El monitor de la Fundación Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès) acusado de abusar sexualmente de tres mujeres con discapacidad entre junio de 2018 y septiembre de 2019 ha asegurado en el juicio, en la Audiencia de Girona, que las relaciones sexuales fueron consentidas. Para reforzarlo, el acusado, que solo ha respondido a las preguntas de la defensa, ha expuesto que también propuso tener sexo a otra de las usuarias del centro ocupacional, pero ella no quiso y "desistió". Las acusaciones apuntan que el acusado se aprovechó de la confianza que le tenían las mujeres para hacerlas ir hasta el lavabo y abusar de ellas mientras lo grababa en video. El fiscal pide ahora 52 años de prisión y el abogado de las víctimas mantiene la petición de 86.
El monitor ha declarado al final del juicio y solo ha respondido a las preguntas de la defensa, encabezada por el letrado Carles Monguilod. El procesado, Antonio R. S., ha afirmado que las relaciones sexuales con las tres víctimas fueron consentidas y que las chicas también accedieron a que las filmara con el móvil: "Les pedí permiso". Durante el registro en su domicilio de Cassà de la Selva, después de que los Mossos d'Esquadra loedetuvieran, la policía localizó cuatro videos de tres víctimas.
El fiscal y las acusaciones particulares sostienen que el acusado se aprovechó "de su condición de monitor y de la especial relación de ascendencia y confianza que tenía por su función" para hacerlas ir hasta un lavabo del campo de fútbol de Sarrià donde hacían tareas de limpieza. Una vez allí, hacía que se bajaran los pantalones y la ropa interior y abusaba de ellas. Todas las víctimas tienen una discapacidad intelectual reconocida del 65%.
Además, también le acusan de haber intentado abusar de otra usuaria siguiendo el mismo 'modus operandi': "Le dijo que entrara con él a los lavabos para realizar actos de naturaleza sexual, pero la víctima se opuso reiteradamente y el acusado no consiguió su objetivo". Y es este presunto intento de abuso sexual el que ha usado el acusado para justificar que las relaciones con las otras tres víctimas habían sido consentidas: "Se negó. Cuando se lo pedí dijo que no quería hacer aquello porque no podía y desistí".
Amenazadas
Las víctimas no han declarado en el juicio y las exploraciones que ya hicieron en fase de instrucción explicando los hechos se han dado por reproducidas. Así, en la sala de vistas no han reproducido las grabaciones, que el tribunal de la sección cuarta escuchará antes de dictar sentencia. Sí que han declarado los tutores legales de las víctimas: tres madres y un padre. Su relato choca frontalmente con la afirmación del acusado asegurando que las relaciones sexuales habían sido consentidas.
Una de las madres ha explicado que el día 5 de octubre de 2019 fueron a pasar el día a Barcelona en familia. Fue allí donde la víctima le explicó a su tía, con quien tiene una relación muy próxima y de confianza, lo que había pasado. "Dijo que el monitor la encerraba en el lavabo, la hacía arrodillar. También nos dijo que ella no miraba porque tenía mucho miedo", ha declarado. La víctima explicó a la familia que la "iluminaba con el móvil" cuando perpetraba los abusos.
Aquel mismo día, también relató a los familiares que había hecho lo mismo con dos compañeras más. A partir de aquí, la madre se puso en contacto con los padres de las otras dos víctimas que, cuando hablaron con sus hijas constataron que el monitor también había abusado de ellas. Las tres familias denunciaron los hechos a los Mossos d'Esquadra el 6 de octubre.
Las familias han concretado que las tres víctimas describieron exactamente el mismo tipo de episodios. Los abusos pasaron cuando estaban con el acusado como supervisor en el campo de fútbol y tuvieron lugar en un lavabo de las instalaciones. Las chicas, que en el momento de los hechos tenían entre 20 y 30 años, dijeron a las familias que les hacía "mucho daño". Las madres también han subrayado que el procesado las amenazaba para evitar que lo explicaran.
Una vez denunciados los abusos, tanto las familias como el director y otros educadores de Els Joncs empezaron a atar cabos con algunos problemas que había habido. Por ejemplo, en el juicio han explicado que las víctimas tenían reticencias a ir con el ahora acusado y que decían que no querían ir al campo de fútbol alegando que hacía mucho calor. "No sospechamos, no le dimos la importancia que tenía", ha dicho una de las madres. El director del centro ocupacional ha dicho que el procesado "siempre quería" que las tres víctimas estuvieran a su grupo y lo había llegado a pedir explícitamente en algunas reuniones.
El fiscal lo acusa de cuatro delitos contra la libertad e indemnidad sexual de abusos sexuales a personas con discapacidad con introducción de miembros corporales por vía anal prevaleciéndose de la situación de superioridad, de otro delito de abuso sexual en grado de tentativa, tres delitos de elaboración de pornografía en concurso con un delito contra la integridad moral y un delito de tenencia de pornografía infantil. Solicita una condena de 52 años de prisión. La acusación particular, en nombre de las víctimas, pide 86 años de prisión por cinco delitos de abuso sexual con la agravante de abuso de confianza y cuatro delitos de elaboración de pornografía infantil.
Consentimiento y prevalecimiento
La defensa, encabezada por el letrado Carles Monguilod, pide la absolución por los abusos sexuales y las grabaciones con el móvil. En el informe, el abogado ha remarcado que hay dos cuestiones jurídicas que el tribunal tendrá que tener en cuenta y que, según su punto de vista, no pueden comportar una sentencia condenatoria. Una está relacionada con el consentimiento. Aquí, Monguilod ha tirado de jurisprudencia para defender que el hecho de tener una discapacidad del 65% no implica, per se, que no se pueda consentir tener sexo o que sea un consentimiento viciado.
El segundo punto de debate que ha planteado gira alrededor del prevalecimiento que alegan tanto el fiscal como las acusaciones particulares. En este sentido, el letrado expone que acusado y víctimas tenían edades parecidas (en el momento de los hechos el procesado tenía 31) y que no era su monitor de referencia. Así, niega que tuviera esta "ascendencia" hacia las víctimas porque solo estaba con ellas dos horas en la semana.
Pornografía infantil
No hay discusión, en cambio, sobre el delito de tenencia de pornografía infantil. El acusado lo ha reconocido. Por este delito, la defensa pide un año de prisión, igual que la fiscalía.
En el marco de la investigación por los supuestos abusos, el juzgado de instrucción 4 de Girona acordó el registro del domicilio del ahora acusado. Durante el registro del 7 de octubre del 2019, los Mossos d'Esquadra localizaron un disco duro y una tarjeta de memoria. En el análisis de estos dispositivos y de los teléfonos móviles del procesado localizaron fotos y videos de pornografía infantil con "imágenes explícitas de menores de edad, en concreto menores de 10 años, desnudadas o haciendo prácticas sexuales de todo tipo".
El juicio, que se ha hecho en la sección cuarta de la Audiencia de Girona, ha quedado visto para sentencia.
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