Los estudiantes protestan con un "paro académico estatal" contra las dos leyes impulsadas por el ministro Castells

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), órgano colegiado de representación de estudiantes de todas las universidades españolas, convocó un paro este jueves para mostrar su rechazo a los proyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de Ley de Convivencia Universitaria aprobada este miércoles en el Congreso, dos normas impulsadas por el Ministerio de Universidades 

Coincidirá así el "paro académico estatal" con las movilizaciones que llevaban semanas convocadas, también para este 18 de noviembre, por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) en diversas ciudades del país.

La decisión se adoptó tras la reunión de este martes con el ministro de Universidades, Manuel Castells, con quien no lograron consensuar las exigencias que reclaman los estudiantes. Estos critican que la Ley Orgánica del Sistema Universitario, tal y como se está quedando con las negociaciones, no difiere tanto de la vigente actualmente y exigen que sus demandas sean escuchadas e incorporadas en la futura norma. 

Piden "afianzar" la cogobernanza universitaria

Los universitarios reconocen que a petición suya se modificaron muchos puntos del segundo borrador remitido por el Ministerio. Un ejemplo de ello es la posibilidad planteada inicialmente -y posteriormente eliminada- de que los rectores fueran elegidos a través de una comisión externa. 

No obstante, el malestar se mantiene porque aseguran que el texto "se queda en la misma situación" que la ley actual, la LOU, según denuncian a 20minutos fuentes de CREUP. De hecho, consideran incluso que, ya no solo se asemeja a la LOU, sino que se añaden ciertas modificaciones "que hacen que la gobernanza sea peor que la que tenemos actualmente". 

El último borrador de Universidades establece que los porcentajes de representación estudiantil se mantengan en un 25%, por lo que una de las peticiones es que la presencia del estudiantado universitario en todos los órganos y elecciones de cargos universitarios sea de, "al menos, un 30%. "Para nosotros es imprescindible avanzar en la configuración de una universidad con mayor democracia, que mejore la situación actual, afianzando los valores de cogobernanza universitaria", subrayan las fuentes.

La respuesta recibida por parte del Ministerio en la última reunión, según explican las fuentes de CREUP, es que la reforma implica a muchos agentes y que "este es el máximo consenso que pueden alcanzar". 

Otra reivindicación es la reducción de los mandatos de rectores y decanos -fijada ahora en seis años improrrogables- a cuatro años renovables, para que así "todos los estudiantes puedan votar al menos una vez".

Insisten en la gratuidad de la primera matrícula

El estudiantado insiste también en que la primera matrícula sea gratuita, algo sobre lo que el propio ministro Castells ya se ha pronunciado de forma favorable en varias ocasiones, pero sin afianzar esa medida de forma definitiva. La futura ley orgánica establece que será competencia de las comunidades autónomas fijar los precios públicos universitarios dentro de los límites marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. 

"Lo que pedimos es que la LOSU refleje un sistema de financiación universitaria que cubra las necesidades mínimas de las universidades, evitando que la falta de financiación sea cubierta por las tasas universitarias del estudiantado como ocurrió en 2012 con el 'tasazo' de Wert", afirman desde CREUP. 

Desde el departamento de Castells, no obstante, aseguran que este asunto es competencia del Ministerio de Hacienda, por lo que no depende de ellos. 

Más financiación y atención psicopedagógica

Los universitarios creen "necesario" que se establezca obligatoriamente la existencia de un estatuto del estudiante "que recoja los derechos del estudiantado universitario", y que se apruebe en el plazo de un año. Asimismo, exigen un aumento de la financiación y de los recursos dotados a los consejos de estudiantes. 

"También es muy importante para nosotros que se obligue a crear gabinetes de atención psicopedagógica que cuiden la salud mental de los estudiantes y la comunidad universitaria, así como que se pueda acceder a servicios como la asesoría jurídica", explican desde CREUP. 

Contra la falta de "mediación" en la Ley de Convivencia

A la Ley de Convivencia Universitaria se han opuesto tanto estudiantes como rectores. En un comunicado conjunto publicado desde CREUP, con Crue (Conferencia de Rectores) y CEUNE, denunciaron que la veintena de enmiendas presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y ERC  "eliminan el espíritu de convivencia del proyecto" y trasladan a las universidades la regulación de los mecanismos de resolución de conflicto. "Esto impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español", aseveraron en el escrito. 

Pese a que les hubiese gustado "arreglar un par de puntos", el consenso sí que se alcanzó en un principio. "La clave de la propuesta era que se apostaba muy fuerte por la mediación y la resolución de conflictos, era el espíritu principal de la ley, lo cual daba muchísimas garantías a los estudiantes", explican fuentes de CREUP. 

Sin embargo, la reducción y eliminación de los apartados en los que se hablaba de mediación y resolución de conflictos condujo al rechazo de la comunidad universitaria.

El Ministerio asegura que seguirán dialogando 

"Consideramos positivas todas las posiciones críticas y no críticas en los procesos de elaboración de ley, particularmente de las y los estudiantes, una comunidad que para este Ministerio es fundamental", afirman fuentes del Ministerio de Universidades a 20minutos.

Desde la cartera de Castells creen "honestamente" que ambas leyes mejoran el sistema universitario, "particularmente para el estudiantado". Con todo, afirman que seguirán dialogando con todos los actores implicados, "como hemos estado haciendo hasta ahora".