"Se le ha ido de las manos". Así se refiere una persona conocedora del caso al escándalo que ha protagonizado esta semana la subdirectora de la cárcel de Villena. Fue detenida el miércoles tras concluir la Guardia Civil que había simulado ser víctima de una paliza que denunció haber sufrido por parte de cinco encapuchados hace cuatro meses. El Ministerio del Interior ya la ha destituido y los sindicatos han pedido el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

La acusada denunció los hechos en el mes de septiembre. Según su relato, fue asaltada por cinco encapuchados una mañana al salir de su casa. Tres la sujetaron por detrás y otros dos la golpearon en la cara. Nada más conocerse la denuncia, hubo concentraciones de apoyo en todas las cárceles del país. "Toda mi solidaridad y reconocimiento con ella, ahí podemos ver lo que es una verdadera funcionaria", sentenció entonces el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ortiz la definió como "una profesional íntegra que tiene muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público". 

Y es que, todas las partes dieron credibilidad al relato de la presunta agredida que, además, fue aderezado con amenazas recibidas en el móvil y, también, en la presunta paliza. "Mañana mantén la boca cerrada", contó a la Policía en referencia a lo que le habrían referido los encapuchados. Las miradas se dirigieron entonces a tres funcionarios de su prisión que estaban siendo investigados por reducir con medio centenar de golpes a un interno con problemas mentales. Como subdirectora de Seguridad de la prisión, ella era la responsable de custodiar las imágenes del incidente que captaron las cámaras de videovigilancia y las amenazas habrían ido dirigidas a que borrase las imágenes. 

Detenida por simulación de delito la subdirectora de la prisión de Villena que afirmó ser agredida por varios encapuchados

"Se criminalizó a los funcionarios por la actuación con un interno que se descontextualizó y se criminalizó a todos los trabajadores de la prisión de Villena por las amenazas que recibió ella", señala la misma fuente, que añade que "en su día todo fue raro, pasaron varias horas hasta que denunció y el médico de la prisión no la vio en un primer momento". Esas rarezas se concretaron esta semana. El miércoles fue detenida como presunta autora de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito al no creer la Guardia Civil su relato. Ella incluso llegó a confesar que se inventó las amenazas.

En este sentido, las fuentes consultadas dicen creer que "no va a ser el último capítulo", pues "falta por saber algo". Preguntadas por las sospechas, sostienen que las hay "de todo tipo", desde "un tema de venganza personal de ella hacia algunos trabajadores o que esté siendo instrumentalizada". 

Piden la dimisión de Ortiz

Tras conocerse la detención de la subdirectora, el Ministerio del Interior anunció su cese. En un escueto comunicado publicado el jueves, el departamento de Marlaska apuntó la destitución y añadió que cuando conocieran "oficialmente" la situación procesal de "la funcionaria" se incoará el expediente disciplinario. Esta reacción, no obstante, no ha valido para apagar el fuego, otro de los muchos que marcan la relación entre los funcionarios de prisiones y el Ministerio. 

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"No es normal que la propia administración deje entrever que esta agresión está relacionada con una investigación a unos funcionarios", recriminaron el viernes el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, en una rueda de prensa en la que solicitaron el cese de toda la cúpula de Instituciones Penitenciarias y el levantamiento del expediente a los funcionarios investigados.

En este sentido, ambos acusaron a la ex subdirectora de haber sido quien filtró el vídeo del incidente entre los funcionarios de prisiones y el preso a los medios de comunicación. Además, señalaron que lo que sí es una realidad y no es inventado son las "agresiones que sufren los funcionarios de prisiones cada 36 horas o el déficit del 48% de médicos". "Y sin embargo en esos datos no se fijan ni el ministro ni el secretario general", sentenciaron.