El debate sobre la financiación autonómica vuelve a estar sobre la mesa y los presidentes de la España rural quieren que se escuche su voz. El modelo de financiación lleva caducado desde 2014 –pese a las promesas de renovarlo de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez– y, este martes, los líderes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Galicia se reunieron en Santiago de Compostela para firmar un documento de 35 puntos que pretenden que el Ministerio de Hacienda incluya en la propuesta que presentará la ministra María Jesús Montero. 

Las peticiones de las ocho autonomías, que suponen el 62% de la superficie del país y el 24% de la población (11,5 millones), pasan por dos puntos clave: que el reparto pactado sea fruto de un consenso común y multilateral, evitando que se lleve a cabo en una cumbre bilateral entre el Estado y cualquier otra comunidad autónoma -una referencia velada a Cataluña-; y que la distribución de los fondos se lleve a cabo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, su dispersión geográfica o la densidad del territorio, no solo haciendo caso al número de habitantes, criterio que defienden los otros territorios más poblados.

Como señala el documento, la financiación autonómica es "la principal vía de ingresos" de las comunidades y es el mecanismo con el que los ocho presidentes autonómicos (Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page, Adrián Barbón, Miguel Ángel Revilla, Concha Andreu, Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo) quieren conseguir otro de sus objetivos: que todos los ciudadanos, "vivan donde vivan", tengan servicios públicos de calidad. 

Con estas premisas, el documento recoge la petición de reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de "medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las autonomías y al Estado" para posibilitar "la determinación del coste real de los servicios; la definición "cuanto antes" de una metodología de trabajo que lleve incluido el establecimiento de un calendario y también los principios que rijan el nuevo sistema de financiación; y el refuerzo del principio de suficiencia, que deberá garantizar recursos suficientes a las comunidades para prestar los servicios de su competencia "con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios". En este marco, la Declaración de Santiago también pide evaluar "de forma específica" los gastos vinculados a Educación, Sanidad y demás servicios sociales, así como el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.

"No es lo mismo tener un 25% de la población mayor de 65 años, que un 15%", destacó Feijóo, al que el resto de mandatarios dedicaron una ristra de elogios al ser el impulsor de un foro que tiene "vocación de permanencia". "Es un presidente visto con mucha simpatía y admiración por el resto de las autonomías", dijo Lambán, que resumió el debate en que "si no se financia bien a estas autonomías", están "abocadas a la inviabilidad". En su intervención, el presidente gallego hizo hincapié en que el Estado también debe promover el retorno de los españoles que están fuera del país y puso en valor que la España rural "es la despensa" de las zonas urbanas, por lo que quiso destacar el papel de "la ganadería, la agricultura y la pesca" y reivindicar medidas para su supervivencia.

Esa petición la reivindicó también Vara, que puso el énfasis en la necesidad de que España recupere "soberanía industrial" para poder ofrecer empleos de calidad y convertir sus territorios en atractivos para la vuelta de población. Asimismo, tras destacar que tardó cinco horas en coche para ir de Mérida a Vigo, pidió un esfuerzo extra en la financiación autonómica para seguir mejorando el sistema sanitario español, un punto que también está incluido en el acuerdo de 35 puntos. 

Un frente de ocho autonomías y tres partidos... contra nadie

En la rueda de prensa que sucedió tras la reunión, todos los presidentes –cinco socialistas, dos populares y el regionalista cántabro Revilla– hicieron hincapié en que el frente común no va contra nadie. Quienes más destacaron esta cuestión fueron las autoridades de Asturias y La Rioja. Tanto Barbón como Andreu llegaron a asegurar que reuniones así beneficiaban al Ejecutivo porque "si ocho autonomías tienen un acuerdo, es más fácil obtener un consenso".

Pero no solo fueron ellos. También Feijóo, Page y Lambán -Vara apenas lo mencionó- lo destacaron. El presidente manchego, además, dejó la puerta abierta a que otras autonomías se sumasen al foro, que ya se realizó en años anteriores con menos comunidades y que se convocará próximamente en Comillas, convirtiéndose Revilla en el siguiente anfitrión de la cita. "Aquí no se agota el circuito, el formato se está consolidando", señaló Page.

Así, una vez dejaron claro que no era un frente contra el Gobierno, también señalaron que no iban contra otras autonomías, que también se organizan entre sí. Sin ir más lejos, otro de los frentes lo conforman Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, va por libre. La presidenta mostró el lunes sus miedos a que agraviasen a su autonomía y destacó que, pese a ser "consciente" de los problemas de la despoblación, su comunidad está infrafinanciada porque tiene más habitantes que hace una década.

"Es una reforma pendiente"

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló este martes que el Ejecutivo es consciente de que la reforma de la financiación autonómica es "una reforma pendiente" y que no tienen "miedo" a "ninguna reforma". "Tiene que servir de transformación de nuestro país, compartimos que es una cuestión pendiente en la agenda política y que precisa de consensos", aseguró. En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, declaró que la cumbre de Santiago se enmarca en "la normalidad" y la valoró "positivamente si va en la línea de forjar consensos previos" al acuerdo para la reforma de la financiación.

Finalmente, preguntada sobre si el Ministerio de Hacienda cumplirá su promesa de presentar antes de que termine este mes un documento de trabajo con una propuesta sobre cómo ajustar el criterio de población en función de otros factores –como la dispersión, el envejecimiento, etc.– de cara al reparto de fondos, Rodríguez replicó que el Ejecutivo aún "está en tiempo" y que sigue avanzando con los trabajos a buen ritmo.