El próximo 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Gobierno sacará a consulta pública una "ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia", impulsada por el Ministerio de Igualdad. Así se acordó en la declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros, en la que el Ejecutivo reafirma su compromiso en erradicar cualquier tipo de discriminación.

"España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos de odio, pero quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto europeo y nacional donde es preciso tener una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia", reza la declaración institucional. 

En el documento, el Gobierno reconoce que en España se han logrado numerosos avances "jurídicos y sociales" en esta materia, pero enumera una serie de líneas de trabajo en las que continuar para avanzar en la lucha contra la intolerancia. Entre ellas, la aprobación de una ley contra la discriminación racial que reconozca el "racismo estructural" en la sociedad, active medidas "de acción positiva", y mejore la atención a las víctimas "para vencer la desconfianza a denunciar y reducir el nivel de infradenuncia", de "delitos de odio"; y, por ende, de "impunidad". El objetivo no es otro que "perfeccionar" el marco normativo para que sancione específicamente las conductas de discriminación racial.

La iniciativa estaba ya contemplada en el Plan Anual Normativo presentado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este enero. Así, se sacará a consulta pública un primer texto el lunes para recabar las opiniones de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones. "La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior como exterior", subraya la declaración institucional. 

En esa línea, el Ejecutivo asegura que ya está trabajando en un "marco estratégico", para "reforzar los mecanismos que permitan la inclusión de las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional y desarrollar procesos e instrumentos de prevención, vigilancia, detección y eliminación de la xenofobia, el racismo y otras formas conexas de la intolerancia".

Más investigación y refuerzo de la educación sin prejuicios

Además, en la declaración inciden en la necesidad de contar con más estadísticas y estudios que permitan realizar "un diagnóstico más preciso" del grado de acceso que los grupos poblacionales y étnicos -migrantes, personas del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes, asiáticas, árabes, etc.- a derechos, como pueden ser la participación política, el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la atención a la salud. 

También hace hincapié en el papel fundamental que juega la educación a la hora de transmitir los valores de una sociedad. "Que los niños y niñas, entiendan el principio de la dignidad humana y su axiología de libertad, igualdad, fraternidad, justicia y tolerancia, y sus implicaciones de respeto y aprecio a la diversidad, de empatía, compromiso solidario, o cómo neutralizar los prejuicios o estereotipos sobre personas y grupos humanos, resultará determinante para definir el mundo que viviremos en unos años y, en este sentido, el Gobierno está impulsando la educación con un enfoque de derechos humanos", describe el texto, remitiéndose a la reforma educativa que se está desplegando con la LOMLOE.

Especial atención a sectores específicos con mayor vulnerabilidad

Asimismo, destaca ciertos "sectores específicos del colectivo migrante", que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Lo ilustra con la situación de los trabajadores migrantes del sector agrícola, que en la mayoría de ocasiones están abocados a "empleos precarios", y se enfrentan con frecuencia a "largas jornadas y a difíciles condiciones de trabajo que suelen estar acompañados de bajas retribuciones y que en muchas ocasiones quedan fuera del sistema de protección social". 

Recuerdan también la situación de las trabajadoras del hogar, cuyo régimen laboral ya fue calificado como discriminatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por no reconocer el derecho al desempleo a este colectivo, integrado casi exclusivamente por mujeres. Esto es, según asevera el documento, "motivo de especial preocupación para el Gobierno", que recuerda su compromiso a promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT en esta legislatura.

"Con esta declaración, el Gobierno pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación de la discriminación racial y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva es una línea prioritaria de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad", concluye el documento.