El debate sobre la vacunación obligatoria vuelve a abrirse en un contexto de crisis sanitaria provocada por la covid-19, donde los poderes públicos vienen llevando a cabo intervenciones urgentes que afectan derechos fundamentales y libertades públicas. 

El pasado 1 de diciembre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, señaló que había que tener un debate sobre la conveniencia de hacer la vacunación contra la covid-19 obligatoria, dado que solo el 66,2 % del total de la población estaba entonces plenamente inmunizado.

Von der Leyen subrayó que expresaba una "opinión personal" ya que las competencias sanitarias en la Unión Europea (UE) recaen "plenamente" sobre los Estados miembros. 

En este sentido, el exministro de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, dijo este lunes que cree que la vacunación contra la covid-19 podría ser obligatoria en España dado que "no" existe "ninguna cláusula constitucional" que lo impida.

A la vista de la experiencia acumulada son cada vez más los Estados miembros que están encontrando acomodo constitucional a la necesidad de activar medidas de vacunación obligatoria. Así, algunos países como Alemania, Austria o Grecia tienen previsto hacer la vacunación obligatoria a principios de 2022. En Italia la inmunización ya es obligatoria para sanitarios y profesores y en Francia todo su personal esencial en contacto con el público tiene que estar vacunado si no quiere que le retiren el sueldo.

¿Pueden implantar los poderes públicos competentes la vacunación contra la covid-19 obligatoria en España? La discusión tiene tres aristas: el encaje legal, el debate ético y, finalmente, si es conveniente.

En España la vacunación es voluntaria

La vacunación en España es voluntaria, nuestro ordenamiento jurídico no contempla explícitamente el deber de vacunación y, en principio, nadie puede ser obligado. Sin embargo, según indica el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), hay determinadas situaciones especiales en materia de salud pública donde se puede imponer la inmunización forzosa.

Por ejemplo, en 2010 un juzgado de Granada obligó a vacunar a un colectivo de niños en un brote de sarampión en un colegio. "Ya existen casos anteriores en nuestra historia. En 1943 se hizo obligatoria la vacuna de la difteria y a principios del siglo XX, en 1903, también la de la viruela.", explica a 20minutos Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea.

Guinea coincide con López Aguilar: "Tiene razón, no hay ningún precepto en el ordenamiento que lo impida. De hecho el artículo 43 de la Constitución indica que los poderes públicos tienen el deber de proteger la salud". En todo caso, la obligatoriedad de la vacuna no consiste en que te lleven de la mano al centro de salud a vacunarte. "Si no te vacunas se te sanciona económicamente y esto es un factor a tener en cuenta porque podría derivar en desigualdades", dice el experto.

La obligatoriedad puede interferir con las libertades individuales

El debate entre privacidad, libertad y salud pública está teniendo lugar en toda Europa. Es difícil encontrar el punto de equilibrio entre la preservación de la vida y de la salud pública con la privacidad.

España ratificó el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina impulsado por el Consejo de Europa y suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. "Es un texto jurídico que no llama a invadir el cuerpo humano, tiene que ser la persona libre y de manera consentida la que autorice", explica Guinea.

Según el experto habría que crear una Ley Orgánica para hacer obligatoria la vacuna, la ya discutida Ley de Pandemias, porque la decisión "conllevaría una restricción de derechos humanos importante". Además, "tendría que pasar por la aprobación de las Cortes y no parece que haya mucho consenso".

Podría alimentar teorías negacionistas

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que esta medida solo debe contemplarse como "absoluto último recurso". Guinea coincide: "Hay muchas otras medidas no farmacológicas y no invasivas que se pueden tomar, por ejemplo, promocionar el teletrabajo, la distancia de seguridad o evitar las aglomeraciones en las calles".

López Aguilar defiende que hay que seguir la estela italiana y vacunar antes que nada "al conjunto de los funcionarios públicos" y segundo a "aquellos trabajadores que no pueden teletrabajar y por tanto tienen que presentarse en los locales donde ejercitan su prestación de trabajo".

No hay vacunación obligatoria de los sanitarios en España, salvo casos de epidemia y grave riesgo para la salud pública. La profesiones sanitarias constituyen un grupo de riesgo, motivo por el que forman un grupo diana en materia de vacunación, tanto por razones de salud pública como de salud laboral, indica la AEP. "No procede actualmente sanción alguna al sanitario que, en ejercicio de su autonomía, decide no vacunarse, ni siquiera en unidades de alto riesgo", indica Guinea.

"Al final, cuando abrimos un debate hay que tener en cuenta las condiciones", dice Guinea. En España hay un 89,9% población mayor de 12 años vacunada según datos del pasado lunes, una tasa muy superior al resto de los países vecinos. "Entiendo que otros países europeos se lo planteen, pero creo que es contraproducente en España porque puede generar rechazo y alimentar teorías conspirativas y negacionistas".