Alegría confía en que la Generalitat acate la sentencia del castellano y pide "dejar de usar el catalán como arma arrojadiza"

La ministra de Educación, Pilar Alegría, defendió este miércoles que no le corresponde al Gobierno hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la escuela pública catalana a ofrecer un 25% de las clases en castellano. "Es a la Generalitat a la que le debe corresponder acatar esa sentencia", aseveró, al tiempo que lamentó que la oposición utilice el catalán como "arma arrojadiza política". 

El PP, Vox, Ciudadanos y la CUP llevaron al Congreso de los Diputados la sentencia, aunque por motivos muy distintos: los primeros, para exigir su cumplimiento inmediato, y los independentistas, para oponerse al fallo por considerar que es un ataque a la inmersión lingüística, posición que comparte el Govern catalán.

Así, el diputado 'popular', Óscar Clavell, preguntó durante la sesión de control cómo iba a actuar el Gobierno en caso de que se llegue al "extremo" de que la Generalitat decida no acatar la sentencia. "¿Se sube al tren de los constitucionalistas o de los insurrectos?", preguntó Clavell, quien acusó a la ministra de estar convirtiéndose en la "responsable del mayor atropello que se quiere realizar al castellano". 

"Todo el mundo tiene que acatar las sentencias y cumplir la ley", respondió Alegría, asegurando que el Ejecutivo defiende la separación de poderes y el respeto a las leyes. Asimismo, la ministra reprochó al PP de presumir de ser "personas de ley" para luego llamar al "boicot" cuando las leyes les "molestan", remitiéndose al rechazo que mostraron a la LOMLOE y a la aplicación de determinados preceptos de la futura ley de Vivienda. "Quien no tiene plan de gobierno para Cataluña, no lo tiene para España", añadió.

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntó a la ministra qué medidas se iban a adoptar para garantizar el acatamiento del fallo del Supremo. Asimismo, Arrimadas instó a la titular de Educción a "no mirar a otro lado" e pidió al Ejecutivo a que "olvide su deuda con ERC y piense en su deuda histórica con las familias catalanas".

Alegría replicó que "no hay debate" sobre la necesidad de "respetar" y "acatar" las sentencias judiciales y pidiendo a la líder de los 'naranjas" que no se "anticipe a los hechos", pues confía en que la Generalitat "actúe de manera responsable". Así, echó en cara a Arrimadas y al partido que representa que usen "siempre" la lengua "como un arma arrojadiza" para "recobrar un protagonismo que han perdido hace tiempo". 

Desde un plano contrario abordó la cuestión la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien planteó su pregunta en "defensa de la diversidad lingüística, a diferencia del PP y Cs, que lo hacen con alergia a la diversidad". Vehí reprochó a Alegría que hable de la sentencia "como si fuera neutra o ajena a una dinámica catalanófoba del Supremo" y aseguró que el fallo forma parte de una "guerra a la lengua catalana".

"La sentencia no va en contra del catalán, de la misma forma que defender el catalán no significa ir en contra del castellano, o viceversa", declaró Alegría en respuesta a la intervención de Vehí, al tiempo que recordó que la inmersión lingüística lleva reconocida en la ley catalana más de cuatro décadas. "Es el modelo por el que nosotros siempre hemos apostado, y por eso queda refrendado en la LOMLOE, que no apoyaron", concluyó Alegría, apelando también en esa dirección a que "dejen de usar el catalán como arma arrojadiza en la política". 

El cumplimiento del fallo corresponde a la Generalitat

En diciembre de 2020, el TSJC dictó una sentencia en la que ordenaba a "adoptar las medidas que sean necesarias" para garantizar que todos los alumnos catalanes reciban la enseñanza "de forma efectiva e inmediata" mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, "que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

La Generalitat recurrió el fallo en noviembre de este año, pero el recurso fue finalmente rechazado recientemente por el Supremo; lo que por parte del Govern ha sido recibido como "un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán", en palabras del conseller de Educació, Josep González-Cambray.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá redactar ahora una providencia de devenir firme de esa sentencia, pero lo hará sin ningún plazo establecido, tal y como está fijado en la ley. Una vez dictada, la justicia catalana tendrá diez días para transmitirle a la Generalitat la firmeza de la sentencia y ordenarle que la ejecute. Mientras tanto, el Gobierno central no puede adoptar ninguna medida, pues ejecutar el cumplimiento del fallo corresponde, en estos momentos, al TSJC y a la Generalitat.