La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este miércoles que el Gobierno va a prorrogar la bajada de los impuestos que afectan a la factura eléctrica durante el primer cuatrimestre de 2022.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Montero ha confirmado que las medidas fiscales adoptadas para paliar la subida de la electricidad se mantendrán durante los cuatro primeros meses del próximo año.
"Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañan a la factura de la luz", ha señalado Montero, sin detallar si esta extensión afectará a todos los tributos rebajados.
A lo largo del pasado año, el Gobierno bajó el IVA de la electricidad del tipo general (21 %) al reducido (10 %); suspendió el impuesto a la generación eléctrica, que es del 7 %, y bajó el impuesto especial de electricidad que reciben las comunidades autónomas.
Con estas medidas fiscales, que tienen un impacto anual en las cuentas públicas de entre 4.000 y 4.500 millones de euros, el Gobierno pretendía paliar el impacto en la factura de la luz del encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista.
Ya en la presentación de los Presupuestos en el mes de octubre, Montero aseguró que había "holgura" en las cuentas para prorrogar las medidas, que vencen el 31 de diciembre, en caso de que fuera necesario, algo que se va a hacer para el primer cuatrimestre de 2022.
Ese mismo martes, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señalaba que el Gobierno barajaba "distintas medidas, entre ellas fiscales" para suavizar el efecto del encarecimiento de la electricidad, aunque descartó que fueran tan amplias como las vigentes este año.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó este miércoles un su máximo histórico, con una media de 291,73 euros el megavatio hora (MWh). Para este jueves, registrará un nuevo máximo al situarse en los 302,48 euros/MWh, un 3,7 % superior al máximo de este miércoles.
El Gobierno insiste en su promesa
Mientras tanto, el Ejecutivo insistió este miércoles, por boca de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "la inmensa mayoría de los hogares" pagará este año menos factura de luz que en 2018, si bien admitió que "algunos [pagarán] lo mismo y otros, más".
Ribera respondió así al diputado del PP Juan Diego Requena, que cuestionó que Sánchez vaya a cumplir su promesa de que "todos los consumidores" con un consumo medio paguen a final de este año lo mismo que en 2018, descontado el efecto de la inflación, compromiso que también dan por imposible las asociaciones de consumidores. Pablo Casado, líder de los populares, afirmó por su parte que "nadie se cree" la promesa de Sánchez y le pidió que suprima el impuesto de generación eléctrica y baje el IVA del 10% al 4%.
La vicepresidenta insistió en que la inmensa mayoría de hogares "pagarán lo mismo o un poco menos, algunos lo mismo y algunos algo más". Lo cierto es que Sánchez hizo esa promesa en septiembre a "todos los consumidores", mientras que ahora la Moncloa ha matizado ese compromiso y pone el foco en que "de media" los hogares pagarán lo mismo.
El motivo es que las rebajas fiscales y de costes fijos han permitido que baje la factura de los consumidores con tarifas más estables, pero no han amortiguado en su totalidad la subida imparable de la tarifa regulada, más dependiente de los precios mayoristas.
El Ejecutivo mira a Europa
Por lo demás, Ribera insistió en que este problema debe abordarse "con el conjunto de los países europeos", entre los cuales hay varios donde el precio de la luz es superior al de España en sus respectivos mercados mayoristas.
En este sentido, Sánchez viajó este miércoles a Bruselas para participar en una cumbre de la UE con los países de su frontera oriental y al último Consejo Europeo del año, donde confía que se avance en su propuesta de buscar soluciones conjuntas ante el alza de los precios de la energía.
El Gobierno reconoce que es difícil conseguir todo lo que se propone, aunque confía en que se puedan aprobar medidas, especialmente la propuesta para una compra conjunta de gas natural en la que podrían participar todos aquellos países comunitarios que voluntariamente se adhirieran al mecanismo, lo que a juicio del Ejecutivo permitiría a la UE tener una mejor posición negociadora y obtener gas a precios más competitivos.
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