El Tribunal Supremo ha anulado el juicio previsto para este martes contra la diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Eulàlia Reguant por un error en la tramitación de la causa, al entender que el juzgado de Madrid no era competente para declarar la apertura del juicio, dado que la acusada ya era aforada ante el alto tribunal.
De esta forma, el alto tribunal ha ordenado que se devuelvan las actuaciones al final de la instrucción, para que la Fiscalía del Supremo emita su informe de acusación y un instructor del alto tribunal acuerde ya, si procede, la apertura del juicio oral.
El tribunal ha tomado esta decisión al entender que "se ha producido un error en la tramitación de la causa antes del traslado a esta sala" que "puede dar lugar a una nulidad de pleno derecho", por ello ha acordado la nulidad "con la finalidad de extremar las garantías y de asegurar los derechos de la defensa y de la acusada".
La Sala atiende así la petición de la defensa, apoyada por el fiscal durante las cuestiones previas, de declarar la nulidad del juicio porque el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid abrió juicio oral contra Reguant cuando no era competente para ello.
En concreto, ha explicado que las actuaciones deberían haberse remitido al Supremo justo cuando Reguant comunicó su aforamiento al obtener un escaño en el Parlament y no siete meses después, por lo que su defensa ha sostenido que tanto el escrito de acusación como el auto de apertura de juicio oral "son nulos de pleno derecho".
De hecho, el fiscal Carmelo Quintana ha apoyado esta petición al manifestar que se ha producido una "elevación tardía" del procedimiento al Supremo y como consecuencia "se han superado unos límites irrebasables que no pueden subsanarse" porque "el auto de apertura del juez solo podía ser dictado por el magistrado instructor que hubiese sido designado por la Sala II (del Supremo).
Eulàlia Reguant está acusada de supuesto delito de desobediencia grave por su negativa a responder a la acusación popular ejercida por Vox cuando testificó en el juicio del "procés".
Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019, cuando Reguant y Baños fueron citados a declarar como testigos en el juicio del "procés" en el Supremo, y se negaron a responder las preguntas de los representantes de Vox, constituida esta última formación como acusación popular.
Como consecuencia de este hecho, el Supremo inició un proceso sancionador contra ambos testigos y remitió al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid la causa siendo el órgano competente para ello al no ser Reguant en ese momento aforada y haber ocurrido los hechos en Madrid.
Sin embargo, como han expuesto las partes, ni el Juzgado ni la Fiscalía de Madrid eran competentes para instruir la causa a partir de marzo de 2021, cuando ella comunicó su aforamiento.
Pese a ello, la Fiscalía de Madrid formuló escrito de acusación y el Juzgado acordó la apertura del juicio oral.
Reguant: "Debemos desenmascarar al fascismo"
A su salida del tribunal, Reguant ha evitado comentar lo ocurrido en la Sala y ha puesto el foco en que "la lucha contra la extrema derecha y contra el fascismo es urgente y necesaria".
Por eso, ha añadido, "es importante organizarnos no solo en procesos judiciales e instituciones, sino en las calles construyendo comunidad y construyendo pueblos libres de fascismo".
Reguant ha defendido su decisión de no responder a Vox durante el juicio del 1-O, por la que este martes debía ser juzgada en el Tribunal Supremo (TS) por un presunto delito de desobediencia: "Debemos desenmascarar al fascismo".
En declaraciones a la prensa mientras esoeraba para comparecer ante el tribunal por aquella decisión, se ha mostrado "tranquila y convencida" de su actuación al no responder a Vox, que ejercía la acusación popular, cuando compareció como testigo, como también hizo el exdiputado de la CUP Antonio Baños.
Reguant ha afirmado que entonces ya preveía que esa negativa podría tener consecuencias jurídicas y ha mantenido que, de volver atrás, actuaría de la misma manera: "Lo que hicimos era necesario. Lo hicimos en el juicio y se hace cotidianamente".
Pide la nulidad
Preguntada por si cree que tendrá un juicio justo, ha sostenido que en el Supremo "rara vez hay juicios justos", y que su defensa mantendrá que Vox, como acusación popular, ya marcaba qué final tendría el juicio del 1-O, en sus palabras.
Además, ha lamentado la "connivencia entre el poder judicial y la extrema derecha en el Estado" y ha explicado que su defensa pedirá la nulidad del juicio o, en su defecto, la absolución.
"A la extrema derecha se la debe combatir desde todos los espacios. Debemos no dejarles espacio y denunciar que forman parte de la génesis del 78, que ahora es Vox, pero ha existido durante todos estos años en las calles de los Països Catalans", ha añadido.
Aragonès: "De pie y firmes contra el fascismo"
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trasladado su apoyo a Reguant.
"Todo el apoyo a Eulàlia Reguant. Basta de persecuciones judiciales y basta de juicios políticos. De pie y firmes contra el fascismo. A tu lado", ha escrito en un apunte en Twitter.
El soberanismo arropa a Reguant
Representantes soberanistas han denunciado este martes "connivencia" entre Vox y la justicia española y han arropado frente al Tribunal Supremo a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que afronta un juicio por desobediencia grave, por negarse a responder a una acusación popular de Vox.
Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019, cuando Reguant y el exdiputado de la CUP Antonio Baños estaban citados como testigos en el juicio del "procés" que entonces celebraba el Supremo.
Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha encabezado la delegación de su partido frente al Supremo, se trata de un "juicio absurdo" que demuestra que "la represión no se detiene" y "sigue la causa general contra el independentismo".
Desde la "solidaridad antirrepresiva", Vilalta ha denunciado la "connivencia de Vox con la justicia española" y ha advertido de que "la represión no servirá para parar" al independentismo.
La diputada de JxCat en el Congreso Pilar Calvo, por su parte, ha expresado asimismo su apoyo a Reguant y ha afirmado: "La amnistía es la solución para todos los represaliados de la causa de la libertad de Cataluña. El gobierno de las togas tendría que acabar".
El diputado de En Comú Podem y secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, ha advertido de que se han "vulnerado claramente los derechos fundamentales" de Reguant y ha denunciado el intento de Vox de "instrumentalizar" el Supremo y, "en general, la justicia".
Pisarello ha alertado además de que la extrema derecha intenta "desacreditar las instituciones" y "eliminar el pluralismo político".
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha acusado al Estado de "permitir que la extrema derecha se aproveche de sus altavoces institucionales, como son los tribunales y los ámbitos parlamentarios", para "difundir el discurso del odio".
"Son los demócratas quienes se sientan en el banquillo de los acusados, mientras que el poder judicial se alinea de la manera más impune al lado de las tesis y las posiciones de la extrema derecha", ha lamentado Antich, que considera "un acto de extrema dignidad democrática" el hecho de que Reguant se negara a contestar a Vox.
Por la ANC ha acudido su tesorero, Carles Gómez, que ha destacado la "valentía y coherencia" de Reguant, que afronta "un juicio más de la causa general contra el independentismo", y ha denunciado: "Que un partido como Vox, con sus lazos con el franquismo y el fascismo, sea un partido legal es una anomalía total del sistema democrático español".
También ha mostrado su apoyo a Reguant el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha alertado de la "infiltración de la extrema derecha, no solamente en el campo político, sino también en el judicial", y ha tildado de "anormalidad" democrática el juicio a la diputada de la CUP en el Parlament.
El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha denunciado la "judicialización de la política" y ha llamado a "defender los principios básicos de la libertad", que "están en cuestión por la ultraderecha".
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