincidiendo con la Semana Santa y votaciones cada vez más ajustadas en el Congreso para mantener el estado de alarma. La situación sólo comenzó a aliviarse en mayo y junio, cuando terminó el confinamiento. Fue también entonces cuando se aprobó el ingreso mínimo vital, una de las medidas señeras de la coalición. Un mes después, en julio, se produjo el acuerdo en la UE para el fondo de recuperación, del que España obtendrá 72.000 millones en ayudas directas.

Tras un otoño nuevamente complicado, con altísimos picos de incidencia durante la segunda ola, la vacunación arrancó en los últimos días de 2020. Y aunque los inicios fueron lentos, España cuenta a día de hoy con una de las mayores tasas de población inmunizada de la UE.

De la borrasca Filomena al 'terremoto' Ayuso

El Gobierno comenzó 2021 con buenas perspectivas, pero nuevamente un hecho inesperado alteró el guión. En los primeros días de enero, la borrasca Filomena colapsó gran parte del país, dejando miles de hogares, cientos de kilómetros de carreteras y a la ciudad de Madrid paralizados por la nieve, en una escena que no se vivía desde los años 70.

En lo político, estaban a punto de activarse dos escenarios clave para el devenir de la legislatura: Cataluña y Madrid. En la primera de esas comunidades se celebraron elecciones el 14 de febrero y el PSC, con el exministro de Sanidad Salvador Illa al frente, ganó por primera vez en 22 años, aunque ERC se hizo con la Generalitat. Meses después, en junio, y tras semanas de rumores, Sánchez confirmó lo que era ya un secreto a voces: que concedía a los nueve condenados por el procés independentista el indulto, lo que provocó durísimas críticas de la oposición. En otoño se reactivó la mesa de negociación con la Generalitat, que aún no ha dado frutos pero que parece haber conducido al procés a un estado de hibernación.

Mientras tanto, el estrepitoso fracaso de la operación del PSOE para derrocar al Gobierno del PP en Murcia con la colaboración de Ciudadanos provocó la convocatoria de elecciones en Madrid. Pablo Iglesias decidió dejar el Ejecutivo para enfrentarse a la popular Isabel Díaz Ayuso, que arrasó en las urnas, mientras que el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia. Iglesias dimitió de todos sus cargos, los socialistas quedaron muy tocados y Sánchez comenzó a diseñar una amplísima renovación de Gobierno que ejecutó a principios de julio, cuando sacó a siete ministros de su gabinete y prescindió de Iván Redondo. Medio año después, muchos de los nuevos ministros siguen siendo unos desconocidos para la ciudadanía.

En la pata morada de la coalición. Yolanda Díaz reemplazó a Iglesias y se multiplicaron las especulaciones sobre una posible candidatura a la Presidencia. Este mismo sábado, Díaz proclamó en un acto junto a Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hosain que estamos ante "el comienzo de algo maravilloso".

Las dificultades de gobernar en coalición

En todo este periodo, las tensiones entre socialistas y Unidas Podemos han sido una constante. La coalición no ha sufrido riesgo real de ruptura en casi ningún momento, pero las diferencias no han dejado de sucederse y han desgastado al Ejecutivo. El último episodio tuvo lugar hace apenas unos días, con la oposición frontal de Unidas Podemos a elevar de 25 a 35 el número de años que computan para calcular la pensión de jubilación. Aunque sin concretar cifras, el aumento del periodo de cómputo es una medida que figura en el plan de reformas pactado por el Gobierno con Bruselas a cambio de los fondos de recuperación.

Hasta la fecha, quizá el choque más grave se desató tras el intento de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de coordinar las negociaciones para la reforma laboral, algo que Yolanda Díaz y Unidas Podemos vieron como un intento de invadir sus competencias y a lo que se negaron en redondo. En paralelo, se abrió paso otro fuego en el seno del Ejecutivo por el anuncio de los morados de una querella contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, después de que acordara retirar su escaño de diputado al canario Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Las aguas, no obstante, acabaron volviendo a su cauce, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que PSOE y Unidas Podemos han vivido episodios de tensión interna. Otro de los ejemplos más señeros fue la ley de vivienda, cuya redacción final terminó pactándose con más de medio año de retraso con respecto a los planes previstos. Algo similar pasó con el salario mínimo –que Díaz reclamó elevar ya a finales de 2020, mientras Sánchez aplazó la medida hasta septiembre de 2021 tras meses de reproches y cruces de declaraciones– o con el ingreso mínimo vital, cuya implantación exigió acelerar la pata morada del Gobierno en plena crisis de la covid-19. Y también generó polémica la ley trans y, en especial, la autodeterminación de género, una batalla en la que finalmente se impuso la ministra Irene Montero a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

Remontar las encuestas entre dudas económicas

En los próximos meses, y ahora que los Presupuestos para 2022 parecen relativamente encarrilados –ya han superado las enmiendas a la totalidad y ninguno de los habituales socios de Sánchez se ha desmarcado de cara a la aprobación final–, lo que garantizaría al presidente poder apurar su mandato, la coalición se enfrenta al menos a tres dificultades: la primera, gestionar sus diferencias mientras encaran una campaña en la que se disputan electorado; la segunda, intentar remontar en las encuestas, pues todos los sondeos privados sitúan al PSOE por detrás del PP y tanto a socialistas como a UP por debajo de los niveles sus apoyos de 2019; y la tercera, la incertidumbre económica.

En este sentido, diferentes instituciones han rebajado en las últimas semanas sus previsiones de crecimiento para España, que parece estar quedándose rezagada con respecto a otros países de la UE. Tras ser la economía que más sufrió en pandemia –entre otros factores, por su dependencia del turismo–, las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a que este año crecerá 'sólo' un 4,6% y que será el único país del club comunitario que tendrá que esperar hasta 2023 para recuperar los niveles precovid. Además, la inflación está en récords históricos y los analistas apuntan a que otro elemento de preocupación en el Gobierno, el precio de la luz, tardará aún meses en bajar.

Será en ese escenario endiablado en el que el Ejecutivo tendrá que abordar reformas peliagudas y que ha comprometido con Bruselas, como la reforma laboral –antes de fin de año–, el segundo tramo de la reforma de las pensiones –que ya se está negociando– o la reforma tributaria –que se abordará a partir de la primavera, cuando el comité de expertos entregue sus conclusiones– para poder recibir los fondos europeos a los que fía el grueso de la recuperación. La economía y las dudas que ahora mismo la rodean se perfilan pues como temas protagonistas de esta segunda mitad de legislatura.