El proyecto de ley de protección animal verá la luz, por fin, el próximo viernes, cuando el Consejo de Ministros dará luz verde al inicio de su proceso de tramitación. Así ha podido confirmarlo 20minutos de fuentes del Gobierno, lo cual supone que la norma -elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra- ha superado las reticencias que había mostrado en los últimos meses el Ministerio de Agricultura, unos recelos que provocaron que la norma se retrasara hasta después de que hayan tenido lugar las elecciones de Castilla y León pese a estar preparada desde hace meses.
La ley, entre otros asuntos, pretende prohibir en toda España el sacrificio de animales domésticos abandonados o limitar la cría y venta de animales a profesionales certificados, lo cual incluye restringir el número de camadas que puede tener cada hembra. Precisamente este último punto generó resistencias en algunos colectivos de cazadores, que pidieron eximir de las restricciones a animales como los perros de caza para evitar perjudicar una actividad económica importante en ciertas zonas rurales.
Agricultura se alineó con ellos y, hace unos meses, el ministro Luis Planas aseguró que velaría por defender sus "puntos de vista" en relación a la producción ganadera y también por defender la cinegética. No obstante, Derechos Sociales rechazó hacer excepciones porque, según el Ministerio, "son cientos los casos al año de intervenciones de centros de cría donde las perras paren sin descanso hasta morir extenuadas, con enfermedades y deformidades, y con graves problemas de comportamiento derivados de sus penosas condiciones de vida".
Fuentes del Gobierno aseguran que es el ministerio liderado por Belarra el que finalmente se ha impuesto y afirman que, pese a las discrepancias con Agricultura, la ley no ha sufrido cambios, además de insistir en que el texto no incluye restricciones a la caza ni modifica su régimen legal. Por el contrario, estas fuentes sí señalan que la nueva legislación prohibirá el sacrificio de animales de compañía que estén sanos, una restricción que no se aplicará cuando existan "razones de salud pública o eutanásicas". Derechos Sociales, además, creará un sistema estatal de registros de animales de compañía, con la intención de combatir el abandono, y prohibirá prácticas que provoquen sufrimiento a las mascotas, como el uso de collares eléctricos o pinchos.
La nueva norma también plantea la prohibición de circos con animales salvajes, como ya ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, así como crear un registro de infractores que impida la tenencia de animales -o su uso para actividades económicas- por parte de personas inhabilitadas por sentencia judicial. La ley, además, prohibirá a nivel estatal las peleas de gallos -que siguen estando permitidas en determinadas circunstancias en Andalucía y Canarias-, la cría de visones americanos por su potencial invasor o la cría, comercialización y tenencia de animales exóticos que supongan "un posible riesgo para la seguridad pública o el medio ambiente".
El proyecto de ley que comenzará a tramitarse el viernes incluye un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves, entre las que se contará precisamente la celebración de peleas de gallos. La cría de visones o de animales sin control, así como la utilización de animales salvajes en circos, estará castigado con sanciones de entre 30.001 y 100.000 euros.
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