El consenso entre Gobierno y comunidades autónomas estuvo a punto de descarrilar por primera vez en la pandemia apenas diez días después de decretarse el primer estado de alarma. El motivo fue un primer reparto de dinero para que las autonomías pudieran empezar a hacer frente a los gastos extra que estaba generando la epidemia. La cantidad era menor, comparada con los 16.000 millones que Hacienda distribuyó avanzado el año 2020 o los más de 13.000 con los que reeditó el Fondo Covid en 2021. Bastaron 300 millones de euros para que algunas comunidades se levantaran contra los criterios estipulados por el Ministerio que llevaron al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, a solicitar a los consejeros que se olvidaran de sus intereses particulares para permitir el reparto.
"No se trata de mirar por el interés propio de cada comunidad, sino de ver cómo repartir 300.000.000 euros con unos criterios homogéneos. Se ruega que se haga un ejercicio de tomar esa perspectiva vinculada a la crisis sanitaria actual", pidió Blanco a los consejeros en un Consejo Interterritorial de Sanidad el 25 de marzo, según una de las actas de estas reuniones a las que ha tenido acceso 20 Minutos a través del Portal de Transparencia.
Ese día hubo un Consejo monográfico para aprobar una partida de 300 millones de un fondo de contingencia del Ministerio de Sanidad. Los consejeros llegaron a la reunión sabiendo ya cuáles iban a ser los criterios de reparto de este dinero, que se toparon con la oposición de Galicia, Asturias y Castilla y León. Frente a lo que sería más habitual a medida que avanzara la pandemia, en esta ocasión la Comunidad de Madrid, Murcia o Andalucía (gobernadas por el PP) o el País Vasco, que más adelante encadenaría abstenciones, manifestaron su acuerdo con un reparto que tenía en cuenta la población, el número de contagios y de ingresos en UCI. También lo veían bien Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra o Extremadura, todas gobernadas por el PSOE.
Galicia lidera la oposición
En esta ocasión, quien llevó la voz cantante de la oposición a los criterios de reparto fue el consejero de Galicia, Julio García Comesaña, que intervino en primer lugar para mostrar su "disconformidad" porque, a su juicio, no se tenía en cuenta que "las poblaciones más envejecidas" eran "las más afectadas por la Covid". A lo largo de varias intervenciones más, solicitó que se introdujera una corrección que tuviera en cuenta la población de más de 65 años, a la que estimaba que debería destinarse el 10% de esos 300 millones, según decía en una tercera intervención, después de escuchar los ruegos del representante del Ministerio para que, "en aras del consenso", todas las comunidades aceptaran una "solución más simple" en el reparto que incluir factores distintos a los propuestos por el Gobierno.
"El secretario [general de Sanidad] ruega lograr el consenso a este respecto", refleja el acta mucho antes de que la unanimidad dejara de ser el factor rector de las decisiones del Consejo Interterritorial y empezaran a tener más peso las votaciones por mayoría.
A Galicia le salieron dos aliados, Asturias y Castilla y León, que también querían que la población de más edad tuviera un peso específico en el reparto de los 300 millones de euros. En lugar del 10% como proponía Galicia, la consejera castellanoleonesa, Verónica Casado, proponía que fuera el 25% del fondo. Se adhirió a lo dicho por García Comesaña, según indica el acta: "Dada la estructura de su población, junto con la dispersión y el envejecimiento, están de acuerdo con lo mencionado por Galicia".
"Nuestra opinión es que cuando se destinan fondos para hacer frente al impacto que está teniendo esta crisis sanitaria, se debería tener en cuenta la tasa de dependencia económica de la comunidad", terció el consejero de Asturias, Pablo Fernández.
Hoteles y contagios
Sin tanta insistencia, otras dos comunidades (del PSOE) trataron de introducir criterios que les favorecían. Canarias dijo que "le gustaría que se tuviese en cuenta el confinamiento que tuvo lugar en su comunidad de mil personas en un hotel", que supuso "un gasto extraordinario en cuanto a contratación de recursos humanos, transportes y otros elementos". Castilla- La Mancha creía que en "futuras distribuciones" de fondos "el número de casos debería pesar algo más", una petición que Hacienda escucharía meses después.
A pesar de las discrepancias, ese 25 de marzo de 2020 el Ministerio de Sanidad consiguió que todos los consejeros terminaran votando a favor del reparto de los 300 millones de euros. No sin que antes el consejero gallego volviera a "sugerir" que en el caso de que hubiera "una nueva revisión de otros fondos se tuviera en cuenta el factor de la población mayor de 65 años". El secretario general agradeció "la generosidad en su posición" y celebró que se hubiese logrado "el consenso deseado".
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