Hace un mes el paso del Gobierno (y de Europa en su totalidad) cambió de la noche a la mañana. Todavía coleaba la resaca de la convalidación de la reforma laboral -que terminó aprobándose in extremis-, el Ejecutivo estaba inmerso en hacer despegar la implantación de los fondos europeos y en la preparación de la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma, que terminó postergándose. Y es que, en la madrugada del 24 de febrero, Rusia decidió invadir Ucrania, sumiendo al país en una guerra que todavía hoy dura.
Ese día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional que dio paso a cuatro semanas en las que el ánimo del Ejecutivo ha pasado por todos los estados: de la sorpresa inicial a la resignación, mezclado con un intento de liderar la respuesta europea que en el ámbito armamentístico llegó tarde y a remolque de sus socios europeos. Todo ello, en mitad de unas tensiones que se han multiplicado desde entonces entre PSOE y Unidas Podemos y, dentro del sector morado, de Yolanda Díaz con Ione Belarra e Irene Montero.
En dicha declaración institucional, Sánchez adoptó un tono grave, pero nada belicista. Señaló que la agresión era "injusta e injustificada" y que suponía una "violación de la legalidad internacional" por la que Vladimir Putin "no puede salir impune". Además, anunció que intentaría "socorrer" a Ucrania con "ayuda financiera, con solvencia económica, con importantes inversiones para proteger el bienestar del pueblo de Ucrania y también con material sanitario". Nada de armas.
No obstante, dos días después el envío de armamento comenzó a ser una realidad por parte de diferentes países europeos y en España empezó a surgir el debate. Sánchez lo cortó de raíz. En una entrevista, descartó el envío de armas letales a Ucrania de manera directa al activar Europa el Fondo para la Paz, bajo el que el continente destinó 450 millones de euros a "material ofensivo" y otros 50 millones, "para ayuda humanitaria". España es el cuarto país que más presupuesto destinó. Asimismo, Sánchez afirmó que su aportación se limitaría a ayuda humanitaria y a la provisión de material defensivo, como chalecos y cascos. Lo hizo tras la oposición de Unidas Podemos, socio de coalición, al envío de armas.
No obstante, apenas 48 horas después, Sánchez dio un volantazo y confirmó en el Congreso que España sí armaría directamente a Ucrania, lo que provocó tensiones ya no solo con los morados, sino dentro del socio minoritario de la coalición. Y es que, mientras Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, y Alberto Garzón, ministro de Consumo, sí apoyaron al presidente, Ione Belarra e Irene Montero, responsables de Asuntos Sociales e Igualdad, respectivamente, y las dos principales dirigentes de Podemos, criticaron la decisión.
Un 2% para Defensa
Eso sí, esa grieta, que coleó durante días, se hizo más pequeña cuando Sánchez se apropió del espíritu belicista al anunciar que, como España se comprometió con la OTAN, el Gobierno aumentaría progresivamente el gasto en Defensa, con la vista puesta en cumplir el objetivo del 2% del PIB, algo para lo que se debería casi duplicar el presupuesto actual hasta aproximadamente 24.000 millones de euros.
Desde Unidas Podemos señalaron entonces que "no hay ninguna necesidad, en este contexto de crisis", de elevar el presupuesto militar. "Lo que urge es proteger a la ciudadanía, los salarios, y que baje el precio de la factura eléctrica", planteó Aina Vidal, diputada morada.
Las reformas económicas, alejadas
Sin embargo, no todas las aristas derivadas de la guerra de Ucrania han sido armamentísticas o referidas al ámbito de la Defensa, puesto que el conflicto armado ha puesto en jaque a las economías europeas en general y la española en particular por la excesiva subida de los precios de la energía (gas, electricidad y carburantes).
La guerra ha traído consigo un temporal económico que es probable que suponga el retraso de las reformas económicas que tiene pendiente el Ejecutivo: ni peajes ni reforma fiscal, pese a que hace sólo tres semanas el comité de expertos que designó el Ministerio de Hacienda para este último aspecto presentó una propuesta en la que estuvieron meses trabajando.
Las medidas económicas que el PSOE defendió y defiende tomar ahora son las incluidas en el Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra. El Ejecutivo prevé aprobarlo el próximo martes, aunque todavía no ha detallado en demasía ninguna de las medidas que traerá consigo.
En este caso, PSOE y Unidas Podemos sí han ido de la mano, como ha demostrado la presencia de Díaz en las reuniones con los grupos parlamentarios que ha comandado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La tardanza en la concreción de la respuesta que prepara el Gobierno a la crisis económica, unida a la subida exponencial de los precios de los carburantes, ha elevado las tensiones en la calle y en los sectores productivos. Los primeros en tomar la iniciativa fueron los transportistas: parte de este colectivo mantiene desde hace diez días un paro en su actividad que está poniendo en jaque a otros sectores como el de la alimentación, el automóvil o la construcción, que ya alertan de posibles despidos y cierres por las pérdidas que les está ocasionando la crisis.
Las principales organizaciones empresariales, por su parte, acusan al Ejecutivo de "inacción" y le apremian para que adopte medidas contundentes ya, sin esperar al próximo martes.
El Gobierno insiste en el decreto que está elaborando para dentro de unos días y que, según promete, será muy amplio para ofrecer soluciones a todos los sectores afectados, pero la crispación sigue en aumento, también en la política, con toda la oposición y también socios de legislatura exigiendo respuestas.
Un liderazgo claro en la acogida de refugiados
Donde sí ha liderado España la respuesta europea ha sido en la acogida de refugiados, aunque no sin críticas de las autonomías por la "tardanza" en la elaboración de un plan nacional. Sánchez, al igual que Díaz, se ha mostrado desde el principio sensible ante la gran crisis humanitaria que se devengará de la guerra, con más de tres millones de refugiados.
En la actualidad, hay tres centros de acogida en Madrid, Alicante y Barcelona y se abrirá uno más en Málaga. Además, el presidente anunció al comienzo de la invasión la legalización de todos los ucranianos que viven en España, que cifró en unos 100.000 y se ha puesto en marcha una bolsa de familias de acogida para los refugiados.
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