El Congreso vivió este jueves algunas de las horas más extrañas, confusas y rocambolescas de la legislatura. El Gobierno salvó los muebles y consiguió convalidar el decreto de reforma laboral sumando el apoyo de PSOE y Unidas Podemos al de Ciudadanos y otros pequeños partidos. Pero entre ellos no estuvo UPN, a pesar de que la formación conservadora navarra había prometido al Ejecutivo el apoyo de sus dos diputados, imprescindibles para sacar adelante la norma habida cuenta de la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyarla.
Sin los votos navarros, lo normal hubiera sido que el texto pactado por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos decayera. Pero lo salvó, por un solo voto, el protagonista más inesperado: el diputado del PP Alberto Casero. La Cámara Baja registró su apoyo a la reforma laboral, pero el partido asegura que el error es informático, no de él, si bien no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo cuenta con la palabra de Casero, según han explicado fuentes de la formación. Salvo que se consiga demostrar dicho error informático, el voto de un diputado es inamovible e inmodificable una vez se emite, lo que no ha evitado que PP y Vox hablen a las claras de "pucherazo".
Por eso, tras horas de reuniones del Grupo Popular, el presidente del partido, Pablo Casado anunció a través de Twitter que recurrirán la votación tanto a la Mesa del Congreso como al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento". "Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones", ha explicado.
Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona calificó lo ocurrido como un "auténtico pucherazo" y un "robo a la voluntad popular" porque cree que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería haber convocado a la Mesa antes de la votación presencial para que tomara la decisión oportuna después de que el Grupo Popular advirtiera del "error informático" de Casero. El partido de extrema derecha también ha anunciado recurso ante el Constitucional.
¿Debe repetirse la votación de la reforma laboral?
Ante las declaraciones públicas de PP y Vox, el portavoz socialista, Héctor Gómez, también se apresuró a salir en rueda de prensa para defender que está fuera de duda que la reforma laboral ha sido aprobada, que es un "día de celebración" y que el sistema telemático de votación ha seguido las "reglas establecidas", pues tiene "el aval de la Secretaría General y los servicios jurídicos de la Cámara". En su opinión, la oposición no sabe "encajar las votaciones" y está instalada en el "negacionismo absoluto".
Este cúmulo de sorpresas revolucionó el Congreso tras un largo día de debate y casi dejó en un segundo plano que, después de un mes de tira y afloja y unas horas finales de máxima tensión, el Gobierno ha conseguido convalidar por una exigua mayoría de 175 votos a favor y 174 en contra la reforma laboral. Este estrechísimo margen se debe a la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyar un texto que, según han denunciado, "responde a las presiones de la CEOE", y esa negativa tiene como origen el rechazo del Gobierno a cambiar una sola coma del pacto alcanzado con los agentes sociales. La alianza entre el Gobierno y sus socios queda tocada, aunque uno y otros son conscientes de que se necesitan y, tanto en público como en privado, aseguran que los puentes siguen tendidos.
La votación de este jueves ha sido el punto y final a un largo proceso de negociación y elaboración de la reforma laboral que comenzó en marzo del año pasado, cuando tuvieron lugar las primeras reuniones entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Esas negociaciones culminaron el pasado diciembre con un acuerdo in extremis que se aprobó por decreto el día 28 de ese mes y, desde entonces, Trabajo ha intentado convencer sin éxito a unos socios que le han reclamado cambios en el texto acordado con empresarios y centrales, unas modificaciones que el Gobierno no estaba dispuesto a acometer para evitar que la CEOE saliera del pacto.
Esas negociaciones con ERC, PNV y EH Bildu llegaron hasta el mismo miércoles por la noche, cuando la última propuesta de Trabajo a los republicanos cayó en saco roto. Para entonces, no obstante, el Ejecutivo ya tenía amarrada una mayoría que convence mucho más a PSOE que a Unidas Podemos: la compuesta por Cs, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y PDeCAT y UPN, los dos últimos partidos que, la misma tarde del miércoles, confirmaron su apoyo a la reforma laboral y han asegurado su convalidación. Fueron los dos diputados navarros los que faltaron a su palabra y votaron en contra finalmente.
La convalidación del decreto, no obstante, ha estado precedida de un duro cruce de reproches entre Díaz y sus socios nacionalistas. La vicepresidenta ha denunciado que ERC y EH Bildu -no así el PNV- no han discutido "con rigor y seriedad" la negociación y no han querido hablar "de contenidos". "Ocho millones de contratos no son humo, señorías, son personas que ahora tendrán un trabajo decente", ha aseverado.
Díaz, asimismo, ha afeado a sus aliados nacionalistas que "si una norma contiene avances hay que votar a favor". Pero sus críticas no han servido ni para hacer cambiar de idea a ERC, Bildu y PNV, ni tampoco para ahorrarse sus críticas. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha asegurado que esta reforma es la que "hubiera aprobado Albert Rivera si fuera vicepresidente", y ha denunciado que la reforma, a su juicio, gusta "a la CEOE", así como "a la FAES, al Banco Santander o a Cs". Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguró que a su grupo le "gustan los consensos, pero los consensos no se imponen, y menos en los parlamentos democráticos". Y su homólogo de Bildu, Oskar Matute, ha denunciado que ha habido "presiones" que han estado "por encima de los compromisos con la clase trabajadora".
El rifirrafe de este jueves entre Díaz y los independentistas -especialmente duro ha sido el intercambio de reproches con ERC- únicamente es el corolario de dos semanas de bloqueo de una negociación que tomó mal cariz desde el principio. La vicepresidenta, presionada por el PSOE para no ofrecer ninguna contrapartida a sus socios ni siquiera para futuras leyes laborales, llegó incluso a viajar a Barcelona para reunirse con las cúpulas de UGT y CCOO y elevar la presión a ERC, una formación en la que estos sindicatos -especialmente el ugetista- tienen una importante capacidad de influencia. Pero esos movimientos no han tenido ningún éxito.
Una alianza que no peligra
No obstante, tanto el Gobierno, por una parte, como las formaciones nacionalistas e independentistas, por el otro, son conscientes de que se necesitan mutuamente si quieren que la legislatura siga adelante. Y, por ello, han sido muy claros al intentar separar su profundo desencuentro en lo relativo a la reforma laboral de una posible ruptura a largo plazo del bloque de la investidura. Quizá quien más claramente lo planteó fue Rufián, que aseguró que "algunos se creen que hoy se termina el mundo, pero mañana tendremos que seguir hablando, porque somos muy conscientes de cuál es la alternativa" a un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
En el mismo sentido se ha pronunciado Esteban, que ha afeado al Ejecutivo que pacte con formaciones que quieren "cargarse" al propio Gobierno, y Matute, que ha insistido en que su voto en contra de la reforma laboral no busca "debilitar al Gobierno ni hacer caer el bloque de investidura". "Tocará rehacerlo, vamos a trabajar para ello y, si es por nosotros, no pasarán", ha afirmado el portavoz. Eso sí: Matute ha dejado caer que el varapalo de este jueves debe ser entendido por el Ejecutivo como un mensaje de que sus socios no van a aceptar cualquier medida solo porque la alternativa es una alianza de PP y Vox. "Aquí no estamos para aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino para cambiar las cosas que no podemos aceptar", ha zanjado.
El mismo ánimo cunde en el Gobierno. "La mayoría progresista en el Congreso continúa, ya lo veréis", señalan fuentes del Consejo de Ministros, que hacen hincapié en que la votación de este jueves es "singular" y la mayoría con la que se ha aprobado la misma "no afecta" ni a la coalición ni a la mayoría de la investidura.
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