El PSOE de Madrid y Más Madrid han denunciado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue si hay prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

Quién es quién en la trama de espionaje a Isabel Díaz Ayuso

Los socialistas entienden que podría haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos". Así figura en el documento que está firmado por los portavoces adjuntos del PSOE Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada.

La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables" de la presunta comisión de "delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos".

Por su parte, Más Madrid ha justificado su decisión en que su denuncia ante la Fiscalía supone "la primera piedra de un caso mayor de corrupción", en palabras de la líder de ese partido, Mónica García. García ha mostrado su confianza en que esto contribuya a saber "si es prevaricación, cohecho o tráfico de influencias".

Más Madrid aporta sms que aseguran que la comisión fue de 300.000€

El grupo parlamentario de la cámara madrileña ha incluido en su denuncia unos mensajes de texto que recibió Mónica García el pasado 7 de noviembre de una persona anónima que alertaban de la irregularidad en los contratos.  Estos mensajes señalan que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 300.000 euros por hacer de intermediario entre la empresa, propiedad de un amigo de la familia Ayuso, y la Comunidad de Madrid. 

La líder de Más Madrid ha apuntado que estos mensajes han sido estudiados por el equipo jurídico del partido y han sido entregados a la Fiscalía por si "pudieran darse delitos de falsificación de documento privado y delitos de administración desleal". "Esto no es la política, esto es el Partido Popular. La política es la mejor herramienta para mejorar la sociedad, no para corromper un partido", ha aseverado.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, por su parte, ha mostrado las sospechas de su grupo en el resto de contratos de emergencia adjudicados durante la primera ola del coronavirus.

Ha reprochado que estas cuestiones se han estado denunciando "mucho tiempo" ante los desaires del Ejecutivo regional y ha llegado el momento de que sea la "justicia la que investigue" qué ha sucedido.