La guerra interna en el Partido Popular (PP) se traslada a los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene encima de la mesa tres denuncias, las de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, para investigar la presunta adjudicación de un contrato de un millón y medio de mascarillas a la empresa de un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la sospecha de que pudiera haber cobrado una comisión su hermano Tomás. Desde Génova, cifran esa comisión en 283.000 euros, mientras la dirigente asegura que fueron 55.000 y rechaza que fuera una "comisión". Varios de los delitos que a los que apuntan, como son cohecho, tráfico de influencias y malversación están penados con cárcel, mientras que la prevaricación conlleva la inhabilitación como cargo público, tal y como establece el Código Penal.

Casado pidió a Ayuso que dijera que el PP no la investigaba a cambio de levantarle el expediente

Los portavoces de las tres formaciones de izquierdas con representación en la Asamblea de Madrid acudieron en la mañana del viernes a Anticorrupción. Lo hicieron dos días después de que El Confidencial y El Mundo publicasen la existencia de una presunta trama de espionaje contra la presidenta comandado por su partido tras ser conocedores de que el hermano de Ayuso había presuntamente cobrado una comisión por conseguir un contrato de compra de mascarillas para un amigo de la infancia. "Esto [en referencia a la comisión] es la primera piedra de un caso de corrupción más grande que va llevar a imputaciones", auguró Mónica García, de Más Madrid. "No es ético", añadió Juan Lobato, del PSOE, que pidió a la Justicia dirimir responsabilidades, como hizo también Carolina Alonso, de Unidas Podemos.

"Queremos que la Fiscalía investigue si es prevaricación, cohecho o tráfico de influencias", añadió García. Estos delitos están contemplados en el Código Penal. Según marca el artículo 404, la prevaricación es un delito cometido por un funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dicta una "resolución arbitraria" y está castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.

El delito de cohecho, consistente en solicitar, ofrecer o aceptar regalos, favores o retribuciones a un funcionario público para que cometa una infracción administrativa, es más complejo, pues tienes varias aristas. Está regulado entre los artículos 419 y 427 del Código Penal, que diferencia entre cohecho activo y cohecho pasivo. En el primer caso, lo comete quien ofrece o entrega el regalo o la oferta. El cohecho pasivo es cometido por la autoridad pública y está castigado con una pena de prisión de seis meses a un año y la suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

La Comunidad insiste en que el contrato con Priviet Sportive pasó todos los controles legales: "Es irreprochable"

La condena por cohecho es similar a la que recoge el Código Penal para castigar el tráfico de influencias, que consiste en lograr que una persona que ostente un cargo público dicte una resolución a sabiendas de su injusticia para lucrar a un tercero.

Asimismo, la oposición pide investigar a Ayuso por malversación de caudales públicos, un delito de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal. Se regula en los artículos 432 a 435 del Código Penal y está castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Con todo, ahora es el turno de Anticorrupción, que deberá analizar las denuncias, aunque es posible que no sea de su competencia. Y es que, aunque los escritos de los partidos de la oposición no se dirigen directamente contra la presidenta, el relato de los hechos sí la involucra. Así pues, al estar aforada ante el Tribunal Supremo por ocupar la Presidencia de la Comunidad -tal y como establece el Estatuto de Autonomía de Madrid-, la Fiscalía podría derivar los escritos a su sección del alto tribunal.