PSOE y UP presentarán en enero una Ley contra la Trata que protegerá también a las víctimas en situación irregular

PSOE y Unidas Podemos presentarán de forma conjunta en enero la nueva Ley contra la Trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños. La norma, que se expondrá ante el Congreso de los Diputados, busca perseguir los delitos de trata y garantizar la atención, protección y recuperación de las víctimas, incluso aunque estas se encuentren en situación irregular.

Según han confirmado fuentes de Unidas Podemos a 20minutos, la futura ley incluirá un Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución y explotadas sexualmente, "para garantizar sus derechos y alternativas vitales a todas ellas". En esa línea, aseguran que la meta es expandir la protección a todas las víctimas, por lo que subrayan que el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular "no será un impedimento al acceso a todos sus derechos como víctimas". 

Ambos grupos han comenzado ya a trabajar en la redacción de la norma para que inicie su camino parlamentario con la entrada del nuevo año. La iniciativa fue anunciada en el mes de abril por la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando adelantó la puesta en marcha de un plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual, dentro del cual se incluiría esta nueva ley. Se abrió, entonces una consulta pública, ya cerrada, en la que se especificaban los puntos clave del proyecto normativo, 

Remitiéndose a estudios internacionales y advertencias de diversas organizaciones, el departamento de Montero puso de relieve en el documento los "problemas que la legislación actual es incapaz de solucionar", fundamentalmente en lo que se refiere a la atención, protección y acceso a la justicia por parte de las víctimas. Así, propusieron una ley integral que intente solucionar uno de los obstáculos que consideran más habituales en la actualidad, como el hecho de que se tienda a la penalización de la víctima en lugar de su protección. 

"La futura ley de trata deberá incorporar una perspectiva de derechos humanos capaz de situar a las víctimas en el centro de las actuaciones, pudiendo perseguirse el delito de trata y conexos sin que sea necesaria la participación de la víctima en el proceso penal, evitando así su revictimización. Además, deberá adoptarse con un enfoque integral que abarque todos los tipos de trata, con independencia de sus fines, ya sea trata nacional o internacional", rezaba el texto expuesto públicamente. 

El fin, en definitiva, es penalizar a los que potencian, mantienen y se lucran de la explotación sexual, y no a las propias víctimas. Un enfoque que va muy en línea con la Ley Orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual -más conocida como la ley del 'solo sí es sí'-, en la que se introdujo la tercería locativa en el Código Penal, que sanciona a quien destine "un inmueble u otros espacios asimilables" a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, con o sin su consentimiento. 

Ya en octubre, fuentes de Igualdad avanzaron a este periódico el Plan de Inserción Sociolaboral en el que se estaba trabajando junto al Ministerio de Trabajo para ofrecer "una alternativa vital" a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, y también mujeres en contextos de prostitución. 

No obstante, todavía no se ha aclarado si se llevará adelante la reforma de la Ley de Extranjería que planteó Montero para regular la situación administrativa de las mujeres inmigrantes, y que tengan así acceso a derechos como la vivienda, el trabajo, abrir una cuenta bancaria o tener acceso a la sanidad, a la educación o a la justicia, entre otros. Y es que, según un informe de Médicos del Mundo, alrededor del 80% de las 350.000 mujeres que -se estimó- están en situación de prostitución en España son extranjeras en situación irregular. Una cifra que, según la ONG, "evidencia" la conexión evidente entre prostitución y migración.