El inicio del año hidrológico está siendo el segundo más seco de este siglo en España y el sector primario ya lleva varias semanas advirtiendo de las posibles consecuencias. La previsiones meteorológicas hacen pensar que las precipitaciones sigan siendo escasas en las fechas próximas y las reservas hídricas no paran de disminuir cada semana. Este martes, los embalses se encontraban al 44,3% de su capacidad, casi 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años.

Carlos Mario Gómez, catedrático de Economía en la Universidad de Alcalá y miembro del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua, explica a 20minutos que es un error hablar de problemas del agua solo cuando llegan a "un nivel de gravedad que deja a agricultores sin su cosecha, pone en peligro el desabastecimiento urbano, empieza a poner de manifiesto la falta de infraestructuras, el agotamiento de los acuíferos,...". "Todo eso se nos viene encima cuando deja de llover. Como cuando se seca un embalse y vemos las ruinas, el efecto de las decisiones que tomamos en el pasado", resume.

Para Gómez los problemas son estructurales y se deberían a unos usos del agua que no se pueden mantener en el tiempo. "Si llueve y tenemos el 80% de las reservas, las tensiones sociales se disipan. Pero si a un otoño seco le sigue un invierno seco y, probablemente, una primavera seca, entonces las tensiones empiezan a llegar muy lejos. Las soluciones paliativas, como las subvenciones, están muy bien para determinadas personas perjudicadas, pero no son soluciones estructurales al problema". 

No se resolverían estos problemas porque "el ciclo político y el ciclo hidrológico no encajan muy bien. El ciclo político es un ciclo hidro-ilógico, que no resuelve los problemas, que los puede terminar agravando", señala.

Posibles restricciones y medidas por la sequía

Las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana están sufriendo una situación de sequía hidrológica, que, según definición del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), es la disminución de las disponibilidades de agua, durante un plazo temporal dado, "que puede impedir cubrir las demandas de agua al cien por cien". 

En esta situación, la semana pasada la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) decidió que, si se mantenía, se reduciría un 83% la dotación máxima de agua por hectárea, medida que el sector rural de la zona dijo que ponía en riesgo a todos los cultivos. 

Un día antes de esa decisión, los representantes de las diferentes confederaciones hidrográficas tuvieron una reunión con la ministra Teresa Ribera en la que se abordó el Real Decreto Ley de Sequía que incluiría medidas como obras de emergencia para garantizar el abastecimiento y ayudas para los afectados.

En esta misma línea de medidas para la sequía, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este lunes que España y Portugal pedirán a la Comisión Europea que se incremente la dotación de los adelantos de la PAC para 2022 y que se flexibilicen las condiciones del uso de superficies de barbecho e interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía en la Península Ibérica. También ha anunciado que se convocará en las próximas semanas la mesa de la sequía como un punto de interlocución entre el sector y las comunidades autónomas para analizar qué medidas se pueden implantar.

Seguridad hídrica

Sin quitar importancia a las medidas que se tomen en este contexto concreto, Gómez, que desarrolla tareas de consultoría en gestión integral del agua para el Gobierno de España, la Comisión Europea y Naciones Unidas, insiste en mirar al problema como algo estructural y no coyuntural. "Hay infraestructuras y España es líder en tecnologías de reutilización de agua. Lo que hay que hacer es ponerlas en marcha".

Gómez cree que el debate sobre infraestructuras es necesario, pero siempre que vaya vinculado a una discusión sobre "cómo acomodar la demanda y los usos del agua a las disponibilidades que hay". Para ello habría que cambiar la perspectiva de la gestión y centrarla en lo que llama seguridad hídrica, en cómo generar un sistema en el que se tenga suficiente agua para los diferentes usos y que el agua esté "suficientemente garantizada y no haya que regularla año tras año. Y eso cuesta dinero".

Ese coste lo ejemplifica hablando sobre un agricultor que tendría la posibilidad de sacar agua del río, extraerla del pozo o comprarla desalada. Aunque agua desalada hay mucha, es la opción más cara y probablemente no sea la elegida. "Entre todos deberíamos llegar a un acuerdo para compartir el coste de generar una oferta de agua", explica. Cita como ejemplo de financiación al sector eléctrico, en el que "tenemos generación eólica, solar y pagamos entre todos una tarifa que permite financiar el sistema, aunque a veces excesiva", matiza.

Sin embargo, en el agua no existiría ese sistema y Gómez considera que "fijar un precio para la seguridad hídrica es una forma de financiar un sistema de infraestructuras suficiente que sea adaptable a las situaciones de sequía, y también a lo que pueda ocurrir con el cambio climático".

"En España, la planificación hidrológica entiende el agua como el bien privado que recibe un señor y hay que crear estas infraestructuras para satisfacer su demanda de metros cúbicos". La propuesta de Gómez busca una forma de encontrar un balance entre el interés común y el interés privado. "El agua es un recurso esencial para la vida, todo el mundo tiene que tener garantizado acceso al agua, que no dependa de que pueda pagar la factura o no. Empezando por ahí", destaca. 

Por ello resalta la necesidad de reconocer el valor del agua en sus distintos usos lo que lleve a establecer precios distintos y contribuciones distintas. "La seguridad hídrica es un bien colectivo. Una sociedad que tiene seguridad hídrica es una sociedad estable, tranquila, cumple sus necesidades básicas, sus necesidades económicas y tiene unos ríos saludables, que funcionan como ecosistemas vivos que preservan la biodiversidad y protegen la salud de la gente y, además, se puede usar el agua para servicios recreativos".