La Inspección de Trabajo ha concluido que Ferrovial vulneró el derecho de huelga de los trabajadores del 112 de Reus (Tarragona) en Sant Joan. Los empleados convocaron una huelga el pasado 23 de junio de cara a la verbena y denunciaron que la empresa había actuado incorrectamente.
En el informe de la inspectora de trabajo se apunta que dos trabajadores con la categoría de coordinadores realizaron tareas de gestores y teleoperadores. Esta "movilidad interna" por trabajo se considera "un ejercicio abusivo de poder" que produjo "una reducción de los efectos de la huelga". Por todo ello, ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Según el comité de huelga, podría inhabilitarse a Ferrovial para ser contratada por el sector público.
El informe de la Inspección de Trabajo se firmó el pasado 30 de noviembre, después de que la inspectora hubiera escuchado a ambas partes durante el mes de septiembre. El documento expone que la huelga "es un derecho constitucional", por lo que "ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir al trabajo de sus compañeros".
El procedimiento administrativo sancionador que se ha iniciado será resuelto por el jefe de la sección de relaciones colectivas y sanciones del Departamento de Trabajo, en Tarragona, en calidad de autoridad laboral competente.
El comité de huelga del 112 ha apuntado en un comunicado que este procedimiento sancionador "abre la puerta a posibles demandas judiciales por atentar contra los derechos fundamentales de los trabajadores", que "podrían inhabilitar a la empresa para ser contratada por el sector público durante un período máximo de cinco años, en función de lo que dictamine la sentencia".
Los trabajadores del 112 continúan en huelga indefinida y han lamentado que "Ferrovial, lejos de buscar una solución al conflicto, se enroca en una posición inmovilista que parece no tener fin, mientras vulnera los derechos de la plantilla ante la inacción de la Generalitat".
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