En demasiadas ocasiones su labor pasa desapercibida, pero resulta esencial a la hora de detectar casos de violencia de género y acompañar a la víctima durante todo el complicado camino que emprenden desde que deciden denunciar al agresor. Son las abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales especializadas en esta lacra las que asesoran y prestan apoyo a las mujeres para facilitar su reinserción en la sociedad. Pese a todo, se enfrentan a una precariedad laboral generalizada que dificulta muchas veces su trabajo.

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"No se nos cuida. Tenemos contratos temporales, nunca se nos hace fijas, y eso repercute al final en el trabajo, porque no hay constancia. Además, en nuestro punto, por ejemplo, la jornada más larga es de 20 horas a la semana, a no ser que seas coordinadora. Al final, la mayor problemática es que no tenemos estabilidad laboral", denuncia a 20minutos Eva Atance, trabajadora social en un Punto Municipal de Atención Integral a víctimas de violencia de género, y educadora social en un centro de acogida de Madrid por las tardes.

No son las únicas en esta situación. Abogadas y psicólogas de los puntos municipales de la Comunidad de Madrid enviaron recientemente, junto a las trabajadoras sociales, una carta conjunta a la Directora General de Igualdad para exigir una mejora de las condiciones. En la misiva a la que ha tenido acceso este periódico, las profesionales reconocen sentir "preocupación y malestar" ante la situación de precariedad a la que están abocadas como profesionales en esos puntos de atención integral.

"Nuestro servicio requiere un 'plus' en  cuanto a experiencia, pero no vemos recompensado nuestro esfuerzo"

"El servicio que venimos prestando es especializado en atención a las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias, requiere un 'plus' en cuanto a la formación específica y experiencia especializada requerida, lo que nos lleva a formarnos y convertirnos en expertas en la materia, sin que veamos recompensado nuestro esfuerzo", lamenta. 

Inestabilidad constante

Según explica Carmen López, de la secretaría de mujeres de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), esta situación es fruto de los recortes a los servicios públicos. "Cuando la gente habla de funcionarios no se da cuenta de que abarca desde la Policía hasta los juzgados, pasando por los Servicios Sociales. Si estos son recortados o dados a gestiones privadas, y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras son malas, está claro que no podrán atender a los ciudadanos en las condiciones óptimas". 

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Lo que sucede es que la mayoría de las actuaciones que se llevan a cabo por parte de ayuntamientos o comunidades autónomas -como es el caso de la gestión de los puntos de atención- se hacen a través de programas. "Es decir, que no son personal fijo, van de un año a otro y según el dinero que se aporte a ese programa", especifica López. "Y ya, si nos fijamos en determinados gobiernos autonómicos o locales, el detrimento es mayor", añade. 

En definitiva, la consecuencia más directa de la gestión a través de programas es que, incluso si llevan 20 años trabajando, no tienen por qué ser fijas. "Hay que darle una estabilidad, pero no existe, porque además recortan las jornadas (de ocho a cuatro horas diarias, por ejemplo)", asevera López. 

"La falta de derechos laborales va en perjuicio de la atención"

"Atender a mujeres víctimas sin tener siquiera la seguridad de que al año siguiente vas a estar ahí también les genera ansiedad a las personas que están en el trabajo, por muy profesionales que sean. Ojalá no fuese así, pero la violencia de género no es algo ocasional para que formen parte de un programa. Deberían ser plantilla fija de los ayuntamientos o de las autonomías", reivindica la representante de CCOO.

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Por ello, López considera que la disposición de los servicios públicos deben ir atados a una dotación, porque si no, no se pueden desarrollar. "No es una cuestión de que fallen los Servicios Sociales, es que a veces no hay personas para atender durante 24 horas a las víctimas". ¿El resultado? Un aumento considerable del estrés en estos profesionales que no dan abasto y que, por tanto, no siempre consiguen atender de forma óptima a las personas. "La falta de derechos laborales va en perjuicio de la atención a las mujeres víctimas", denuncia. 

La falta de personal es en parte consecuencia, según destaca, de no haber sido considerados esenciales en la tasa de reposición tras los recortes. Habrá que ver ahora, con la renovación del Pacto de Estado que sí que declara esenciales todos los servicios y recursos de atención integral a las víctimas, si esa situación cambia.  

El germen de esta precariedad e inestabilidad laboral, explica López, no es tanto que se infravalore la labor de estas profesionales, sino que directamente se desconoce. "En la mayoría de jornadas en las que presentamos las deficiencias de cada sector, la gente se queda asombrada. De hecho, hay veces en las que algún que otro ayuntamiento se ha dado cuenta de la importancia de este trabajo y refuerzan el servicio", concluye.

"Si no existiera nuestra figura -denuncia Eva Atance- no se detectarían gran parte de los comportamientos de riesgo o situaciones de violencia de género".