El Gobierno se asegura in extremis los votos para sacar adelante la decisiva votación sobre la reforma laboral. Pero lo hará, previsiblemente, sin el apoyo de sus habituales socios parlamentarios -ERC, PNV y EH Bildu- después de que este miércoles a última hora de la tarde el independentista moderado PDeCAT y la conservadora Unión del Pueblo Navarro (UPN) -que concurrió a las pasadas elecciones generales en coalición con el PP y Ciudadanos (Cs)- confirmaran su apoyo a la convalidación del decreto este jueves en el Congreso. Pese a contar ya con una estrecha mayoría con esos votos sumados a los de Cs y otros pequeños partidos, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz sigue hasta el último minuto intentando conseguir el apoyo de los aliados habituales del Ejecutivo, aunque las conversaciones, por ahora, no han llegado a buen puerto.
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Este miércoles fue un día en el que los teléfonos echaron humo porque, incluso teniendo garantizada en principio una mayoría, el Gobierno se va a enfrentar este jueves a una votación de la reforma laboral que va a estar muy justa. Tras ultimar las negociaciones durante la mañana, por la tarde el Ejecutivo sumó el apoyo de cuatro diputados más a la convalidación del decreto: los del PDeCAT, los independentistas moderados herederos de la antigua Convergència, que se perfilan como la única formación secesionista que dará luz verde a la norma como ya hizo con la del PP en 2012. Y, pasadas las ocho de la tarde, era UPN la que confirmaba que sus dos diputados también votarían a favor, completando la mayoría suficiente para sacar adelante la reforma.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, aseguró que, "en términos generales, el acuerdo" de patronal y sindicatos es "positivo" y rechazarlo "supondría un golpe mortal al diálogo social" y "una inestabilidad absoluta en el mercado laboral". No obstante, cuando se confirmaron los votos de los cuatro parlamentarios catalanes y los de Cs, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, el Gobierno solo sumaba 174 apoyos. Y aunque la convalidación del decreto de reforma laboral solo necesita más síes que noes para ser aprobada, los partidarios de tumbar el decreto y volver a la antigua legislación del PP aún podrían alcanzar los 175 parlamentarios.
Por ello, todos los ojos estaban girados hacia una UPN, que era clave para el devenir de la reforma laboral. Su líder, José Javier Esparza, aseguró que el partido apoyará el texto con "convencimiento" y por "responsabilidad y sentido de Estado", pese a que "lo cómodo era votar no". Su apoyo a la norma pone al Gobierno ante un escenario inédito en la legislatura, ya que dependerá por entero de un partido fuertemente conservador y aliado con el PP para que no caiga una de sus leyes estrella.
Presiones a UPN
La decisión de UPN, no obstante, llegó después de un día de dudas y mensajes esquivos, habida cuenta de la pésima relación que tiene el partido con el Ejecutivo desde el principio de la legislatura. Este miércoles, uno de sus diputados en el Congreso, Sergio Sayas, afirmaba en Onda Cero que "juega en contra" de su apoyo a la reforma laboral el hecho de que el Gobierno sea "abierta y contundentemente hostil" a la formación. Y, para agregar más dudas a la ya de por sí incierta votación, Sayas denunció que, en Navarra, los partidos que componen el Gobierno se han "echado a los brazos de Bildu", una "línea roja" para un partido como UPN, con un fuerte componente antinacionalista vasco.
Fuentes parlamentarias explican, no obstante, que la formación foralista ha sufrido en los últimos días fuertes presiones contrapuestas: la patronal navarra es partidaria de que UPN facilite con sus votos la reforma laboral pactada por Gobierno, sindicatos y empresarios, mientras que el PP -siempre según estas fuentes- habría pedido a sus aliados navarros que tumbaran la norma. Un extremo, no obstante, que desmienten fuentes del Grupo Popular a este periódico, apelando a la "autonomía e independencia" de la que goza una formación contra la que el PP no compite en Navarra y que está integrada en el Grupo Mixto.
Trabajo apura la negociación con los socios
Pese a que parece casi imposible deshacer el bloqueo en las escasas horas que restan hasta la votación de la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo sigue negociando con ERC, PNV y EH Bildu para tratar de conseguir su apoyo o, al menos, una abstención. Los cálculos, no obstante, están muy en el alambre, ya que la entrada de alguno de los socios nacionalistas del Gobierno, si eso implica que haya cambios en la norma, supondría el voto en contra de Cs y también de UPN.
En cualquier caso, durante el miércoles las conversaciones de Trabajo con los nacionalistas volvieron a fracasar. De hecho, el Ministerio que lidera Yolanda Díaz no se pone de acuerdo con ERC ni siquiera en si hay abierta una negociación. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, espetó que "hay un parte del Gobierno más preocupada de intentar vender su relato que de intentar sacar su reforma" y aseguró que el Ejecutivo no "ofrece nada" a su partido, algo que la propia Díaz desmintió asegurando que ha "planteado propuestas" a ERC "que no han sido respondidas". Mientras, En Comú Podem elevó el tono contra los republicanos y les amenazó con "consecuencias en la relación parlamentaria" de ambos grupos en Cataluña, donde los morados ofrecen apoyo externo al Govern de Pere Aragonès.
Similares críticas lanzó al Gobierno el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que justificó su oposición a la convalidación del decreto asegurando que "es una reforma parcial, una reforma light de la reforma, no una derogación". Por el contrario, el PNV guardó silencio durante todo el miércoles, si bien desde el inicio de la negociación ha exigido la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Los nacionalistas vascos, no obstante, son los que más margen tienen para terminar apoyando el texto. "Me consta que están haciendo esfuerzos" negociadores, sostuvo Ferran Bel, cuyo partido, el PDeCAT, es próximo al PNV.
Los socios del Gobierno, eso sí, descartan que la ruptura de su alianza con el Ejecutivo en un tema tan importante como la reforma laboral vaya a suponer una fractura irreversible en la legislatura. Aprobar el texto con Cs, aseguró Matute, sería "una herida en el bloque de investidura", pero Bildu va "a trabajar para rehacer el bloque" señaló, mientras Rufián afirmó que "quien crea que ERC está pensando en elecciones se equivoca", aunque cargó contra el Ejecutivo, al que acusó de haberse "pasado de frenada" por haber creído que los republicanos aceptarían un "trágala".
Tampoco el Gobierno quiere romper el bloque de apoyos estables que ha conseguido en los dos últimos años. El propio presidente Pedro Sánchez aseguró este miércoles desde Dubái que "la estabilidad política está garantizada" y reiteró que el “objetivo” del Ejecutivo es el de “culminar” la legislatura. Eso sí, ha añadido un matiz, pues ha asegurado que el fin del actual mandato llegará "una vez termine la presidencia de España en la Unión Europea", que asumirá por quinta vez el 1 de julio de 2023 y, por tanto, este mandato que se alargará durante seis meses, hasta el 31 de diciembre de ese año.
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