La Fiscalía concluye que el Govern ha cumplido con las sentencias del castellano

La Fiscalía ha archivado varias denuncias contra el presidente catalán, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep González-Cambray, por el castellano en las escuelas, al concluir que el Govern ha cumplido todas las sentencias de forma "puntual" y no se ha discriminado a ningún alumno.

En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña archiva las denuncias presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y el sindicato ultra Manos Limpias, porque no consta que se haya "dictado orden o instrucción concreta con eficacia en el plano administrativo tendente al desacato" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone el 25 % de castellano en las escuelas.

Además, para el ministerio público, solo podrían incurrir en delito los que están llamados a cumplir el mandato del TSJC, es decir "los respectivos directores o directoras de los centros educativos en que la cuestión pudiera suscitarse".

La Fiscalía, en este contexto, circunscribe las declaraciones públicas efectuadas por el presidente catalán y por el conseller al ámbito del ejercicio de su derecho de libertad de expresión en el "plano de la acción política", en las que además critican una resolución judicial que no comparten pero, resalta el ministerio público, sin que hayan realizado "ninguna acción administrativa concreta" para desobedecer al tribunal.

Al contrario, el ministerio público subraya que se ha dado un "puntual cumplimiento a la totalidad de resoluciones judiciales" dictadas hasta la fecha en esta materia.

Tampoco ve la Fiscalía indicios de un delito de prevaricación administrativa por "discriminación en la prestación" de un servicio público, como alegaron en sus denuncias las asociaciones, puesto que la misiva que el titular de Educación remitió a los centros escolares "no reviste en modo alguno la condición objetiva -exigida por el tipo penal de referencia- de resolución en asunto administrativo".

Esta misiva, sostiene así el ministerio público, no puede entenderse como una "orden, instrucción o circular de necesario o ineludible cumplimiento por parte de aquellos a quienes se pretende exhortar", sino como una comunicación que contiene una "serie de proclamas de carácter político", por lo que es "absolutamente inane y no produce efecto alguno en el plano administrativo".

En definitiva, para la Fiscalía esta comunicación "nada resuelve" y, al contrario, "reafirma la plena competencia de los directores de los centros a la hora de definir los correspondientes proyectos lingüísticos".

En el decreto de archivo, el ministerio público considera que tampoco concurren "indicios bastantes" que permitan atribuir a las autoridades denunciadas ninguna conducta que incurra en los delitos de amenazas, coacciones o represalias por los "execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar que tuvieron lugar a partir de la tarde del día 2 de diciembre como consecuencia de la emisión de diversos "tuits" desde el grupo "El Turó en català".

"No consta participación alguna en los mismos de las autoridades denunciadas", apunta Fiscalía, y agrega que sus manifestaciones públicas, en ejercicio de su libertad expresión en el ámbito propio de la acción política, "no quiebran ni colisionan con los derechos a la seguridad personal y familiar e integridad moral" del entorno del alumno.