Trabajadoras de la atención domiciliaria, en pie contra las externalizaciones que "precarizan y empeoran el servicio"

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliara de varios municipios de Cataluña se organizaron hace más de un año en el Sindicato SAD para exigir la municipalización y poner fin a las externalizaciones que, denuncian, "precarizan a las trabajadoras y empeoran el servicio".

La presidenta del sindicato, Pilar Nogués, critica que el SAD esté en manos de empresas que "no tienen vocación de servicio público y que sólo buscan beneficios" y lamenta que hayan "convertido a las trabajadoras en un producto y al usuario en un cliente".

Solo hoteles que cumplan con los derechos laborales: así es la central de reservas que preparan 'Las Kellys'

Es por este motivo que desde el sindicato reclaman a los ayuntamientos que remunicipalicen este servicio, para que esté directamente en manos de la administración pública y no de empresas privadas por concurso. "Esto hay que pararlo porque son nuestros servicios públicos y los pagamos entre todos", reclama Nogués.

Concretamente, las trabajadoras del SAD son profesionales sociosanitarias que acompañan a personas dependientes o en situación de riesgo en su domicilio. El servicio incluye el apoyo a la higiene y el cuidado personal; la ayuda para levantarse, acostarse o andar; el cuidado y el control de la alimentación y la medicación y el acompañamiento en tareas fuera del hogar, entre otras cosas.

"Son una máquina de romper cuidadoras"

Nogués trabaja en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde nació el sindicato, y denuncia que, con la externalización, este servicio se ha precarizado en muchos sentidos: "Cuando entré, hice las prácticas con una trabajadora municipal y luego se externalizó. Entonces tenían planes de trabajo, objetivos, formación continuada, seguimiento de los usuarios... ahora ni eso".

Además, cuenta que estas trabajadoras cobraban antes un 40% más y que, ahora, el sueldo inferior y las jornadas parciales hacen que muchas "tengan que sobrevivir con 600 o 700 euros al mes", además de trabajar medicadas "por ansiedad y por hacerse daño tras, por ejemplo, levantar a personas sin ayudas técnicas como la grúa". "Son una máquina de romper cuidadoras", lamenta.

Ante esta situación, el sindicato SAD se reunió hace unas semanas con la directora general de Cuidados de la Generalitat, Núria Vergés, quien prometió a las trabajadoras "una mesa de trabajo para empezar a cambiar las cosas", cuenta Nogués. "Tenemos mucho trabajo por hacer y por mejorar", dijo Vergés en un tuit.

Barcelona intentó remunicipalizar parte del servicio, pero no pudo

Barcelona es una de las ciudades en las que está presente el sindicato SAD. En la capital catalana, el Servicio de Atención Domiciliaria es el segundo contrato público más importante del Ayuntamiento -después del de limpieza- y cuenta con 4.000 trabajadoras y unos 20.000 usuarios. Desde enero de 2021, este servicio está en manos de la cooperativa Suara Serveis y de la empresa Servisar, filial del grupo DomusVi, que también gestiona varias residencias en España, algunas con expedientes por la gestión de la pandemia.

Lourdes Ligori, portavoz y empleada, en su caso, de DomusVi, critica también las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras en la ciudad de Barcelona, y lo hace por los mismos motivos que menciona Nogués: sueldos bajos, contratos a jornada parcial y falta de herramientas, organización y seguimiento, además de la falta de material de protección durante la pandemia.

El Ayuntamiento de Barcelona trató de municipalizar parte de este servicio en 2019 mediante una encomienda de gestión, pero la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat emitió un informe desfavorable a la internalización del SAD y, tras consultarlo con los servicios jurídicos del consistorio, constataron que no podían hacerlo.

La concejal de Salud, Envejecimiento y Cuidados, Gemma Tarafa, explica a 20minutos que miraron "si era posible hacer esta encomienda, pero hubo un cambio de normativa y, tras consultarlo, los servicios jurídicos del consistorio presentaron un informe desfavorable, por lo que no pudimos hacerlo".

El Ayuntamiento incorporó nuevos requisitos en el contrato

Tarafa asegura que, tras la imposibilidad de remunicipalizar el SAD, el consistorio utilizó los resquicios que permitían sus competencias para incorporar en el nuevo contrato "las mejoras que considerábamos que debían estar". En primer lugar, esperaron a que se aprobase el nuevo convenio catalán para poder incorporar el aumento salarial que se había establecido: un 14% en cuatro años.

También incluyeron el modelo 'superilla SAD', una forma de que los usuarios contasen siempre con los mismos trabajadores para "establecer una mejor vinculación". Sin embargo, es un sistema con el que, asegura Ligori, "las trabajadoras no estamos contentas porque hay que autogestionarse y estar siempre pendiente del teléfono".

Por otra parte, detalla Tarafa, "15 puntos de los 100 que contiene el pliego tienen que ver con la situación laboral de las trabajadoras, por lo que las empresas que quieran ganar este concurso tienen que acreditar que harán muchas más jornadas completas y mejorar la formación, el acompañamiento y la atención psicológica. Esto debe cumplirse al 100% o las empresas se enfrentan a un expediente sancionador o a una retirada del contrato".

Control de estas mejoras

Sin embargo, un año después, las trabajadoras siguen señalando sus malas condiciones y exigen un mayor control del Ayuntamiento sobre las prácticas de estas empresas. En este sentido, Tarafa explica que el consistorio ha puesto en marcha la adjudicación de las tareas de control sobre el SAD a una empresa "que no puede estar relacionada con las que se presentaron y que dependerá directamente del Instituto Municipal de Servicios Sociales".

Sindicato SAD

Con este 'lote control', "se harán inspecciones sorpresa, se atenderán las quejas de trabajadoras y usuarias y se harán encuestas de satisfacción. Si una empresa ganó el concurso porque dijo que aumentaría las jornadas completas o que haría más formación y luego no lo hace, nosotros estaremos ahí. Ya lo estábamos, pero ahora el control será mucho más exhaustivo", asegura.

Ante la crítica de que este control se haga a través de otra empresa y no directamente desde el Ayuntamiento, comenta que "por las leyes de contratación de personal, no podemos contratar a 15 personas de golpe en la Administración para este servicio. Si lo hacemos aquí, podríamos tener dos o tres personas haciendo esto y así no habría cambio. Por lo tanto, hacemos una licitación, pero que depende del Instituto Municipal de Servicios Sociales".

¿Habrá otro intento de municipalizar el SAD?

Sobre si el Ayuntamiento volverá a intentar municipalizar el SAD, Tarafa señala que "nosotros pusimos esta apuesta sobre la mesa porque considerábamos que podía darnos más supervisión y control de la situación. Eso lo hemos podido mitigar con el nuevo lote control y, teniendo el informe jurídico que tenemos, nos mantendremos como estamos porque es la mejor solución". Eso sí, también remarca que "el contrato actual es de dos años con posible prórroga de otros tres y, en este proceso, si la normativa cambia, iremos valorando".

Sobre las reivindicaciones de las trabajadoras, considera que "éste es un sector muy feminizado y que viene de una situación precarizada", por lo que no quiere "quitarles ninguna razón" e insiste en que el nuevo control pretende acompañar mucho mejor su trabajo. Tarafa subraya que "las trabajadoras del SAD realizan un trabajo extraordinario" y que, en una encuesta reciente de satisfacción con el servicio, los usuarios lo valoraron por encima del ocho.

Sin embargo, comenta también que este trabajo es "muy invisible" y que "la mejor forma de darle reconocimiento, además de mejorar sus condiciones, es hacerlo visible, porque este servicio es clave en una sociedad que envejece a marchas forzadas". Por su parte, las trabajadoras organizadas en el Sindicato SAD volverán a manifestarse el próximo 27 de febrero en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Ayuntamiento y a la Generalitat.

"Cuidemos a las cuidadoras del SAD" es el lema bajo el que se concentrarán para reivindicar unos "servicios 100% públicos, prevención de riesgos, igualdad, conciliación familiar, pago de los desplazamientos, municipalización y subidas salariales acordadas".