Una de las #cosas que ha demostrado la pandemia es la dificultad de compaginar la lucha contra el virus con preservar la actividad económica. El choque entre estos dos factores se ha incrementado en las últimas semanas cuando, hasta en dos ocasiones, los políticos –tanto del Gobierno central como de las comunidades– han dado la espalda a los llamamientos de su propios expertos en Salud Pública para que vayan preparando restricciones por si el aumento de contagios de las últimas termina llegando a los hospitales. Por el contrario, el Gobierno insiste en fiar a la vacunación la solución y las comunidades apuestan por exigir el 'pasaporte Covid'. Para los técnicos, sin embargo, lo primero no será suficiente y lo segundo no servirá para frenar el virus.
El último capítulo de esta desconexión entre las medidas que los técnicos creen que deben prepararse y las decisiones de los políticos culminó este martes en la Comisión de Salud Pública, con la aprobación de un singular "semáforo" Covid, con unos indicadores de riesgo más permisivos con el número de contagios y sin las medidas restrictivas que las comunidades deberían tomar asociadas a él, pese a que en borradores previos figuraba adelantar a las 23 horas el cierre de la hostelería y a la 1 las discotecas si empeoraba la situación de los hospitales. Se trataba de un borrador acordado por "unanimidad" por los expertos de la Ponencia, un órgano donde las decisiones suelen tomarse por consenso y no suele hacer falta votar. Pero este apoyo técnico no se trasladó al nivel político, que eliminó la posibilidad de 'tocar' los horarios de la hostelería.
"Se ha aprobado el documento del 'semáforo', solo los indicadores y niveles de riesgo, sin medidas", anunció este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término de la Comisión de Salud Pública. Al no acompañarlo de la relación de medidas que las comunidades deberían tomar en cada caso, como ocurría hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta qué consecuencias tendrá el aumento de contagios.
La ministra no quiso extenderse más sobre las consecuencias de una decisión que ha provocado "perplejidad" entre quienes durante meses se han encargado de preparar los borradores del nuevo 'semáforo', un documento que los técnicos creen que ahora es "molesto" para los políticos, particularmente a las puertas de la Navidad. Son los expertos de Salud Pública de las comunidades que trabajan en la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, un órgano de naturaleza técnica, que el año pasado ya elaboró el primer 'semáforo' (su nombre oficial es el Documento de Actuaciones Coordinadas). La ministra y los consejeros pidieron en septiembre que prepararan una actualización, un proyecto que Darias ha mantenido "congelado" hasta hace dos semanas, cuando los contagios empezaron a subir, lamentan en este foro.
El llamamiento para ir pensando en algunas restricciones no solo lo hacen los técnicos de España. En su último informe, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDE) advierte de que está previsto que la circulación de la variante delta sea "muy alta" en diciembre y enero, "a menos que se apliquen ya medidas no farmacológicas en combinación con el incremento de la vacunación". Este órgano asesor de la Comisión Europea pide priorizar las dosis de refuerzo "a partir de los 40 años".
No tocar la hostelería
Durante todo este tiempo, el Ministerio de Sanidad ha defendido que elaborar un 'nuevo semáforo' no era "prioritario" en una fase en la que el virus estaba "acorralado", en palabras de Darias, una línea con la que coincidió por ejemplo la Comunidad de Madrid. "No tiene ningún sentido ahora mismo", afirmaba este martes su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Tampoco ven la urgencia en Andalucía, satisfechos este martes con un nuevo 'semáforo' que no incluye restricciones. "Andalucía tomará las medidas cuando crea oportuno", apuntó su consejero, Jesús Aguirre.
A pesar de que no había un gran interés a nivel político, el proceso de revisión del 'semáforo' se puso de nuevo en marcha hace una semana, cuando se elevó un primer borrador al nivel de decisión política, a la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de Salud Pública del Ministerio y las comunidades, 'jefes' de los técnicos que lo elaboraron.
En este primer documento los técnicos ya apostaban por elevar el número de contagios que deben tenerse en cuenta como uno de los factores que determina si se está en riesgo bajo, medio, alto o muy alto por Covid y apostaron por intensificar la atención en los ingresos en hospitales y UCI, para ver si el aumento de contagios se traduce en presión hospitalaria, algo que no parece estar ocurriendo en estos momentos. Para compensar, propusieron que si se alcanzaba el nivel alto de riesgo -con una incidencia de a partir de 300 casos-, los locales interiores de bares y restaurantes deberían cerrar.
La Comisión de Salud Pública rechazó el borrador en una reunión en la que ya una mayoría de comunidades exigieron al Ministerio un "marco común" para poder exigir el 'pasaporte Covid'. Fuentes de la Ponencia de Alertas autora del borrador aseguran también que fue por el rechazo a cerrar el interior de los locales de hostelería con un riego -alto-que está dos niveles por encima del actual, que sigue siendo bajo.
Ministerio y comunidades emplazaron a sus técnicos a seguir trabajando y esta semana presentaron un nuevo borrador que eliminaba el cierre de los locales interiores en nivel alto pero introducía la limitación de horarios en nivel de riesgo medio, que es el que se entraría si, con el nivel actual de contagios, empeora la situación en los hospitales.
La propuesta acaparó la atención desde que trascendió el lunes por la noche porque consistía en que bares y restaurantes deberían cerrar a las 23 horas y pubs y discotecas a la 1. Pero tuvo una vida corta, porque este martes volvió a ser rechazada por Ministerio y comunidades, que por segunda vez desoyeron los llamamientos de sus propios técnicos.
En la Ponencia de Alertas se observa con cierta imponencia cómo Gobierno y comunidades siguen estrategias distintas, entre sí, y sobre todo, discrepantes con los que los que sus propios técnicos creen que debería hacerse.
Todo a la vacunación
Por una parte, el Gobierno central lo fía todo a la vacunación, a seguir inmunizando a quienes todavía no lo están y a continuar administrando dosis de refuerzo a los grupos de población que se van señalando para ello. Hace unos días, el presidente, Pedro Sánchez, apeló a la "responsabilidad" de los ciudadanos para que se vacunen y lleven la mascarilla "en los próximos meses".
Dentro de esa estrategia, ya parece lo más previsible que en España se vacunarán los niños de 5 a 11 años si, como se espera, así lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Este martes, Sanidad aumentó la presión sobre los no vacunados anunciando que todas las semanas publicará datos de contagios, ingresos y fallecimientos de vacunados y no vacunados, para dejar claro que todos estos parámetros son peores en quienes no lo están.
"Se cree que con las vacunas vamos bien, y se lo cree de verdad", lamentan fuentes de la Ponencia sobre la insistencia de Darias en las vacunas como único elemento, que consideran insuficiente.
'Pasaporte Covid'
Para los expertos en Salud Pública, tampoco las comunidades están acertando en su estrategia para frenar el virus con su insistencia en exigir el 'pasaporte Covid' para entrar en hospitales, teatros o restaurantes si así lo autorizan los tribunales de justicia.
"No sirve para nada", apuntan en la Ponencia, en línea no solo con las dudas que se expresan desde el Ministerio de Sanidad -"¿de qué sirve?, se preguntó hace unos días Fernando Simón- sino también desde alguno de los gobiernos regionales que estos días ha acudido a pedir el aval de los jueces. Fuentes autonómicas reconocen que es fácil hacer trampas y entrar a un local exhibiendo el documento de otra persona y que, en todo caso, el efecto es más de "presión social" para que los no vacunados se vacunen que evitar contagios.
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