El Gobierno multiplica las reuniones para cerrar la reforma laboral y celebrará Consejo de Ministros también los viernes

El Gobierno acelera para poder aprobar antes de fin de año la reforma laboral, tal y como se comprometió con la UE para poder acceder a 11.494 millones de los fondos europeos. Si hasta hace poco el Ejecutivo y los agentes sociales se reunían una vez a la semana, en noviembre comenzaron a hacerlo dos veces y, esta semana, el Ministerio de Trabajo liderará hasta tres encuentros con patronal y sindicatos para tratar de cerrar ya la negociación: el martes, el miércoles y el viernes. Este último día, además, el presidente Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario. Y lo planeado es celebrar dos Consejos de Ministros semanales durante todo el mes de diciembre, algo que hasta el momento solo ocurría cuando el Gobierno quería aprobar alguna medida de manera extraordinaria.

El Ejecutivo se va a ver obligado a meter una marcha más si quiere cumplir con Bruselas, ya que apenas queda un mes para que aprobar la reforma laboral, algo que pretende hacer por decreto tras alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos. El mes pasado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmaba que los trabajos para poner en marcha estos cambios en la legislación del mercado de trabajo estaban siendo "ágiles", e iba más allá al marcar "noviembre" como la fecha en la que habían "de estar culminados".

Por tanto, el Gobierno afronta las cinco últimas semanas del año como el esprint final de una negociación que comenzó en marzo y que, pese a que ha experimentado varios sobresaltos, aún mantiene a sindicatos y patronal sentados en la mesa. Trabajo es esquivo a la hora de responder sobre cuándo habrá acuerdo, y Díaz se limita a señalar que la reforma estará publicada en el BOE antes del 31 de diciembre, aunque es una incógnita si ese texto llevará la rúbrica de los sindicatos y, especialmente, de los empresarios, que se han descolgado de los últimos acuerdos sociales, como la subida del salario mínimo o el aumento de las cotizaciones.

En las reuniones de las últimas semanas, Gobierno, patronal y sindicatos se han dedicado a hacer un repaso general de los asuntos tratados y a abordar los puntos de la negociación más espinosos. Entre ellos destaca, por ejemplo, el que contempla medidas para reducir el elevado nivel de temporalidad del mercado laboral español, la clave de bóveda de la reforma que quiere aprobar Díaz. Trabajo busca endurecer los requisitos exigidos a las empresas para poder hacer contratos temporales, y también limitar su alcance, algo que no ve con buenos ojos la patronal, que ha acusado a la vicepresidenta de equiparar torticeramente precariedad con temporalidad.

La última propuesta del Gobierno a este respecto establece que los contratos temporales solo podrían tener una duración máxima de tres meses -ahora mismo, con carácter general, el máximo es de tres años en los contratos de obra y servicio- y, además, los trabajadores solo podrían encadenar contratos temporales en una empresa por un máximo de cinco meses. Las compañías tendrían muy tasadas las circunstancias en las que podrían recurrir a este tipo de contrato, y únicamente podrían tener a un porcentaje de sus empleados contratados temporalmente, una proporción que dependería del tamaño de la plantilla. 

Por ejemplo, el Ejecutivo propone que las compañías de uno a cinco trabajadores solo puedan hacer un contrato temporal al año. La cantidad aumentaría a dos contratos de este tipo si la empresa tiene entre seis y diez empleados, mientras en sociedades de entre 11 y 30 trabajadores serían tres los posibles contratos temporales al año. En empresas que cuenten con entre 31 y 100 trabajadores solo podrían ser cinco los contratos o el 8% de la plantilla. Si la compañía tiene entre 101 y 500 empleados, solo se podrían hacer 15 contratos temporales o el equivalente al 7% del total del personal. Y si la empresa tiene más de 500 trabajadores, 30 contratos o el 4% de la plantilla podrán ser temporales.

El nuevo mecanismo de ERTE

El segundo de los grandes puntos a zanjar en estas últimas reuniones con patronal y sindicatos es el diseño del nuevo mecanismo permanente de ERTE que el Gobierno quiere poner en marcha para futuras crisis. Tras desechar una primera propuesta, debido a que tanto sindicatos como empresarios la consideraron "farragosa" y excesivamente compleja, el pasado viernes el Ejecutivo presentó un nuevo texto que fue visto con mejores ojos por los agentes sociales, aunque aún no se ha cerrado el pacto.

El Mecanismo RED -así se llama la herramienta diseñada por el Gobierno- incluiría dos nuevos tipos de ERTE. El primero de ellos serviría para cuando un sector sufriera una crisis estructural que le dificultara mantener su plantilla. El segundo tiene como objetivo establecer un mecanismo permanente para afrontar crisis cíclicas que afecten a toda la economía, por ejemplo, otra pandemia. Los trabajadores que se vieran afectados por alguno de ellos cobrarían una ayuda equivalente al 70% de su salario, hasta un tope de algo más de 1.200 euros, como con los actuales expedientes, y no consumirían tiempo de paro.

La última oferta del Gobierno, no obstante, elimina uno de los puntos que más polémica habían generado en el primer borrador: la posibilidad de que una empresa terminara despidiendo a los trabajadores acogidos a un ERTE, tanto a los que se les hubiera impuesto una reducción de jornada como a los que hubieran sufrido la suspensión temporal de su puesto de trabajo. Tampoco se incluye en la última propuesta la idea inicial de dejar la mitad de la indemnización de estos trabajadores en ERTE despedidos en manos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), lo que hubiera supuesto que el 50% de este pago lo hubiera asumido el Estado.