El nuevo borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de vivienda, filtrado este lunes y que se votará el viernes, abre una grieta de desconfianza en el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales confirman que la ministra Ione Belarra comenzará este mismo martes una ronda de reuniones con colectivos sociales de vivienda y con CCOO y UGT. Y lo hará, sostienen estas fuentes, por el temor que existe en el ala del Ejecutivo de Unidas Podemos por la posibilidad de que el PSOE se arredre ante las críticas contenidas en ese informe y se abra a hacer cambios en la norma, algo que los socialistas han descartado públicamente.
Fuentes del ministerio capitaneado por la secretaria general de Podemos aseguran que no pueden "ocultar" su "preocupación" ante la posibilidad de que el PSOE, a través del Ministerio de Transportes, "pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la ley de vivienda ante un previsiblemente duro informe del CGPJ". De ahí que Belarra haya decidido hacer presión para visibilizar públicamente "el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".
La ronda de contactos que pondrá en marcha la ministra incluirá organizaciones como la Coordinadora de Vivienda de Madrid -que agrupa las Comisiones de Vivienda de las Asambleas 15M, la PAH y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)- o el Observatori DESC. Belarra también se reunirá en persona, además, con CCOO y UGT, que siempre se han mostrado proclives a que el Gobierno ponga en marcha una regulación de precios del alquiler más ambiciosa que la contenida en el anteproyecto de ley. Y fuentes de su entorno explican que otras organizaciones, que no detallan, se reunirán con personas de su equipo.
Fuentes de Derechos Sociales, además, se muestran muy duras con la actuación del CGPJ y con las críticas que vierte en su borrador de informe de la ley de vivienda. Para el ministerio de Belarra, el órgano de gobierno de los jueces se está extralimitando en sus funciones porque "solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma" en su integridad. Para más inri, además, Derechos Sociales recuerda que el CGPJ se encuentra "en una situación excepcional que tiene el mandato caducado desde hace tres años".
Transportes descartó cambios
Los temores de Derechos Sociales, no obstante, trató de disiparlos la semana pasada la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros aseguró que su idea es la de "defender el texto" pactado entre PSOE y Unidas Podemos pese a las críticas del CGPJ.
"Respetamos y respetaremos las consideraciones del CGPJ", pero el Gobierno está "desarrollando una ley de vivienda que cumple escrupulosamente con todos los trámites en tiempo y forma, y también en contenido", sostuvo Sánchez.
La afirmación de la ministra se produjo apenas un día después de que la propia Sánchez se mostrara abierta a cambiar artículos de la ley de vivienda si el CGPJ rechazara darles luz verde. "En el momento en que se produzca lo valoraremos y, evidentemente, tomaremos en consideración el contenido del informe para poder adaptar la ley, si es preciso, a las consideraciones que se realicen", señaló el lunes la ministra, mientras fuentes de Moncloa añadieron que, en todo caso, podrían estar dispuestos a retocar "aspectos técnicos".
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