Casi 400.000 m2, 28 sedes, un canon anual de 50 millones durante 40 años... Ayuso impulsa la Ciudad de la Justicia

La Comunidad de Madrid avanza en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se situará en el barrio de Valdebebas y de la que se espera colocar la primera piedra en 2023. El Gobierno plantea que esta infraestructura judicial, que ocupará alrededor de 375.000 metros cuadrados y concentrará en 18 edificios 28 sedes ahora dispersas, se construya mediante un sistema de régimen concesional: se plantea pagar a la empresa que resulte concesionaria unos 50 millones de euros anuales durante un máximo de 40 años (plazo límite legal). 

De acuerdo con el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, este desembolso supondría a las arcas madrileñas un ahorro de unos 20 millones por ejercicio, ya que ahora está abonando del orden de 70 millones anuales. En el canon que abonaría la Comunidad se incluirían los gastos de construcción, que ascienden a unos 507 millones y que correrán a cargo del concesionario, y también los arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, correo o archivo, entre otros, que haya que afrontar una vez que los servicios judiciales estén en marcha.

"La cantidad ahorrada cada año supone un montante económico similar a la inversión necesaria, por ejemplo, para la construcción de siete nuevos colegios públicos en la región", destacan desde el Ejecutivo. Para el responsable de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López, esta fórmula es una forma de apostar "por la estabilidad financiera" de la administración autonómica.

El sistema de concesión es una de las cuestiones vertebrales del estudio de viabilidad, construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia que ha visto este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Está previsto que la primera piedra de la futura Ciudad de la Justicia de la capital se coloque en 2023 y que los trabajos se prolonguen durante unos tres años. Concluida y recepcionada la obra, la Comunidad de Madrid empezará a abonar el canon. El desembolso se producirá aproximadamente durante 36 o 37 años, según calcula el Gobierno. "Finalizado ese periodo este gran complejo judicial revertirá siendo la propia Comunidad de Madrid su titular, incrementando de manera notable su patrimonio público con edificios que podrían alcanzar vidas útiles de hasta 100 años", añaden estas fuentes.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha destacado este miércoles tras el Consejo de Gobierno que la región aumentará un 65% su superficie judicial con las nuevas instalaciones. Además ha puesto de relieve la cantidad de asuntos que aborda cada año el partido judicial de la capital: en 2020 en Madrid se registraron tantos procedimientos como en los partidos de Barcelona, Sevilla y Valencia juntos. 

La futura Ciudad de la Justicia también tendrá un aparcamiento con 4.000 plazas, parte de ellas serán de explotación pública y el resto quedará a disposición de los funcionarios que se desplacen allí a trabajar. Cuando empiece a funcionar, ya estará operativo el intercambiador de Valdebebas, un nodo de comunicaciones al que llegará el metro (L11), Cercanías y también autobuses de la EMT. "El acceso será extremadamente sencillo", ha destacado el consejero López que ha definido como "deseada" la unificación de sedes judiciales en Madrid. No en vano, este es el tercer intento que en este sentido realiza la Comunidad: ya proyectaron iniciativas en este sentido los expresidentes Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González después.