El Gobierno ha eludido este martes entrar a valorar la publicación de las 116 actas de la pandemia que está llevando a cabo 20Minutos y se ha limitado a señalar que lo que primó en todas las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, órgano clave en la gestión de la Covid en el que estaban también presentes las autonomías, fue la "lealtad y la colaboración" entre administraciones, negando así los roces entre los consejeros y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que revelan esos documentos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se ha limitado a definir como "inédito" el trabajo durante esa crisis con las autonomías, con las que se reunía periódicamente para valorar qué medidas tomar para paliar los efectos del coronavirus, y ha destacado que el Gobierno está "trabajando" en "reformas normativas" -que "también están comprometidas con la Unión Europea"- para darle "mayor formalidad, rigor y coordinación" a las conferencias sectoriales. "Pero, sin ninguna duda, lo que ha primado en estas relaciones multilaterales ha sido la lealtad", ha añadido a renglón seguido.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, sí ha entrado en la cuestión para defender la decisión del Gobierno de retrasar durante siete meses la regulación del precio de las mascarillas quirúrgicas desde que anunció a las comunidades que estaba preparando esta medida, en abril de 2020. Gómez ha insistido en que "todas las decisiones que se han ido tomando" durante la pandemia se han adoptado de acuerdo con las comunidades, y ha elogiado, como la portavoz, la "cogobernanza" de la que, ha opinado, ha hecho gala el Ejecutivo.

El Gobierno, ha justificado este martes Gómez, ofreció a las comunidades durante lo más complicado de la pandemia "toda la información" de la que disponía y que fue provocando "la ralentización, la aceleración o el cambio de medidas". De hecho, el portavoz ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado "siempre de la mano y con diálogo con las comunidades autónomas", que -ha dicho- han estado "siempre perfectamente informadas" de los pasos que se iban dando.

Tal y como desvelan las actas a las que ha accedido este medio, fue el 16 de abril el momento en el que, por primera vez, Gobierno y comunidades discutieron la posibilidad de limitar el precio de las mascarillas quirúrgicas. "Respecto al uso de las mascarillas por parte de la población, sería conveniente poner un límite a los precios máximos de venta en público", comentó en una reunión del Consejo Interterritorial ese día el consejero de Asturias, Pablo Fernández. La respuesta de Illa fue que "se está elaborando una orden para limitar el precio de venta al público". 

Por entonces ya había pasado más de un mes desde que se había decretado el primer estado de alarma, el mismo tiempo que los ciudadanos llevaban confinados en sus casas. No obstante, la orden que fijaba un precio máximo de mascarillas no llegó hasta noviembre de 2020, siete meses después, cuando el Ministerio de Consumo anunció primero un coste máximo de 0,72 euros la unidad. Ese precio, posteriormente, fue rebajado a 0,68 euros por unidad como consecuencia de la bajada del IVA -del general del 21% al superreducido del 4%- que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estuvo intentando frenar durante semanas.