La OCDE sostiene que la economía española crecerá tan solo un 4,5% este año, un rebote del PIB que se aleja con creces de su última estimación publicada en septiembre, que vaticinaba que España crecería a un ritmo del 6,8% este año. La drástica corrección que ha llevado a cabo el organismo está condicionada por el recorte del dato de PIB del segundo trimestre acometido por el INE en septiembre, una información con la que la institución no contaba cuando publicó sus proyecciones anteriores.
Para el año próximo, la OCDE ha rebajado un punto sus expectativas de crecimiento previas, que pasan de un repunte del 6,6 a otro del 5,5% y traslada la recuperación completa a 2023, año en el que la economía crecería un 3,8%. En consonancia con el resto de analistas, las previsiones de este organismo quedan lejos de las expectativas del Gobierno, que en los Presupuestos Generales del Estado apuntó a que la economía crecería un 6,5% este año y un 7% el siguiente.
La estimación de la OCDE va también en la línea de las últimas proyecciones que han publicado recientemente analistas como la Comisión Europea -que calcula un rebote del 4,6% para 2021 y del 5,5% para 2022- o el panel de Funcas -que estimó un 4,8% para este ejercicio y un 5,7% para el siguiente-.
El organismo destaca que la demanda doméstica será el principal impulsor del crecimiento en un contexto de mayor confianza en los consumidores, mejoras en el mercado de trabajo y condiciones de financiación más favorables. También hace referencia al efecto catalizador de los fondos europeos para la inversión y el consumo privado.
En contraste con la lenta recuperación en la producción, la OCDE apunta en su documento de proyecciones a que los mercados de trabajo han sido más resilientes que en crisis pasadas y que los planes de conservación de empleos [ERTE] "han jugado un papel fundamental a la hora de limitar la destrucción puestos de trabajo y están permitiendo una recuperación más rápida".
Las previsiones estiman que la inflación se mantendrá en niveles elevados en 2022 por el efecto arrastre de los precios de 2021, aunque vaticinan que la inflación subyacente (la que descuenta del cálculo los precios energéticos y de los alimentos no elaborados) será moderada. Para el cierre de este año el organismo anticipa un encarecimiento del consumo del 2,9% en promedio que se elevaría hasta el 3,2% en 2022 para reducirse finalmente al 1,5% en 2023. En este sentido, destacan que la afectación que están sufriendo las empresas españolas por los cuellos de botella en la cadena de suministros es considerablemente menor a la de otros países europeos.
Las grandes amenazas a las que se enfrenta la recuperación española son, para la OCDE, la posibilidad de nuevos rebrotes de la pandemia y que la inflación se cronifique y acabe por filtrarse a los precios finales y los salarios. También señalan la posibilidad de que la crisis haya causado cicatrices en el tejido productivo y que la absorción de los fondos europeos sea más lenta de lo previsto. Por el contrario, una recuperación del turismo más rápida y un mayor impacto de los fondos europeos sobre la economía jugarían a favor de la recuperación española.
Completar la reforma de pensiones
Además del diagnóstico, la OCDE sugiere implantar una serie de modificaciones legales para favorecer el crecimiento. Entre ellas hacen mención a la necesidad de reducir la dualidad en el mercado laboral y de hacer más eficientes las políticas activas de empleo. También ven necesario "eliminar obstáculos regulatorios al crecimiento de los negocios" e impulsar la innovación para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento.
Aunque todavía es prematuro, el organismo advierte de que cuando la recuperación se asiente España deberá retomar la "prudencia fiscal" por su elevada deuda pública. En este aspecto, la OCDE dedica unas líneas a la reforma del sistema de pensiones. Si bien destacan que volver a vincular la subida de las pensiones al IPC ha contribuido a proteger las rentas de los hogares, también consideran que la medida "debería equilibrarse con otras reformas que aseguren la sostenibilidad fiscal a largo plazo".
La OCDE insta finalmente al Gobierno a acelerar la reforma de la Ley Concursal para frenar las insolvencias empresariales. Consideran que el borrador de la ley, que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto, debería aprobarse rápidamente para prevenir un aumento potencial en la insolvencia de las empresas. Además recomiendan acometer reformas estructurales para abordar la fragmentación de los mercados internos que consideran que "puede ser una barrera de entrada y el crecimiento de empresas innovadoras
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