El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el esperado bono joven del alquiler, una ayuda que ascenderá a 250 euros para aquellas personas de entre 18 y 35 años cuyo sueldo no supere los 24.318 euros. La prestación se cobrará con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, tendrá una duración de dos años -2022 y 2023- y de ella podrían beneficiarse hasta 70.000 jóvenes, según los cálculos del Ejecutivo.
El precio máximo del alquiler para optar a la ayuda se ha establecido en 600 euros mensuales, una cuantía que se rebaja a los 300 euros si se trata de una habitación. No obstante, previo pacto con el Gobierno, las Comunidades Autónomas tendrán la competencia para aumentar estos límites hasta los 900 euros por piso y 450 euros por habitación.
La medida ha sido bien recibida en líneas generales, al menos como una solución coyuntural. Los jóvenes, con salarios inferiores a los 18.000 euros brutos anuales en el caso de los menores de 30 años, cada vez tienen mayores dificultades de acceso a la vivienda y llega en un momento en el que la emancipación juvenil en España marca niveles nunca visto en más de dos décadas: solo un 15,8% de personas de entre 16 y 29 años viven independizados de sus padres, según el Observatorio de Emancipación Juvenil, elaborado por el Consejo de la Juventud.
"La concesión de ayudas finalistas se traslada al precio"
Pero no todos son buenos augurios. Algunos expertos inmobiliarios han advertido que la iniciativa tendrá un impacto limitado al tratarse de una decisión cortoplacista que no actúa sobre la oferta y que podría provocar un aumento de los precios y la aparición de un mercado negro.
"Me parece bien porque hay un grave problema de acceso a la emancipación de los jóvenes, que es un colectivo con menos ingresos, pero debe ir más allá de esos dos años", afirma Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, quien tacha la medida de "más conyuntural que estructural". Corral habla de una ligera subida de precios "si se incrementa la demanda y se mantiene la oferta", pero no de forma generalizada, ya que 70.000 personas no son suficientes para generar un alza grande de las rentas.
Ferran Font, director de estudios del portal pisos.com, por su parte, destaca el "objetivo loable" del bono joven pero asegura que históricamente "la concesión de ayudas finalistas se traslada al precio", como ya ha sucedido en Alemania o Francia. "Cuando estas ayudas se aplican en un parque de vivienda rígido, sin capacidad de crecer, se produce el efecto contrario a lo que se busca", sentencia.
Font advierte además que esto puede dar pie a la aparición de un "mercado negro" en el que una parte del alquiler se pague directamente en mano al propietario y llama la atención sobre que el límite del alquiler se fije en 600 euros: "En grandes capitales como Madrid o Barcelona, a ese precio no es posible alquilar en la actualidad una vivienda digna".
"La concesión de ayudas finalistas se traslada al precio"
Para Carlos Amigo, de la plataforma de alquiler HousingAnywhere, "esta medida puede ser una ayuda puntual para independizarse", aunque "no asegura que el problema remita: la poca oferta de vivienda en alquiler que provoca la subida de los precios". "Puede estimular el inicio de la independencia de los jóvenes, pero tendrá un impacto limitado en el largo plazo si no se aborda simultáneamente la causa principal", añade.
Francisco Iñarreta, portavoz del portal inmobiliario idealista, opina, por su parte, que habrá un incremento de precios y califica de "voluntarista" pero "equivocada" la ayuda porque no pone el foco en la clave para lograr un parque de vivienda en alquiler asequible: generar un mayor volumen de oferta que disipe las tensiones con la demanda del mercado.
Advertencia del Banco de España
El Banco de España ha alertado tras analizar en un estudio ejemplos de políticas de intervención del mercado de la vivienda en países como EE UU, Francia y Reino Unido que que subvencionar los alquileres se traduce en una subida de las rentas especialmente en contextos de "fuerte crecimiento de la demanda" ante "episodios de escasez de vivienda", como es el caso de España.
"El riesgo de una política de subsidios en un mercado con una oferta rígida es la traslación de estos a los precios, lo que crea una transferencia de rentas (y de recursos públicos) hacia los propietarios de las viviendas en alquiler, con un impacto potencialmente limitado sobre las condiciones de accesibilidad para los inquilinos", señala el documento elaborado por David López-Rodríguez y M.ª de los Llanos Matea.
El Gobierno confía, sin embargo, en que limitar el precio de los alquileres que pueden optar a esta ayuda a 600 euros (o 900 si así lo deciden las autonomías) sirva como contrapeso a esa posible transferencia de rentas.,
El precedente con Zapatero
Al margen de las previsiones de los expertos, existe un precedente de cómo ha funcionado en nuestro país una medida de similares características. Se trata del cheque-vivienda que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011. La llegada a Moncloa de Mariano Rajoy (PP) supuso el final del cheque-vivienda ante las exigencias de la Unión Europea a España para que redujese el déficit.
La subvención tenía una cuantía de 210 euros mensuales para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de entre 22 y 30 años. Para acceder a la prestación, los jóvenes tenían que estar ocupados y con ingresos máximos de 22.000 euros anuales, bien del trabajo por cuenta ajena, autónomos o parados con prestación de desempleo o becarios. También lo podían solicitar los extranjeros con cuatro años de residencia legal en España.
En esos cuatro años, los precios de los alquileres no solo no aumentaron sino que bajaron ligeramente. Según datos del portal idealista, el precio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en España en enero de 2008, cuando entró en vigor la medida, era de 8,3 euros mientras que en diciembre de 2011 disminuyó hasta los 8,1. En ese tiempo, llegó incluso a bajar hasta los 7,6 euros/m2 en el año 2009.
Fuentes del sector consultadas por 20minutos coinciden en que este comportamiento del mercado se debió a la fuerte crisis económica que vivió España, donde entre 2008 y 2011 la tasa de desempleo alcanzó el 22,56%, lo que suponían más de 5,2 millones de personas sin trabajo. Esta situación frenó la aspiración de emancipación de miles de jóvenes y el regreso al hogar familiar de muchos de aquellos que ya se habían independizado.
En la actualidad, pese a los daños económicos causados por la pandemia del coronavirus, todo es distinto. Todos los informes macroeconómicos indican que entre finales de 2022 y principios de 2023 se recuperarán los niveles previos a la pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía española crezca este año un 5,8%.
La nueva ley de vivienda pone límites a los alquileres
A la espera del desarrollo de los acontecimientos, el Gobierno tiene previsto seguir adelante con el texto de la ley de vivienda -el bono joven forma parte de la misma- "tal y como está", sin hacer cambios pese a que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, por una amplia mayoría de quince votos a seis, rechazar la propuesta del borrador que presentó la semana pasado el vocal Álvaro Cuesta. El próximo 27 de enero se analizará un nuevo texto con nuevos ponentes.
Una de las novedades más destacadas de la norma es que introduce un mecanismo de regulación de los alquileres. Sería la primera vez que en España se pone en marcha una medida de intervención estatal en el mercado de arrendamiento.
El texto también establece la exigencia de reservar al menos un 30% de las nuevas promociones de vivienda a inmuebles de "protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso".
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