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¿Qué gana el PP pactando con Vox y qué pierde? Pros y contras de una decisión que puede marcar el futuro de Génova

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, junto líder del PP, Pablo Casado.
EFE

El Partido Popular nunca se ha visto ante esta situación: no solo necesita los votos de Vox para gobernar en Castilla y León sino que está más cerca que nunca la opción de un Ejecutivo de coalición que incluya al partido de Santiago Abascal. Hasta ahora Vox se ha quedado apoyando desde fuera ahí donde fue necesario (Madrid, Andalucía o Murcia, en este último caso acabó entrando tras la ruptura de los populares con Ciudadanos). 

El escenario tras el 13-F es distinto. Vox ya reclama carteras. El propio Abascal aseguró que a García-Gallardo, su candidato, se le estaba poniendo "cara de vicepresidente". Trece escaños es un peso ya específico para la formación 'verde', pero cabe ver los pros y los contras que puede tener para Génova una coalición con Vox.

Pro 1: una supuesta estabilidad

Alfonso Fernández Mañueco ha dejado claro que su primera opción es gobernar en solitario y ha cerrado la puerta a las dos primeras demandas de Vox: la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género y la de memoria histórica. El PP insiste en que hablará "con todos" pero Ayuso, por su parte, ya ha bendecido el pacto con los de Abascal "sin que importe lo que piense la izquierda". En teoría, un acuerdo que sume 44 procuradores debería ser sinónimo de estabilidad, aunque incluso el propio Mañueco tenga dudas de eso.

Pro 2: cuatro años más en el Gobierno

Un acuerdo para gobernar en coalición puede encontrar la excusa de que al PP le asegura, en base a la suma de procuradores, cuatro años más de Gobierno, que podría no tener si acaba yendo a una repetición electoral (aunque esta posibilidad parece descartada ya desde el principio). El adelanto de los comicios a 2022 implica que la legislatura tendría que durar ahora hasta 2026, con los populares de nuevo al frente del Ejecutivo después de 35 años. Esa imagen de estabilidad es la que quieren trasladar desde la formación, especialmente desde Génova... con la cabeza puesta en las generales del año que viene.

Pro 3: ¿Casado consolida el espacio a la derecha?

Pablo Casado, pese a que se mantiene cauto, puede intentar jugar la baza de que el espacio de la derecha se está consolidando, con el PP ganando y con Vox creciendo, de tal manera que la suma sea efectiva en el escenario nacional. Pese a que el líder popular todavía no abre la puerta del todo a una coalición con los de Abascal, en términos de cálculos electoralistas le viene bien que el partido a su derecha siga creciendo. Lo mismo sucede en la izquierda: al PSOE le conviene que Unidas Podemos mantenga un porcentaje alto de voto, o al menos suficiente como para pactar. El tiempo de las mayorías absolutas ha terminado, así que la suma debe ser suficiente. A eso puede agarrarse Casado.

Contra 1: amplio rechazo del resto de partidos

La pelota está en el tejado del PP (no tanto de Vox) porque el resto de partidos ya han dejado claro que rechazan ese pacto: ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el PSOE aceptan esa fórmula. Parece evidente, pero en las filas socialistas hay voces que van incluso más allá. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se mostró partidario de que los suyos se abstuvieran para permitir un Gobierno del PP sin depender de Vox. Una especie de cordón sanitario que Ferraz ha rechazado de forma tajante, alegando que la situación actual "la ha provocado el Partido Popular" con el adelanto electoral.

Vuelve a estar sobre la mesa de nuevo por tanto el debate sobre un cordón sanitario que se ha desarrollado en otros países de Europa, con resultados diferentes. En Alemania hay una aceptación social muy grande para que AfD no entre ni siquiera en las fórmulas para formar ejecutivos, incluyendo a la CDU, que le ha dado siempre la espalda. Eso ha contenido en cierto modo el crecimiento de la ultraderecha y ha impedido, sobre todo, que apenas toquen poder. En Francia, por otro lado -y con un sistema diferente- la puerta cerrada a la ultraderecha no ha frenado su crecimiento y de hecho para las elecciones de abril hay dos candidaturas de extrema derecha: la de Marine Le Pen y la de Eric Zemmour, además de que la derecha tradicional compra ya partes de su discurso. Además, triplican a la izquierda en intención de voto.

Contra 2: opción a ciegas

No hay experiencias anteriores de pactos entre el PP y Vox para gobernar juntos estrictamente hablando, ni tampoco del partido liderado por Abascal en gobiernos con peso específico. Eso hace que una posible coalición sea una opción a ciegas, sin saber a ciencia cierta si la formación de Abascal podrá imponer su agenda y convertir el relato en normas efectivas. De momento, en Castilla y León el PP cierra la puerta a las más drásticas, pero a la hora, por ejemplo, de aprobar Presupuestos la cosa puede cambiar.

Contra 3: ¿posible 'sorpasso' en 2023?

Vuelve a escena también el ya famoso 'sorprasso', pero esta vez en la derecha. ¿Y si la entrada de Vox en gobiernos le hace seguir creciendo y acaba superando al PP? Las encuestas dan esa posibilidad como real, al ver un estancamiento de los populares y un crecimiento bastante sostenido de Vox. Precisamente por eso Pablo Casado podría insistir en diferenciarse de Abascal en ciertos planteamientos, sobre todo en lo relativo al europeísmo, la igualdad, las políticas de Estado o la renovación de las instituciones.

Contra 4: ¿tiene Bruselas algo que decir?

No. La UE hace tiempo que empezó a normalizar que estas fuerzas políticas entren en Gobiernos. En el año 2000 la Comisión Europea amenazó con romper relaciones con Austria, un Estado miembro, tras la formación de un Ejecutivo del Partido Popular Austriaco (OVP) con la extrema derecha del FPO. Aquello fue un giro novedoso, pero en 2019 Sebastian Kurz repitió la maniobra y la coalición se asumió sin muchos problemas. Lo mismo pasó también con el Gobierno italiano formado por la Lega de Salvini y el M5S. Eso sí, Bruselas sigue teniendo en el foco a los gobiernos de Hungría y Polonia, también de tendencia ideológica ultraderechista.

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