El secretario de Estado de Derechos Sociales recibe a 20minutos en su despacho en la sede del Ministerio en un momento clave de la legislatura para el Gobierno. Sobre la mesa, a principios de este 2022, se encuentran la ley de vivienda, el salario mínimo, la reforma laboral o el empeoramiento de las perspectivas económicas de España, y de todos esos temas Álvarez charla con este diario.
El año ha comenzado con la sexta ola en auge y con previsiones económicas a la baja. ¿En 2022 vamos a ver la recuperación definitiva?
No hay duda de que la recuperación está instalada, y la mejor prueba es el dato de creación de empleo: cerramos 2021 con un nivel de creación de empleo superior al de los años de la burbuja. La tarea del Gobierno es ahora demostrar que, tras la pandemia, también somos capaces de impulsar un nuevo proyecto de país, al igual que hemos gestionado la crisis de una forma distinta.
¿A qué se debe entonces el empeoramiento de las previsiones?
El contexto internacional sigue siendo inestable, y es lógico que las instituciones internacionales sigan teniendo estos cambios en sus previsiones. Pero el Gobierno mantiene que la recuperación está asentada.
¿Qué prioridades tiene el Gobierno para este año?
Garantizar una ejecución rápida y eficiente de los fondos europeos y propiciar que la recuperación venga acompañada del refuerzo de derechos sociales y laborales. Como vimos hace una década, la recuperación es condición necesaria, pero no suficiente para que el bienestar llegue a los hogares.
¿Temen que la batalla legal que ha emprendido el PP contra la gestión de los fondos europeos afecte a su ejecución?
La estrategia que está siguiendo el PP con respecto a los fondos europeos es ridícula, no tiene sentido. Estos son los efectos de tener al PP secuestrado por la extrema derecha. En un momento en el que la prioridad debe ser el despliegue de los fondos, el PP acude a Bruselas a paralizarlo, y la respuesta de la Comisión Europea habla por sí sola. Los criterios de reparto de los fondos se han decidido con las comunidades autónomas, incluidas las del PP.
¿El Gobierno abordará este año la reforma fiscal?
Sin duda, debe. Hasta ahora, se ha pospuesto porque estábamos en una situación de pandemia, pero para que la recuperación se produzca reduciendo los niveles de desigualdad es el momento de afrontar la reforma fiscal. Si las sociedades europeas en el siglo XX han sido capaces de avanzar hacia la igualdad ha sido gracias a los Estados del bienestar, que no hubieran sido posibles sin un sistema de fiscalidad progresiva. Lo que no podemos es querer los Estados de bienestar de Francia o Alemania sin su sistema tributario.
¿Y de dónde tiene que salir el dinero?
Tenemos que corregir la erosión de las bases imponibles de grandes patrimonios y grandes empresas. Todos debemos contribuir a los impuestos, también las grandes fortunas, porque de ello depende la solidez de nuestra democracia.
¿Pero qué impuestos y a quién deben subirse?
Tenemos que seguir avanzando en los tipos mínimos efectivos para grandes empresas, cerrar la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital y una nueva fiscalidad para los patrimonios superiores al millón de euros y, especialmente, a los 10 millones de euros. La España que sube pensiones, que invierte en i+D, que refuerza su sanidad pública... no puede mantener estos logros si no converge con Europa en materia fiscal.
Yolanda Díaz se comprometió con los sindicatos ha subir el salario mínimo a 1.000 euros este año. ¿Lo harán incluso sin la patronal?
La hoja de ruta del Gobierno es muy clara: mantener la línea marcada por el comité de expertos, que establecía esos 1.000 euros para este año. La patronal ya alcanzó un acuerdo con los sindicatos hace tiempo para que los convenios colectivos incluyeran ese suelo mínimo de 1.000 euros, y se está evidenciando que la subida del salario mínimo en absoluto merma la creación de empleo.
"La España que sube pensiones, que invierte en i+D, que refuerza su sanidad pública... no puede mantener estos logros si no converge con Europa a nivel fiscal"
¿Pero lo harán incluso si la patronal mantiene su oposición?
Démosle tiempo a la negociación. El Ministerio de Trabajo está firmemente convencido de la necesidad de alcanzar esos 1.000 euros.
¿Para cuándo se cerrará la subida?
Esperemos que sea en las próximas semanas.
¿En qué punto se encuentra la negociación de la reforma laboral?
Tenemos que reconocer el valor de la propuesta del Gobierno, que supone un giro de 180 grados. Después de 52 reformas laborales desde que se adoptó la democracia, esta es la primera reforma laboral que refuerza los derechos laborales en lugar de recortarlos.
ERC y Bildu han sido muy duros contra la reforma y piden siete cambios muy concretos. ¿Cuáles de esas modificaciones están negociando?
Si algo ha demostrado Yolanda Díaz es que tienen una enorme capacidad de negociación. La agenda de reformas que tiene el Ministerio de Trabajo es numerosa, y perfectamente caben en esas reformas algunas de las reivindicaciones de los socios. Pero todos debemos ser conscientes de que decir que no a esta reforma es decir que no a uno de los mayores avances laborales en nuestro país, y supondría dejar en la estacada a siete millones de trabajadores temporales.
¿Por qué se oponen ustedes a que la reforma laboral se apruebe con Cs si lo que ellos piden es precisamente no cambiar nada?
A mí me sorprendería que Cs apoye esta reforma porque está muy lejos de sus propuestas en materia laboral.
Pero ellos lo plantean como un mal menor.
Recordemos que Cs proponía reducir la indemnización por despido de los contratos indefinidos, cuando esta reforma prohíbe los contratos de obra y servicio. Pero de un partido veleta que nos tiene acostumbrados a giros de guion se puede esperar cualquier cosa.
Pero si no quieren cambios, ¿cuál es el problema?
Cs impide que los socios de la coalición accedan a apoyar esta reforma.
¿Les preocupa que el informe negativo del CGPJ sobre la ley de vivienda sirva como punto de apoyo a recursos contra la norma?
Esta norma ha sido elaborada desde el escrupuloso respeto al reparto competencial. Lo que hace esta ley es poner a disposición de las comunidades instrumentos, coordinados a escala nacional, para reducir el precio de los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda. A mí me sorprende que se pueda cuestionar, porque es un primer paso para desplegar el derecho a la vivienda, que estaba desatendido.
Los colectivos sociales y sus propios socios de izquierdas han sido críticos con la ley porque les parece tibia. ¿Hay margen para mejorarla?
Esta ley tiene que ser llevada al Congreso y, lógicamente, los grupos harán sus aportaciones. Necesitamos reunir una mayoría que apruebe esta ley y para ello negociaremos.
¿Qué están dispuestos a negociar, después de haber tardado casi un año en llegar a un acuerdo para cerrar el texto?
Ya nos gustaría tener la mayoría suficiente para aprobar la ley solo con los votos de PSOE y Unidas Podemos, pero la realidad parlamentaria es la que es, y por tanto habrá que escuchar al resto de socios del Gobierno.
Ustedes, como partido, han sido muy críticos con lo que han llamado el "fulgor militarista" de la ministra de Defensa, pero la vicepresidenta Díaz asegura que "el Gobierno tiene una sola voz" en este tema. ¿A qué se debe esa diferencia?
Yo creo que no la hay, todos somos conscientes del enorme impacto que un conflicto como este tendría en España y en Europa y desde luego nosotros hemos sido muy claros en la necesidad de mantener la paz y la estabilidad como objetivo prioritario. Europa y España deben mantener una posición propia en este conflicto que prioricen la diplomacia, la desescalada, frente a los ardores guerreros que algunos han mostrado en el contexto geopolítico internacional.
¿Cómo afectaría a España económicamente una guerra en Ucrania?
Tendría un impacto inmediato en los precios de la energía, y en relación a eso, un impacto en la inflación.
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