El Gobierno se enreda con dos asuntos que parecía haber encarrilado tras meses de negociación: la reforma laboral y la ley de vivienda. Ambas normas se están encontrando con obstáculos para ser aprobadas: los socios independentistas exigen cambios en la reforma laboral pactada por patronal y sindicatos y, por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado de una posible invasión de competencias autonómicas con la ley de vivienda. Y la estrategia para afrontar estos problemas comienza a generar diferencias entre PSOE y Unidas Podemos.

El caso de la reforma laboral es el más urgente porque al Gobierno le queda poco más de una semana para conseguir los apoyos suficientes para que el texto, aprobado por decreto el pasado diciembre, sea convalidado de forma definitiva en el Congreso. El plazo para ello finaliza el próximo 3 de febrero y las negociaciones que está manteniendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con ERC, PNV y EH Bildu aún no han llegado a buen puerto. De hecho, lo que trasladan los socios del Gobierno no hace pensar en que el acuerdo esté próximo, y eso ha hecho que el PSOE ponga los ojos en un eventual acuerdo con Cs, que no obstante Unidas Podemos rechaza y que, además, por sí mismo no serviría para aprobar la reforma laboral.

No obstante, el último choque entre socialistas y morados en relación a este asunto no tiene que ver con la posibilidad de que la reforma laboral se apruebe con Cs, sino con la estrategia que está siguiendo el Ministerio de Trabajo a la hora de negociar con los independentistas. PSOE y Unidas Podemos coinciden en que el texto pactado con la patronal y los sindicatos debe aprobarse en el Congreso sin incluir ningún cambio, pero Díaz se ha abierto a negociar algunas de las exigencias de ERC, PNV y EH Bildu en los dos años de legislatura que quedan, una idea que los socialistas rechazan de plano. De hecho, fuentes del PSOE son muy claras al afirmar que Díaz no está facultada para prometer cambios futuros en normativas laborales para conseguir el apoyo de los independentistas a la reforma.

El PNV exige, fundamentalmente, recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales autonómicos sobre el de ámbito estatal, mientras ERC y EH Bildu, que comparten esta reivindicación, van más allá y piden también aumentar el coste del despido o recuperar los salarios de tramitación. Trabajo no se plantea elevar la indemnización por despido hasta los anteriores 45 días por año porque, aunque comparte la propuesta, no quiere abrir una nueva batalla con el PSOE. Pero sí considera que algunas de las peticiones de los independentistas pueden ser negociables, aunque en conversaciones futuras, porque no afectan a lo pactado en esta reforma laboral.

Las fuentes consultadas explican que ese es el caso, por ejemplo, del refuerzo de la Inspección de Trabajo -que el Gobierno ya acometió a finales del año pasado- o la nueva regulación de las jornadas a tiempo parcial, que estará incluida en la ley de usos del tiempo que Trabajo tiene previsto comenzar a tramitar este año. Y en esa línea, aunque siendo muy parco en detalles, se pronunció este martes el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que recordó a ERC -junto a Bildu, el socio que más lejos está ahora mismo del Gobierno- "que quedan dos años de legislatura y este acuerdo no es el punto final de la agenda legislativa a nivel laboral, sino el punto de inicio".

"El de la reforma laboral no va a ser el último acuerdo importante al que vamos a llegar en materia laboral; el Ministerio de Trabajo tiene una agenda que desarrollar", insistió en este sentido Asens, que espetó a ERC que "se debe fiar de los agentes sociales y en especial de los sindicatos, que están pidiendo por activa y por pasiva que respete el acuerdo". "Creemos que hay margen para llegar a un acuerdo, un acuerdo que puede pasar por esa agenda legislativa posterior, y creo que nosotros hemos cumplido siempre nuestra palabra", planteó asimismo el dirigente de Unidas Podemos en relación a las dudas expresadas hace unos días por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en relación a esta vía.

La semana pasada, Rufián aseguró ante esta posibilidad que la "humilde experiencia" de ERC "negociando con PSOE y Unidas Podemos es que lo que no se cierre ahora, no se va a cerrar". Y fuentes socialistas, lejos de dar falsas esperanzas a los republicanos, coinciden con Rufián en que su apoyo a la reforma laboral no puede estar condicionado a la promesa de que otras normativas relativas al mercado laboral incluirán sus reivindicaciones. "No está sobre la mesa condicionar la tramitación del decreto a las demandas de los grupos", sostiene un dirigente del PSOE.

Fuentes socialistas son muy claras en que la posición del ala mayoritaria del Gobierno es que no pueden ofrecerse "contraprestaciones" de cara al futuro a los socios parlamentarios del Ejecutivo. "Lo que se está planteando en la negociación es que se apruebe el decreto en sus términos" -algo que Trabajo comparte-, y "no se está hablando de compromisos para más adelante", zanjan los dirigentes del PSOE consultados.

Presión al PSOE para que no cambie la ley de vivienda

Los problemas con la ley de vivienda no vienen de discrepancias entre el Gobierno y sus socios -aunque estos consideran el texto demasiado tibio-, sino que tienen que ver con las dudas del CGPJ sobre aspectos claves de la norma, como el mecanismo de regulación del precio del alquiler o la posible invasión de competencias autonómicas. Pese a que, la semana pasada, la parte socialista del Ejecutivo aseguró que quería "defender el texto" de la ley sin hacer cambios, este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Gobierno "no se cierra" a "intentar mejorar esa ley" para que sea "impecable desde el punto de vista jurídico". Eso sí, dejó claro que el informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante en ningún caso.

Esas declaraciones se produjeron un par de horas antes de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciara que comenzaría este mismo martes una ronda de reuniones con colectivos sociales de vivienda y con CCOO y UGT. La intención de estas reuniones es presionar al PSOE para que no haya ninguna modificación en el texto pactado para la ley de vivienda, ya que fuentes de Unidas Podemos temen que los socialistas se arredren ante las críticas del CGPJ y cambien puntos clave de la norma.

En este sentido, fuentes de Derechos Sociales aseguran que no pueden "ocultar" su "preocupación" ante la posibilidad de que el PSOE, a través del Ministerio de Transportes, "pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la ley de vivienda ante un previsiblemente duro informe del CGPJ". De ahí que Belarra haya decidido hacer presión para visibilizar públicamente "el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".

La ronda de contactos que pondrá en marcha la ministra incluirá organizaciones como la Coordinadora de Vivienda de Madrid -que agrupa las Comisiones de Vivienda de las Asambleas 15M, la PAH y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)- o el Observatori DESC. Belarra también se reunirá en persona, además, con CCOO y UGT, que siempre se han mostrado proclives a que el Gobierno ponga en marcha una regulación de precios del alquiler más ambiciosa que la contenida en el anteproyecto de ley. Y fuentes de su entorno explican que otras organizaciones, que no detallan, se reunirán con personas de su equipo.