La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, rechaza remitir el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano ante el que se encuentra aforada la dirigente regional, al no ver "indicios razonablemente verosímiles" de su posible intervención.

El Ministerio Público ha incoado las diligencias unos días después de que partidos de la oposición como PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentaran denuncias por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.

Hasta este martes, Anticorrupción ha estudiado las tres denuncias y ha abierto diligencias de investigación para tratar de "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados", según explica el Ministerio Público. A partir de ahora se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones.

"Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid", indica la Fiscalía en un comunicado.

"No obstante esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados", apunta.

Según explica Anticorrupción, la apertura de diligencias se debe a la "relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución", pero también "por la indiscutible trascendencia social del contexto" en el que tuvieron lugar los hechos descritos en las denuncias, "que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

En cuanto a la presunta responsabilidad en la adjudicación del contrato de la presidenta madrileña, a quien los partidos denunciantes le atribuyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, Anticorrupción afirma que en estos momentos no hay "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo", por lo que descarta remitir el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que también inicie una investigación contra ella.