El envío de armas de forma bilateral a Ucrania puede no ser la única brecha que la invasión rusa en Ucrania abra en el Gobierno de coalición. El conflicto amenaza con traer consigo un temporal económico que podría suponer el retraso de las reformas económicas que tiene pendiente el Ejecutivo. Es, al menos, la intención del ala socialista, que se ha encontrado con las reticencias del sector de Unidas Podemos, que apuesta por acometer ya la reforma fiscal. En el horizonte también está un posible cambio del sistema eléctrico para paliar la subida del precio de la luz o la implantación de peajes.

Todas las fuentes de la parte socialista del Ejecutivo consultadas estos días coinciden en que la situación económica que devengará el conflicto bélico, que ya alcanza los diez días, dificultará la acción del Gobierno tal y como la tenían planeada. El ejemplo perfecto es el de la reforma fiscal. El Gobierno constituyó hace casi un año, el 12 de abril de 2021, un comité de expertos para que elaboraran una propuesta fiscal, que es uno de los hitos a los que España se comprometió con Bruselas para recibir los Fondos de Recuperación. Tras meses de trabajo, este jueves presentaron sus conclusiones -subida del IVA o los combustibles- a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la ministra decidió echar el freno y descartó emprender subidas fiscales". "No es el momento", añadió.

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La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, secundó sus palabras el viernes y recordó que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había rechazado este extremo dos días antes, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que expuso la situación respecto al conflicto en Ucrania. En la tribuna, apostó por que la patronal y los sindicatos alcanzaran un "pacto de rentas". Ni hablar de la reforma fiscal. "La posición del Gobierno es que no contemplamos ninguna subida fiscal en este momento", señaló la también ministra de Política Territorial. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, advirtió de que la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia "cambia el orden internacional y tiene consecuencias económicas", por lo que el Gobierno debe encaminarse "a amortiguar el golpe económico".

Esta posición, sin embargo, no es compartida por Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición. Fuentes de la formación morada explican que el impacto económico hace "más urgente que nunca" abordar "con carácter inmediato una reforma fiscal ambiciosa". "El impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas", advirtieron antes de concluir señalando que "la reforma estructural no solo es un compromiso alcanzado con Bruselas en el Plan de Recuperación, es un compromiso alcanzado con la sociedad española".

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La reforma del mercado eléctrico, la otra asignatura pendiente

La otra gran reforma que tiene pendiente la coalición es la reforma del mercado energético para desconectar entre sí el precio del gas y el de la luz. No obstante, en este asunto parece haber más sintonía entre los socios de coalición, aunque es probable que choquen con Europa. De hecho, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lleva meses reivindicando en Bruselas una reforma a medio y largo plazo de dicho mercado para "proteger" a los consumidores. De hecho, a España se han sumado países como Francia, Grecia, República Checa o Rumanía. "El mercado de la electricidad tiene muchas ventajas, como asegurar el suministro de energía en todo momento, pero debe mejorarse para establecer mejor el vínculo entre el precio pagado por los consumidores y el coste promedio de la energía", señalaron en una carta firmada por todos ellos. No obstante, Alemania y los países del norte no lo ven tan prioritario.

Los peajes, suspendidos 'sine die'

Una de las medidas que sí se ha suspendido 'sine die' ha sido la implantación de peajes en las carreteras españolas. En un principio, el Ministerio de Transportes señaló la falta de consenso para aplazar la idea -que también se ha pactado con Europa y que podrá articularse a raíz de la nueva Ley de Movilidad-, pero el pasado jueves, la ministra Raquel Sánchez hizo alusión a la situación económica. “El sistema no se ha definido en la ley, pero [el texto] sí faculta a que se puedan analizar esas alternativas”, aclaró la ministra, que en un desayuno informativo condicionó la implantación del pago por uso a que se haga “en un momento en el que la coyuntura [económica] permita impulsarlo”.