El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso volverá a presentar una reforma legal para suprimir la potestad que tiene la Asamblea de Madrid de proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El Ejecutivo madrileño ya había trabajado en este cambio legislativo la pasada legislatura, pero la convocatoria adelantada de elecciones hizo que decayera la iniciativa.
"Nosotros lo que vamos a hacer es impulsar la independencia en el nombramiento de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde aquí", ha aseverado Isabel Díaz Ayuso este jueves durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara de Vallecas.
En 2020, esta iniciativa adoptó la forma jurídica de proposición de ley y lo previsible es que ahora también se opte por este mecanismo. El Ejecutivo madrileño promoverá las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, ambas son de ámbito estatal, por lo que si sale adelante este cambio legal acabaría afectando a la totalidad de los parlamentos autonómicos, que dejarían de elegir a magistrados para sus tribunales superiores de justicia.
El previsible recorrido legal de esta propuesta sería la aprobación de una proposición de ley en el Consejo de Gobierno que se remitiría después a la Asamblea de Madrid para su tramitación y debate. Si se aprobara, el hemiciclo regional lo remitiría como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados. Para salir adelante necesitaría también el visto bueno de la Cámara Baja.
Según han señalado fuentes del Ejecutivo, liderando esta iniciativa "el Ejecutivo regional pretende ampliar y asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
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