La Aliança Contra la Pobresa Energètica pide penas de uno a dos años de prisión para tres miembros de DPS Consulting, encargada de cobrar deudas de Endesa. Los hechos se remontan a 2020, cuando una mujer vulnerable recibió una llamada de una trabajadora de DPS haciéndose pasar por una funcionaria de la administración de justicia y amenazándola con embargarle las cuentas si, en menos de dos semanas, no pagaba la deuda contraída. La APE interpuso una querella y el juzgado citó a declarar en calidad de investigados a dos miembros de la compañía y a una trabajadora, que aportó un guion que le facilitaba la empresa para reclamar las deudas.
Fuentes de Endesa aseguran que se depuraron responsabilidades y que no comparten esta mala praxis.
La querella fue admitida a trámite en diciembre pasado por el juzgado de instrucción 5 de Barcelona y se inició la fase de instrucción. Durante la misma, fueron citadas a declarar diversas personas de DPS Consulting, entre ellas miembros de la directiva, así como la trabajadora que efectuó la llamada.
La APE, que ha sido asesorada por Arrels Advocats, ha explicado que se ha podido constatar que la llamada fue realizada desde un departamento llamado 'Departamento de llamadas especiales'. Este tendría por objetivo reclamar deudas mediante un "engaño" telefónico, consistente en un falso servicio de notificaciones judiciales. Así, la dirección habría facilitado un guion a los trabajadores, que, además, estarían sujetos a un sistema de bonificación y penalización en función de alcanzar los objetivos económicos, según la Aliança.
La organización ha añadido que se reclamaban deudas a pesar de saber que estaban prescritas. En el caso concreto, la APE ha asegurado que ha quedado acreditado que de los 2.369,43 euros que le reclamaban a la mujer, 1.675,88 habían prescrito de acuerdo con los plazos previstos en el Código Civil. Por último, apuntan que DPS Consulting tendría que obtener un 18% de las cantidades que consiguiese cobrar a la mujer.
El abogado de la mujer ha pedido el inicio del juicio oral. Acusa a la compañía de un delito de estafa en grado de tentativa y a dos de los directivos de delitos de estafa, coacciones y usurpación de funciones públicas. Estos delitos están castigados con penas de entre uno y dos años. Además, se pide que se obligue a los acusados a pagar a la mujer una indemnización civil de 1.000 euros por los daños morales sufridos.
La APE ha asegurado que el caso de esta mujer no es aislado sino que forma parte de un conjunto de estrategias variadas desplegadas de forma habitual por las suministradoras de electricidad y gas. La organización ha afirmado que aunque las personas vulnerables están ahora protegidas de los cortes gracias a la ley contra la pobreza energética, no dejan de sufrir "el acoso" de sumistradoras y de los gabinetes jurídicos de recobros subcontratados. Lo hacen a través de cartas, llamadas, amenazas con juicios falsos o demandas de juicios monitorios, según añaden.
La APE ha esperado una sentencia favorable y ha afirmado que, de ser así, establecería un precedente jurisprudencial para frenar las prácticas "deliberadas y sistemáticas de acoso" de las compañías suministradoras.
Denuncia a la trabajadora
Fuentes de Endesa han explicado que la compañía también denunció a la trabajadora por lo que consideran una "mala praxis" que no comparten sino que deploran. Además, abrió una auditoría que concluyó que no les consta que los directivos de DPS fomenten estas prácticas. Las mismas fuentes han indicado que si una resolución judicial indicase lo contrario, se actuaría al respecto.
La compañía eléctrica continúa trabajando con DPS Consulting porque entiende que se depuraron responsabilidades. Por otra parte, ha asegurado que no se reclaman deudas a familias vulnerables a las que se les ha condonado la deuda en aplicación del acuerdo suscrito con la Generalitat, pero esto no quita que puedan recibir cartas informativas.
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