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Sánchez y Díaz, a la caza de 21 escaños: las cuentas del Gobierno para aprobar la reforma laboral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una sesión plenaria.
Europa Press

Han pasado tres semanas desde que el Consejo de Ministros aprobase la reforma laboral. Lo hizo a tres días de que finalizara el año -plazo al que se había comprometido con Bruselas- y tras meses de negociaciones entre patronal y sindicatos con el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, como árbitro. El texto ya está en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en menos de dos semanas -previsiblemente, el 3 de febrero- afrontará una votación clave, pues el Congreso decidirá si valida el decreto, lo tramita como proyecto de ley o lo tumba. El deseo del Ejecutivo es que se apruebe sin modificaciones, pero los números todavía no dan: les faltan 21 'síes' para alcanzar la mayoría absoluta.

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De momento, lo que sí dan por hecho es que la reforma terminará siendo aprobada, ya que también les valdría sumar más 'síes' que 'noes'. Al menos así lo afirman desde el PSOE. "Estoy segura de que se aprobará", declaró este jueves la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra. La pregunta, entonces, es con quién. En las últimas elecciones generales, el PSOE sacó 120 escaños y Unidas Podemos, 35. En total, son 155 escaños con los que cuenta el Ejecutivo, una cifra que les distancia en 21 de los 176 que marcan la mayoría absoluta

En la postura del 'no' se sitúan, sin lugar a dudas, 153 diputados: los 89 del Partido Popular; los 52 de Vox; Junts, con ocho diputados; la CUP, con dos; BNG y Foro Asturias, ambos con uno.  Por contra, el Ejecutivo seguramente también pueda contar en su haber con los dos votos de Más País y con otro de Compromís. Si bien ambas formaciones han mostrado su intención de negociar mejoras, han rechazado posicionarse en el 'no' rotundo, con lo que la cuenta del Ejecutivo alcanzaría los 158, a los que se podrían sumar los seis diputados del PNV.

En un principio, los vascos tampoco aceptaban la reforma tal y como salió de la mesa del diálogo social. No obstante, su petición de que tenga prevalencia de los convenios autonómicos es "fácil de cumplir" y podría allanar el camino. Al menos así lo ven ellos. "Solo hemos puesto una condición, y no es difícil de cumplir porque lo que pedimos que suceda ahora ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo", señaló el miércoles el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. En una entrevista en Radio Euskadi, explicó que "cuando haya controversia en los convenios de empresa, que siempre hay que tener una referencia a un marco de protección mínimo para los trabajadores, ese marco de referencia debe ser el convenio autonómico, en nuestro caso el acuerdo interprofesional vasco que, además, está firmado con el aval del 100% de los sindicatos y la patronal".

Si este extremo termina confirmándose, al Gobierno tan solo le faltarían 12 escaños para alcanzar la absoluta. Para ello, deberá decidir si apuesta por la vía de ERC (13) y Bildu (5), que suman 18, o la de Ciudadanos, con nueve (tenía 10, pero uno se fue al Grupo Mixto), y algún partido minoritario más, como Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) o el Partido Regionalista Cántabro (1). Y en esta dicotomía se encuentra la coalición, puesto que las exigencias de los nacionalistas catalanes y vascos sacarían a la patronal del acuerdo si el Gobierno accediese a cumplirlas. La principal diferencia entre estos partidos y el Ejecutivo es la forma de tramitarse de la reforma laboral, ya que quieren tener margen presentar a enmiendas y desdibujar el texto resultante de las negociaciones entre patronal y sindicatos. Si esto pasara, los empresarios ya han advertido de que se levantarán del acuerdo. No quieren que se cambie "ni una coma".

Es por ello que los socialistas ya se plantean la 'vía naranja', pese a las reticencias de sus socios 'morados'. De momento los 'naranjas' se dejan querer. Cierto es que en estas semanas se han ofrecido en varias ocasiones para salvaguardar el acuerdo y que los socios nacionalistas del Gobierno no lo "empeorasen", pese a que son críticos con la reforma. Eso sí, el miércoles fueron un paso más allá: Edmundo Bal, portavoz de los 'naranjas', confirmó que había habido contactos "a distintos niveles" con la patronal y se sumarán a su petición de no cambiar el acuerdo. "Les exigiremos [al Gobierno] que no se toque ni una coma y les preguntaremos cómo podemos seguir reformando a futuro", respondió a la pregunta sobre posibles conversaciones con el Ejecutivo.

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