La Guardia Urbana de Barcelona, junto a los servicios técnicos del distrito del Eixample, realizó el pasado 18 de octubre una inspección del local incendiado en el que han fallecido dos adultos y dos niños -uno de tres años y otro de cuatro meses- y concluyeron que no existía un "riesgo inminente" para los ocupantes que requiriera un "desalojo inmediato".
Así lo ha explicado este martes la tenienta de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, en rueda de prensa para actualizar la información sobre el siniestro ocurrido en un local situado en la plaza Tetuán de la capital catalana.
Pérez ha detallado que, durante la inspección, "se comprobó que funcionasen los interruptores de control de potencia del cuadro eléctrico, la ventilación y se valoró y comprobó que la familia tenía suministro eléctrico", y ha asegurado que "si se hubiera detectado un riesgo inminente, se habría actuado inmediatamente como hemos hecho en otros casos".
En este sentido, ha explicado que, durante el 2021, el Ayuntamiento ha realojado a 65 familias "que vivían en locales o asentamientos que se ha valorado en las inspecciones que tenían situación de riesgo". Y es que, en total, según las cifras que ha expuesto la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, en Barcelona hay 86 asentamientos donde viven 384 personas, entre ellas, 53 menores, y también 105 locales en los que viven otras 481 personas, incluidos 156 menores.
Buena vinculación con Servicios Sociales
Pérez ha explicado que las víctimas, que vivían de la recogida de chatarra y compartían local con otros cuatro hombres -que han resultado heridos por inhalación de humo-, estaban siendo atendidas por el servicio especializado SISFAM (Servicio de Intervención Social de Familias con Menores), que ofrece atención a familias con niños a cargo que viven en situación de infravivienda en la ciudad de Barcelona.
La primera intervención del SISFAM con esta familia fue en septiembre de 2020, según ha detallado la tenienta de alcaldía, y, desde entonces, "la familia había tenido una muy buena vinculación con los Servicios Sociales que ha derivado en 88 intervenciones", entre las que se incluyen visitas, entrevistas, acompañamiento a la hora de solicitar servicios y ayudas económicas en necesidades básicas como alimentación o ropa.
"El menor de tres años estaba escolarizado y había una buena valoración de la escuela sobre asistencia y vinculación"
Por otra parte, Pérez ha asegurado que los equipos del SISFAM acudían al local "mínimo una vez al mes, y también se les había acompañado a diferentes servicios de los que tenían necesidad, como a acceder a atención sanitaria y a educación". Sobre esto, ha señalado que, en el momento del incendio "los cuatro tenían tarjeta sanitaria y el menor de tres años estaba escolarizado y había una buena valoración de la escuela sobre asistencia y vinculación".
Además, los equipos sociales "también habían identificado una buena implicación de los padres en el cuidado de sus hijos y no se valoraron indicadores de riesgo. Había un seguimiento pediátrico de los dos menores que se hacía tanto desde Servicios Sociales como con la implicación de los padres, tanto en el seguimiento sanitario como escolar". Es por este motivo que no se activó un "desamparo" de los menores, ya que "se valoró positivamente el seguimiento de los padres. Había una situación de pobreza, pero no de desprotección ni indicios de violencia".
¿Por qué no se ofreció una solución habitacional?
Preguntada sobre por qué no se ofreció una alternativa habitacional a esta familia, Pérez ha contestado que el Ayuntamiento sólo tiene capacidad para ofrecer un alojamiento provisional, que normalmente consiste en una habitación en una pensión, lo que "era peor".
"La familia mantenía en las mejores condiciones este local, que obviamente es infravivienda y no son las condiciones que se deben garantizar, pero la alternativa que podíamos ofrecer era peor, porque era un realojo provisional y porque su vinculación con la chatarra hacía muy difícil que otro tipo de solución habitacional les pudiera encajar", ha detallado.
Situación administrativa irregular, eje principal de exclusión
Pérez también ha apuntado que la situación administrativa irregular de las víctimas "es el eje principal de exclusión tanto de esta familia como de otras en Barcelona", ya que, por una parte, impide "acceder a la mayor parte de las prestaciones de las administraciones", y por otra, "impide buscar trabajo" para poder acceder a una vivienda.
Estas personas "no quieren vivir de ayudas. Quieren trabajar, y muchas ya se están buscando la vida en nuestra ciudad", ha añadido. En este sentido, ha señalado que, desde el Ayuntamiento, "hemos denunciado en repetidas ocasiones cómo la Ley de Extranjería excluye a muchísimos vecinos" y ha emplazado a "abrir una reforma de esta ley para dar oportunidades a quienes ya son vecinos de la ciudad" para que "puedan hacer un proyecto de vida".
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