El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el real decreto para revalorizar las pensiones en función de las subidas de los precios del consumo reflejadas en el IPC. De esta forma, a partir de ahora los pensionistas quedan blindados ante las subidas en el coste de la vida que puedan producirse en el futuro, una protección que no se ha extendido a otros colectivos. 

Tras la aprobación del decreto, las prestaciones contributivas de los pensionistas crecerán un 2,5% este año, un incremento equivalente a las subidas de precios registradas en el IPC entre los meses de noviembre de 2021 y 2020 en promedio. Además, las pensiones mínimas y no contributivas crecerán un 3% para frenar la pérdida de poder adquisitivo entre la parte más vulnerable del colectivo, algo que afectará también a quienes perciben el ingreso mínimo vital, que está vinculado directamente a la prestación mínima. 

La revalorización de las pensiones supondrá una ganancia de 651 euros anuales para el pensionista promedio del sistema, que ahora cobrará 16.424 euros al año frente a los 15.774 que percibía en 2021. En el caso de las jubilaciones, con datos a 1 de enero, la prestación media aumenta 854 euros, pasando de 16.589 el primer día de enero de 2021 hasta 17.443 este año. No obstante, una pequeña parte de esta subida está causada también por el progresivo aumento de la pensión media con la que se están jubilando las últimas generaciones en incorporarse al sistema.

A esta subida hay que añadirle, además, una compensación adicional que los pensionistas recibirán este mes por una inflación más elevada de lo previsto por el Gobierno en 2021. La conocida como 'paguilla' -que desaparecerá a partir de este año- supondrá una subida adicional del 1,6% en las prestaciones. En conjunto la revalorización y la paguilla costarán a las arcas públicas 6.500 millones de euros, según datos del Ministerio de Inclusión.

Tras anunciar la aprobación del decreto, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido que España ha pasado de una reforma "que congelaba el poder adquisitivo de los pensionistas a otra que incrementa los ingresos y da dignidad a quienes las perciben". Además, ha subrayado que la revalorización se ha acordado en el marco del diálogo social y el Pacto de Toledo.

"Estamos moviéndonos de un marco que ponía el énfasis en los recortes y la austeridad a un marco que garantiza el poder adquisitivo indefinidamente y en todo momento", ha dicho, por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

Dudas sobre la sostenibilidad del sistema

Precisamente sobre estas últimas palabras del ministro es donde varios expertos y organismos ven menos clara la cuestión. La revalorización de las pensiones en función del IPC que este martes entra en vigor fue una decisión tomada por consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos y formaba parte de la denominada primera pata de la reforma del sistema.

La aprobación de la segunda pata, de la que hasta ahora solo ha trascendido el mecanismo de equidad intergeneracional, ha sido más conflictiva. Básicamente este mecanismo pasa por subir las cotizaciones sociales seis décimas entre 2023 y 2032 con la idea de volver a llenar el maltrecho Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como hucha de las pensiones. 

Con esta medida, a la que los empresarios se opusieron, Escrivá espera recaudar unos 40.000 millones de euros en esos diez años, que podrían ampliarse si el sistema lo necesitara. Sin embargo, analistas como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Fedea no ven nada claro que la medida vaya a ser suficiente como para afrontar el reto mayúsculo que supone la oleada de jubilaciones de los baby boomers (nacidos entre 1958 y 1978 aproximadamente), una generación más numerosa y con pensiones más elevadas que las anteriores. 

El Banco de España considera que las medidas adoptadas hasta ahora "son insuficientes" para garantizar la sostenibilidad del sistema y considera que serán necesarias "medidas adicionales". En la misma línea, el FMI mostró en diciembre su "inquietud" por el sistema "en caso de que no se implementen medidas adicionales" para reducir gastos o incrementar ingresos.

No lo ve así Escrivá que ha defendido este martes que con las medidas adoptadas se está "reforzando extraordinariamente el sistema de la Seguridad Social" y que "las dudas que se han ido generando como resultado de la sobrecarga del sistema se están eliminando". Así, el ministro ha anunciado que la Seguridad Social cerró 2021 con un déficit del 1% (dos décimas menos de lo previsto) y que recaudó 129.000 millones en cotizaciones sociales el año pasado, el máximo histórico.

Con todo, el problema que supone la transición demográfica sigue generando dudas sobre si será posible mantener el nivel de prestaciones actual en el futuro. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -el supervisor de las finanzas públicas nacionales- en 2050 habrá un solo trabajador para pagar cada pensión frente a los dos que hay actualmente. Esta situación podría provocar, según el FMI, que en ese año el gasto en pensiones se dispare un 3,5% del PIB adicional -actualmente está en el 12%-.