Hacer visible lo invisible. Ese es el lema que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha escogido este 2022 para conmemorar el Día Mundial del Agua y que pone el foco en las aguas subterráneas, es decir, las que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones geológicas de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua)y que alimentan manantiales, ríos, lagos y humedales

Las aguas subterráneas representan la principal reserva de agua dulce del planeta, lo que las hace vitales para los sistemas hídricos y de saneamiento, la agricultura, la industria y la supervivencia de los ecosistemas. De hecho, la agricultura está detrás del 69% de las extracciones de agua dulce en el mundo; seguida por la industria, con un 19%; y el consumo de los hogares, con un 12%.

Coincidiendo con la celebración de este día, desde la ONU recuerdan que "debemos proteger las aguas subterráneas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio entre las necesidades de las personas y las del planeta".

La demanda de agua crece un 1% anual desde 1980; y lo seguirá haciendo al mismo ritmo hasta 2050  

De las 169 metas de los ODS, 53 guardan relación con este recurso, como la relativa a los sistemas de producción de alimentos sostenibles y las prácticas agrícolas resilientes; la de protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua o la que concierne a la conservación de los ecosistemas de agua dulce y sus servicios.

Retos inmediatos

Proteger y cuidar el agua dulce del planeta entraña un ambicioso objetivo, sobre todo si se tiene en cuenta que el cambio climático produce cada vez más sequías y que, tal y como apunta el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo de la ONU, la demanda de agua lleva creciendo a un ritmo del 1% anual desde 1980. La causa es el crecimiento de la población y el desarrollo socioeconómico, por lo que esta necesidad seguirá aumentando a un ritmo similar hasta 2050.

Otra de las amenazas que padecen las aguas subterráneas es la contaminación, tanto de origen natural como la procedente de las actividades humanas y el uso del suelo, causada por los nitratos y los pesticidas. En este sentido, el 20% de las masas de agua subterránea de la Unión Europea no cumplen con la legislación comunitaria en materia de calidad por la contaminación agrícola.

Situación en España

La conservación y gestión de los acuíferos en nuestro país se enfrenta a un reto añadido: el robo y la extracción ilegal de agua de estos depósitos naturales. Según denunció el pasado mes de octubre la organización World Wildlife Fund (WWF), hasta 88.645 hectáreas en nuestro país se riegan de forma ilegal, o lo que es lo mismo, se han extraído 220 millones de metros cúbicos (el equivalente a 65.000 piscinas olímpicas) para el regadío sin solicitar el permiso pertinente de las administraciones públicas.

Según WWF, el 25% de los acuíferos que hay en España están sobreexplotados

Las Tablas de Daimiel, en Castilla La Mancha; el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía; el Mar Menor, en Murcia; y Los Arenales, en Castilla y León son los principales acuíferos de España y también los más amenazados, apuntan desde esta ONG.

Se estima que el 25% de los acuíferos del país están siendo sobreexplotados, lo que puede conllevar "un gradual encarecimiento de la producción, problemas en los cursos de agua, una degradación de la calidad del agua e incluso que terminen agotándose", denuncia WWF.

En esta línea, hace apenas un mes,el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) dió a conocer la macrooperación Mizu II, desarrollada durante los meses de marzo a septiembre del año pasado, que ha supuesto la detención de 133 personas, la detección de 1.533 pozos ilegales y más de 2.00 infracciones administrativas.

En el comunicado de la operación, desde Seprona alertaron de que "la sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente y especialmente contra este recurso indispensable para la vida". En España, las penas de los delitos medioambientales son todavía exiguas: prisión de seis meses a dos años y multas de diez a catorce meses de inhabilitación especial para ejercer un oficio.