El Gobierno destina 32 millones para proporcionar atención telemática a víctimas de trata y explotación sexual

El Consejo de Ministros aprobó este martes una transferencia de 32 millones de euros para modernizar la atención telemática a "todas" las víctimas de violencia de género, no solo las que la sufren por parte de sus parejas o exparejas, y a reforzar el servicio y la cobertura en las zonas rurales.

La partida, contemplada en un Real Decreto ratificado a petición del Ministerio de Igualdad, se concederá directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) atienda, a partir de 2023, a todas las formas de violencia machista. 

Así, podrán acceder también a ATENPRO "las mujeres que son víctimas de violencia sexual, explotación sexual, trata o cualquier tipo de violencia contra las mujeres", quienes, según explican desde Igualdad, recibirán una "atención especializada" durante las 24 horas del día. El Ministerio estima que, con esta ampliación de los servicios, en 2023 se podrán atender a 50.000 mujeres víctimas de violencias machistas.

Otra de las novedades establecidas en el Real Decreto -que regula esta financiación a través de los fondos europeos- es la modernización de los dispositivos, "algunos ya deteriorados", y la mejora de la cobertura de los mismos "para llegar a todos los rincones del país", explican fuentes del departamento dirigido por Irene Montero. El objetivo, en definitiva, es mejorar la atención y hacerla más accesible en zonas rurales.

"No vamos a descansar hasta que no lleguemos siempre a tiempo", aseveró la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Los datos recientes que apuntan un aumento de las denuncias contra la violencia de género, subrayó la ministra, y constatan que las políticas impulsadas y la "inversión histórica" del Gobierno en esta materia "es útil, salva vidas y tiene efectos positivos que permiten que muchas mujeres desarrollen sus proyectos de vida libres de violencia".

Un canal exclusivo y personalizado para las víctimas

ATENPRO es un servicio personalizado y disponible en todo el territorio que sirve para que, ante cualquier necesidad o urgencia, las mujeres puedan tener acceso -a través de dispositivos móviles- a una atención "profesional y cercana" con personal "que sabe cómo actuar en cualquier momento", detallan fuentes del Ministerio. Según informan, a 30 de septiembre de 2021, el servicio atiende a aproximadamente 16.500 mujeres. Con esta subvención, se pretende mejorar los dispositivos y sumar así a más usuarias, dando a conocer esta herramienta que, según lamentan, todavía es bastante desconocida. 

El servicio se basa en la utilización de dispositivos móviles y de telelocalización, lo que permite que, en situaciones de emergencia, el personal del centro esté preparado para dar una respuesta directa o movilizar otros recursos humanos y materiales para dar auxilio a la víctima. Con esta medida, el Ministerio de Igualdad pretende poner fin a la falta de financiación de este servicio, que en muchas ocasiones presentaba deficiencias; ya sea por la antigüedad de los dispositivos, o por la insuficiente cobertura en ciertas zonas rurales. 

"Las mujeres usuarias de ATEMPRO, actualmente, tienen dispositivos viejos o sus baterías duran poco, lo que dificulta el uso en momento que lo necesitan", detalló Montero, añadiendo que otro obstáculo es que en ocasiones los aparatos son demasiado grandes, lo que dificulta esconderlos de los agresores. 

Por ello, el principal objetivo al que irán destinados los fondos es a "mejorar los requisitos técnicos" de los teléfonos para "adaptarlos a los cambios tecnológicos". Asimismo, la ministra adelantó la intención de implantar como herramientas de este servicio otros dispositivos tales como relojes inteligentes "o cualquier dispositivo de última generación"  que faciliten el contacto de las mujeres con los profesionales. 

Se ampliará también la cobertura de los dispositivos, facilitando su uso por mujeres en las zonas rurales con escasa cobertura, y ayudando así a la "cohesión territorial" en todo el país. El fin último de esa mejora, subrayó Montero, es que "el código postal o el lugar de residencia no te convierta en una víctima de segunda ni sea un impedimento para acceder a esos derechos".