La polémica votación de la reforma laboral de este pasado jueves en el Congreso ha llevado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a una nueva encrucijada política y tal vez judicial si PP y Vox cumplen la amenaza de llevar sus decisiones ante el Tribunal Constitucional.

Los partidos de la oposición consideran que Batet, al no convocar la Mesa del Congreso cuando el Grupo Popular advirtió de un error en el voto de uno de sus diputados, Alberto Casero, vulneró sus derechos. Además, al no corregirse el fallo, opinan que se cometió un "fraude democrático" y un "pucherazo" en la votación del decreto de reforma laboral, que salió adelante gracias a esa equivocación. 

Y es que si Casero no se hubiese confundido en su voto telemático, la reforma laboral habría registrado más 'noes' que 'síes' y no se habría convalidado el texto que el Gobierno de Pedro Sánchez ya había aprobado a finales del pasado diciembre. He ahí la importancia que PP y Vox dan a esta coyuntura tan inédita en el Congreso, que afectó a una ley clave para el Ejecutivo contra la que estos partidos se habían opuesto radicalmente.

No es la primera vez que Batet se enfrenta a una situación así ni la primera en que se pide su dimisión. Hace pocos meses, en octubre, su actuación en el caso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez se vio cuestionada por su decisión, primero, de no retirarle el escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo y, después, por precisamente la decisión contraria.

En aquella ocasión, primero fueron PP y Vox los que criticaron a la presidenta del Congreso después de que ésta decidiera mantener el acta de diputado a Rodríguez. Unos días después, fue Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, el que amenazó con querellarse contra ella por prevaricación cuando el exdirigente 'morado' fue despojado del escaño. 

Finalmente, no hubo ofensiva judicial del partido que ahora dirige Ione Belarra, pero sí que la ha habido del propio Rodríguez, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que la presidenta de la Cámara Baja llevó a cabo una actuación "irresponsable" que vulneró su derecho a la participación política, un derecho recogido en la Carta Magna.

Dirigente del PSC y persona de confianza de Sánchez

El mandato de Batet al frente del Congreso no ha estado exento de polémicas. Figura clave desde hace años en el PSC, del que ahora es viceprimera secretaria de Salvador Illa, tiene la plena confianza de Pedro Sánchez, que desde que fue elegido secretario general de los socialistas la ha colocado en puestos clave en las listas electorales. En el primer Gobierno de Sánchez, fue ministra de Política Territorial y tras las elecciones de abril de 2019 y en la repetición de noviembre de ese año, confió en ella para que optara a presidir el Congreso.

Su mandato al frente del órgano de gobierno de la Cámara Baja no ha estado exento de complejidad. Primero, por la pandemia de coronavirus, que la llevó a tomar la decisión de limitar la actividad parlamentaria. Su actuación fue entendida por la mayoría del Pleno, pero hubo también bastantes voces críticas, como la de la entonces portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien advirtió a Batet de que la sede de la soberanía nacional no se cierra "ni en guerra".

Esta situación inédita fue utilizada por Vox para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Este órgano dio la razón al partido de extrema derecha: por una mayoría de seis votos frente a cuatro, sentenció que se había vulnerado el derecho de participación política de los diputados. Por ello, Vox pidió la dimisión de Batet.

Hace poco, el 6 de diciembre pasado, Día de la Constitución, la presidenta del Congreso también fue duramente criticada por algunos partidos por pronunciar un discurso ante la sede de la soberanía nacional que consideraron "de parte". Siendo Batet la tercera autoridad del Estado, las críticas que recibió se refirieron a los reproches que lanzó tanto al PP como Vox, aunque sin aludirlos directamente, por sus estrategias de oposición política.