El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, investigará si la Generalitat de Cataluña está protegiendo al menor de Canet de Bar, Barcelona, y a su familia, tras la "presión social y política" a la que están siendo sometidos tras haber logrado que los tribunales reconocieran su derecho a recibir un 25% de las clases en castellano en su colegio. PP y Ciudadanos ya habían solicitado medidas a Gabilondo, que no es el único que busca la protección del pequeño: también lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según informaron fuentes de la institución, Gabilondo, que actuó de oficio, pidió conocer "las medidas adoptadas o que se puedan adoptar" por parte de la Generalitat para la "efectiva protección" del menor y su familia "singularmente en el ámbito docente y educativo". Pero no solo: también solicitó información sobre las decisiones tomadas tras la petición del propio TSJC, que en una providencia hecha pública el pasado 10 de diciembre ya pidió a la Generalitat proteger los derechos del menor.

Fue este tribunal el que dictó en última instancia que la Comunidad catalana debía impartir al menos un 25% de las clases en castellano, como había dictado con anterioridad el Tribunal Supremo. El asunto tiene su origen en 2015, cuando el entonces Ministro de Educación, Cultura y Deporte del PP, Íñigo Méndez de Vigo, demandó a la Generalitat por su "inactividad" para hacer efectivo el uso del castellano en "proporción razonable" en las escuelas de la comunidad.

El TSJC ordena a la Generalitat proteger al menor de Canet cuya familia pidió recibir el 25% de clases en castellano

Así, las mismas fuentes aseguran que Gabilondo transmitió a la Consellería de Educación su "preocupación" por la situación de la familia y preguntó si existen "casos similares". "El ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos”, señaló.

La actuación del Defensor ya la solicitaron tanto PP como Ciudadanos. Además de pedir explicaciones en el Congreso, instaron expresamente a Gabilondo para que se involucrara en este caso. "Es un escándalo que una lengua que hablan 500 millones de ciudadanos se intente prohibir en España y se ataque en Cataluña a familias por querer educar a sus hijos en español", señaló el líder del PP, Pablo Casado.

"Nos encontramos aquí ante una clara inacción tanto de la Generalitat de Cataluña como, sobre todo lo más indignante, del Gobierno de España, que tendría que estar protegiendo el derecho de los ciudadanos a la educación también en castellano y que tendría que estar velando por el cumplimiento de las sentencias", justificó, por su parte, Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.